Los crímenes de la población LBGTIQ+ en Medellín que vinculan a grupos ilegales

Una sola llamada al teléfono celular de Christian Esteban Gómez Patiño, contestada por un desconocido en una prendería de Medellín y colgada de inmediato, fue suficiente para que sus familiares se alertaran por su paradero.

De 33 años, diseñador y publicista, e integrante de la población LGBTIQ+, fue encontrado horas después por uniformados de la Policía Metropolitana asesinado en su cama, amarrado de pies y manos, y tapado con una sábana.

El hallazgo del joven, oriundo de Nariño, Pasto, pero radicado en la capital antioqueña, ocurrió en el sexto piso de una edificación de Belén Rosales, barriada de clase media- alta a la que ingresó con dos sujetos que salieron sin problemas, como lo registraron las cámaras de seguridad el pasado 3 de abril.

Este muchacho hace parte de las cinco personas de la población diversa que han sido asesinadas este año en Medellín. Después de él han sido encontrados, también en sus residencias, los cadáveres de Yeison Molina Triana, de 23 años y José Guillermo Londoño Vásquez, de 72 años.

Harley Córdoba Rodríguez, codirector DDHH de Alianza Social LGBTIQ de Antioquia, en diálogo con EL TIEMPO, contó que la vulneración de derechos hacia la población, especialmente las muertes violentas no cesan, siendo el año 2022 y los primeros meses del 2023 los más preocupantes.

Precisamente en esos meses, en el departamento de Antioquia se registraron 32 homicidios y feminicidios en población LGBTIQ+, siendo el Valle de Aburrá, la subregión con el mayor número de hechos.

Según datos de Caribe Afirmativo, entidad dedicada al reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual en Colombia, sólo en 2022 en el departamento fueron asesinados 11 hombres homosexuales, tres mujeres trans, dos hombres bisexuales, cuatro hombres trans, dos mujeres lesbianas y cuatro sin especificar. Además de tres casos de mujeres trans en El Bagre, Chigorodó y Rionegro.

“Podemos resaltar un incremento para el 2022 del 200% en las muertes violentas en su gran mayoría de hombres gais y para este 2023, con ocho casos en el Valle de Aburrá, se dio un incremento significativo, aunque hay que esperar el cierre de año”, dice Córdoba.

(Le recomendamos: La joven paisa que se atreve a conducir chiva por las trochas de Santa Fe de Antioquia)

Desde la Alianza Social dicen haber identificado que el crimen organizado tiene participación en los asesinatos. Sus integrantes, dicen desde la entidad, han focalizado su actuar en la población diversa y se aprovechan de sus dinámicas de relacionamiento, vida sexual, autonomía y formas de habitar el territorio.

“Eso lo hemos logrado identificar, focalizan hoy, los grupos ilegales, a hombres gais clase media-alta con capacidad adquisitiva por medio de aplicaciones de citas y los citan en el lugar con un fin sexual, pero a lo último terminan hurtándolos y extorsionándolos y, cuando hay resistencia a la extorsión, han acabado contra sus vidas”, comenta.

Otro de los fenómenos identificados son las muertes de los hombres adultos mayores que vivieron su orientación sexual en la clandestinidad, sostuvieron relaciones con hombres de forma oculta que los extorsionaron para no hacer pública su orientación.

Aseguran Córdoba que algunos accedieron por un tiempo a pagar sumas que podían llegar a los $500.000, pero al decidir interrumpir ese pago, “en algunos casos, estos mismos hombres jóvenes inmersos en la ilegalidad, aprovechan una cita sexual para acabar con la vida de este adulto”.

En información que ellos recopilaron, cuatro de las muertes violentas ocurridas en 2022 tuvieron esta modalidad.

Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, existe la posibilidad de que algunos casos de violencia estén relacionados a estos grupos.

“Existe una posibilidad de que las violencias contra personas LGBTIQ+ en algunos casos estén relacionados con grupos ilegales asentados en Medellín y en otros lugares del departamento de Antioquia. Es importante recordar que estos grupos tienen control territorial y social, y condicionan la estancia en el espacio público”, dice la directiva.

