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La compleja situación de comunidad indígena del Chocó en las calles de Medellín

Hay 781 indígenas desplazados por conflicto que esperan retornar. Preocupa vulneración de derechos.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se pronunció sobre el hecho. Foto: Jaime García / EL TIEMPO

PERIODISTA08.03.2023 18:53 Actualizado: 09.03.2023 07:48

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Lo que se denominó como ‘toma de la alcaldía’ por parte de la comunidad Emberá Katío de Alto Andágueda (Chocó) en Medellín es tan solo el detonante de una compleja problemática que viven los indígenas desde hace varios años en Medellín.

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El pasado 22 de febrero, 781 personas irrumpieron violentamente en los primeros pisos del Centro istrativo Alpujarra, en el centro de Medellín. Quebraron vidrios y vitrinas y se registraron enfrentamientos con el Esmad que dejaron un saldo de 8 personas heridas.

Su reclamo era claro: pedían que se les permitiera practicar la mendicidad como medio de subsistencia. También exigieron alojamiento y alimentación mientras se adelanta el proceso de retorno a su territorio que desde hace varios meses prepara la Unidad de Víctimas.

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En semanas anteriores, la alcaldía de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería Distrital y la Policía de Infancia y Adolescencia intensificaron los operativos en la calle 10 de El Poblado, el Parque Lleras, Provenza y el corredor de la carrera 70 para verificar la vulneración de derechos humanos de menores de edad que permanecían en condiciones de mendicidad.

La situación está tensa a las afueras de la alcaldía Foto:Jaiver Nieto

Registros de diferentes entidades y testimonios de los indígenas dan cuenta de que permanecen en Medellín, al menos, desde el 2014. A la capital de Antioquia llegaron desplazados huyendo del conflicto armado y las disputas territoriales de los grupos ilegales que operan en Bagadó, a unos 80 kilómetros al sur de Quibdó.

Sin embargo, fue en los últimos años que se hizo evidente su presencia en los principales sitios turísticos de Medellín, donde mujeres y niños se ubican en las aceras de las calles hasta altas horas de la noche para vender artesanías y practicar bailes de su cultura.

“Su desplazamiento ha sido de manera paulatina y otros han llegado recientemente. Se establecen en inquilinatos y empiezan a buscar diferentes formas de adquisición de los recursos económicos. Entre ellos, está la venta de artesanías, pero detrás de ello viene la mendicidad y, presuntamente, explotación sexual”, explicó Isabel Cristina Patiño, directora regional (e) del ICBF.

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Aunque se ha comentado de que se trata de redes de explotación y aprovechamiento de mujeres y niños por parte de caciques —afirmación que hizo el propio alcalde Daniel Quintero—, ni la Personería ni el ICBF han establecido en campo la veracidad de esas denuncias.

Lo que sí está claro para las entidades es que hay mucho dinero de por medio porque la mayoría de las limosnas que reciben mujeres y niños son en dólares.

Sin acuerdo

no se pueden dejar sin la madre los niños de brazos, hasta dos años, durante la maternidad, es algo cultural

Los indígenas, por su parte, aseguran que esta es una de sus formas de subsistencia y niegan que las mujeres sean obligadas por los caciques a salir a las calles.

“La mayoría de los hombres trabajan en construcciones. Algunos venden vive 100, confites y otros también se quedan en la casa tejiendo. A las mujeres indígenas no les gusta estar en la casa, les gusta rebuscar para sobrevivir. No podemos quedarnos quietos porque nos morimos de hambre”, señaló Rodrigo Vitucay, gobernador indígena.

El punto que ha causado la principal discordia entre la alcaldía de Medellín y la comunidad Emberá Katío es el hecho de que los menores de edad estén en la calle. Inicialmente, se acordó que los niños hasta 2 años podían permanecer con sus madres, los mayores deberán asistir a la ruta de atención institucionales en guarderías de Buen Comienzo y el ICBF e instituciones educativas de la ciudad.