La participación de organizaciones ilegales fue confirmada por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, meses atrás, cuando en la ciudad apenas iban siete casos

“Es necesario que la ciudadanía sepa que dentro de esas estructuras están involucrados asesinos y personas vinculadas a organizaciones criminales que afectan los derechos de la ciudadanía”, recalcó Barbosa

Una de las mayores preocupaciones que hay entre la población diversa del departamento es la forma en que han sido encontrados los cuerpos por las autoridades: Manos y pies amarrados, múltiples heridas con armas blancas y muerte por asfixia mecánica. Estos se han convertido en el modo de operar de los victimarios.

Así sucedió con Andrés Felipe Arboleda Mejía, de 26 años, en el corregimiento La Tablaza, en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, en marzo del año pasado. Su cuerpo fue encontrado cerca de una quebrada con 90 puñaladas, de las cuales 15 fueron en el cuello.

“Cuando el cuerpo ya había muerto, según el peritaje de Medicina Legal, en la puñalada número 16, su victimario decide seguir lacerando su cuerpo y dañándole, en especial su rostro, porque era un hombre muy bello (...) Se vuelve la forma de asesinar a los hombres un discurso de miedo y de segregación social. Eso nos preocupa muchos”, acota el codirector DDHH.

Por este caso la Fiscalía imputó cargos a Duván Andrés Patiño Zapata quien, como quedó consignado en la audiencia, rechazaba la orientación sexual de la víctima.

(Puede interesarle: La apuesta de EPM por piloto de hidrógeno verde en planta de tratamiento Aguas Claras)

Así lo dijo la fiscal del caso: “Motivado por un sentimiento de discriminación y rechazo hacia la homosexualidad, que se considera un prejuicio. Enojado por recibir propuestas sexuales por parte del señor Andrés Felipe Arboleda se enfrascó en una riña con éste. Tomó un arma cortopunzante y le causó 90 puñaladas”.

Patiño Zapata no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria.

Dice Castañeda que este tipo de actuaciones obedecen a “querer corregir lo desviado” y “puede buscar es un mensaje simbólico que alimentan en la sociedad la idea de eliminar lo indeseado, causando expresiones de pánico colectivo o violencia expresiva”.

Cuando en Medellín comenzaron a ser recurrentes los asesinatos de personas diversas, delito de alto impacto, la Alcaldía anunció el pago de recompensas para esclarecer los hechos.

Para el caso de homicidios y feminicidios de población LGBTIQ+, comenzó con un monto de hasta $40.000.000 que, con el pasar de los días y al incremento de casos, se decidió pasar a los $80.000.000. Para este 2023 la recompensa ascendió hasta los $200.000.000.

Consultada la Secretaría de Seguridad sobre lo efectiva de la estrategia que está enfocada en la investigación, esclarecimiento y prevención de los casos, señaló Leonardo Buitrago, subsecretario operativo, que de los cinco casos priorizados por la Fiscalía y por la Policía, “uno ya está esclarecido, dos con factor de éxito y continuamos con las investigaciones”.

Al indagar sobre el término “factor de éxito” explicaron que la investigación realizada por las autoridades judiciales tiene materiales de prueba suficientes para determinar móviles y posibles autores.

En el departamento de Antioquia, las garantías para la población trans han estado reducidas. Durante el 2022, el Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo reportó el asesinato de una mujer trans en El Bagre por su identidad de género, pero en los diez municipios del Valle de Aburrá, registraron asesinatos y agresiones físicas.

Uno de los casos más reprochables y que el país conoció, ocurrió el 25 de junio de 2022 en el barrio Prado Centro, en Medellín, donde tres hombres agredieron a una mujer trans con correas y cadenas en la calle. Los golpes causaron daños a sus partes íntimas y en sus ojos.

Garantías para esa población, históricamente vulnerada y discriminada, será el lema de la movilización que se realizará el próximo 2 de julio en el Pride Medellín.

Se espera la participación de entre 90.000 y 100.000 personas que saldrán desde las inmediaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid para llegar al parque de Las Luces, Centro de la ciudad.

(Siga leyendo: La respuesta de Federico Gutiérrez a serie sobre la mafia que lleva su foto)

La celebración de la diversidad y los derechos, será la antesala de un proyecto de ley que se presentará el 20 de julio en el Congreso de la República. Se trata de la ‘Ley Trans Integral Ya’, propuesta que busca transformar y dar garantías de vida a las identidades trans y no binarias en el país.

Está encaminada a garantías de vida, a la salud, al sistema laboral y a una vivienda digna.

LAURA ROSA JIMÉNEZ 

REDACTORA EL TIEMPO 

MEDELLÍN