Sin embargo, el alcalde Daniel Quintero rechazó esa disposición hace casi dos semanas y ordenó revisar ese punto. “No acepto ningún acuerdo en que los niños sean instrumentalizados, de ninguna manera. No puede haber menores utilizados para la mendicidad en la ciudad”, enfatizó.

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El gobernador Vitucay detalló que esa práctica se hace porque “no se pueden dejar sin la madre los niños de brazos, hasta dos años, durante la maternidad, es algo cultural”.

Mientras que la directora Patiño advirtió que, por código de infancia y adolescencia, “ellos no deben exponer a los niños a situación de riesgo”. Eso sí, la funcionaria aseveró que a la alcaldía se le asesoró en el sentido de que sí podían estar los menores de dos años para asegurar el derecho a la alimentación y la lactancia materna que es una cultura propia.

En la actualidad, el ICBF adelanta 24 procesos istrativos para el restablecimiento de derechos de menores de comunidades indígenas en toda Antioquia.

“Lo ideal es que estos niños, cuando llegan al instituto, se les restablezcan los derechos a la mayor brevedad para que no pierdan arraigo con su cultura que también eso se presenta”, mencionó la directora.

Y este fue uno de los puntos que también se discutió en los acuerdos, porque la comunidad aseguró que no van a regresar al territorio sin los niños que están en medidas de protección. Por eso, los defensores de familia analizarán las situaciones particulares y definirán si regresan al Chocó.

Retorno al territorio

La comunidad está siendo atendida en un coliseo de Medellín Foto:Unidad para las Víctimas

Los indígenas habitan en inquilinatos de Niquitao, Enciso, Chagualo y Prado, en el centro de Medellín. Allí pagan entre 25.000 y 35.000 pesos diarios por una habitación en la que duermen hasta 7 personas de una misma familia.

Cualquier disposición que se determine en cuanto a la mendicidad será por unas cuantas semanas. La Unidad de Víctimas adelanta las gestiones para garantizar un retorno seguro al territorio de las familias que desean regresar.

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“No es el primer retorno, son uno o dos que se han hecho. Pero el acompañamiento que se hizo fue en la primera etapa. Se verificó que hubiera voluntariedad y se les dio un paquete alimentario por determinado tiempo, pero no se llevaron medidas implementadas y a largo plazo”, indicó Claudia Vallejo, directora regional de la Unidad de Víctimas, sobre los retornos fallidos que se hicieron en el pasado.

Por esto, en las últimas semanas se ha avanzado en la caracterización de las familias en Medellín que se suman a las que están ubicadas en Bogotá, Manizales, Pereira y Cali, donde también habitan desplazados de Alto Andágueda. Lo que se busca es evaluar las necesidades de cada grupo familiar y determinar su voluntariedad de volver al territorio.

La Unidad de Víctimas tiene el objetivo de garantizar medidas reparadoras que permitan su permanencia en el lugar, aseguró Vallejo. De ahí que se vaya a brindar alimentación por un año mientras se avanza en proyectos productivos.

“Lo que queremos es llevar garantías de derechos. Eso es saneamiento básico y ambiental, vías y cumplir necesidades económicas de acuerdo a sus costumbres. Lo hacemos con toda la comunidad para que no haya un rompimiento del tejido social de la comunidad”, agregó la directora.

Eso sí, no todas las familias regresarán a Alto Andágueda. Unas 6 se van a quedar en Medellín porque eligieron la reubicación para reintegrarse a las actividades de la ciudad porque, de una u otra forma, tienen menores que nacieron acá y no tienen la lengua”, dijo Sonia Peña, líder del Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería Distrital.

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Con ellos se espera adelantar otro proceso para acoplarse a las dinámicas propias de la ciudad y evitar que la mendicidad con menores sean su medio de subsistencia.

“Hay que tener fe, yo sé que todo esto va a salir bien porque esta no es nuestra cultura, vivir de esta manera, con tanta fuerza pública y entidades. Así como vamos sé que algún día podremos ejercer procesos para vivir en paz en Colombia”, puntualizó el gobernador Vitucay.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @sebascarvajal28

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