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¿Está funcionando el toque de queda de menores en Medellín?
La medida ha sido cuestionada por la Personería. Estos son los datos revelados por las autoridades.
Prostitución en el parque Lleras, en El Poblado, Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO
Desde agosto de este año comenzó a regir en Medellín un toque de queda para menores de edad, reglamentado a través del Decreto 0497 de 2022 firmado por el alcalde Daniel Quintero, y que rige en sectores El Poblado, el corredor vial de La 33, el corredor de La 70 y el Centro de la ciudad.
La restricción, que aplica de 7 p. m. a 5 a. m. se da en sitios puntuales donde se ha notado la presencia de menores en estado de vulneración. Esta medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
En ese tiempo, cifras de la Policía Metropolitana del Valle Aburrá indican que un total de 142 niños, niñas y adolescentes han sido dejados en protección por no acatar esta restricción.
De estos, tres casos han sido de menores entre 1 y 5 años, 46 casos de infantes entre 6 y 13 años, y 93 casos de adolescentes entre 14 y 17 años.
Sin embargo, para la Personería Distrital de Medellín, esta medida no estaría siendo efectiva y aseguran que por cada menor de edad restablecido en sus derechos es posible que alrededor de tres continúen en estado de vulneración.
La agencia del Ministerio Público indicó que, en lo que va del 2022, el Observatorio de Turismo ha realizado alrededor de siete recorridos por la zona rosa de El Poblado, registrando la constante presencia de menores de edad en horas de la noche.
De acuerdo con la Personería, datos entregados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia indican que se han realizado 2.982 registros personales, de las cuales se han solicitado antecedentes a 1.636.
Así mismo, se han impuesto 140 comparendos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se han realizado ocho restablecimientos de derechos a menores de edad, la incautación de 74 armas blancas, 329 comparendos por Código Nacional de Tránsito, 110 motocicletas inmovilizadas y 115 vehículos inmovilizados.
El recorrido se hizo en el parque Lleras, El Poblado y Provenza. Foto:Defensoría del Pueblo
“Llama la atención que solo se hayan hecho restablecimiento de derechos a ocho menores de edad, cuando en los recorridos que se han realizado de esta agencia del Ministerio Público en territorio, se ha evidenciado un registro masivo de menores de edad expuestos en esas zonas de la ciudad. Es evidente que se presenta un subregistro, pues por cada niño que se le restablecen sus derechos, es posible que por lo menos tres permanecen con sus derechos vulnerados, sumándose a esto, que en su mayoría, son menores pertenecientes a grupos indígenas”, manifestó Carlos Calle, Líder del Observatorio de Turismo de la Personería distrital. La entidad criticó, además, que aún no se recibe información de fondo sobre resultados de este toque de queda en otras zonas.
“Instamos a la institucionalidad a implementar medidas más efectivas para el restablecimiento de los menores de edad y a implementar mecanismos que permitan conocer de manera real el subregistro de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescente) presentado en estas zonas de la ciudad”, agregó el funcionario.
Daniel Quintero, alcalde de Medellín, ha indicado en reiteradas ocasiones que la inversión para mitigar la problemática es elevada.
“El mensaje es muy claro: vamos a recuperar el Parque Lleras. En este momento tenemos una inversión, además, de $10.000 millones y queremos entregarlo totalmente transformado. Adicionalmente, entra una intervención artística de la APP y un esquema de seguridad con una zona blindada que va a hacer casi imposible que se cometa un delito. No solo se trata del Lleras, se trata de todas las zonas donde hemos detectado que hay abuso o explotación infantil. No importa si la persona es indígena, si hay un niño explotado le serán restaurados sus derechos”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.
Los menores fueron llevados a la Comisaría de Familia. Foto:Cortesía Alcaldía de Medellín
Una medida cuestionada
Por su parte, Iván Muñoz,docente de la Universidad de Antioquia con más de 10 años estudiando la ESCNNA y quien hace parte de la Mesa Intersectorial para la Prevención y la Atención de la Explotación Sexual Comercial Infantil de Medellín, contó su opinión sobre esta medida.
“A nosotros desde que se instauró la medida la vimos como inconveniente. En primer lugar, la medida es una reacción mediática a un trino sobre ver a Medellín como un gran burdel a cielo abierto y no fue tomada tras realizar un análisis concienzudo de la problemática”, indicó el experto.
Asimismo, agregó que es una medida “cosmética”, es decir que puede tener eficacia ante la opinión pública, “pero de ninguna manera ataca de forma profunda la raíz y los determinantes sociales y estructurales que llevan a que territorios de la ciudad se conviertan en escenarios de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y población LBTIQ+”.
La medida es una reacción mediática a un trino sobre ver a Medellín como un gran burdel a cielo abierto
Otro de los problemas de esta medida, según el experto, es que deja en la opinión pública la idea de que las personas culpables de la explotación son los niños, niñas y adolescentes, a quienes hay que alejar y encerrar, y no a los perpetradores de las violencias, por lo que es una medida contradictoria y que envía un mensaje equivocado.
“En este orden de ideas, este mensaje y/o responsabilidad se le delega a la familia, que no evita o prohíbe que los hijos salgan de la casa, entonces son vulneradoras dejando invisibles a quienes manejan estas redes y a los turistas vienen con fines de explotación sexual a nuestros niños, niñas y adolescentes”, opinó Muñoz.
Agregó el docente que en algunos círculos donde se trata esta problemática concuerdan en que la medida ha sido de difícil implementación debido a que las unidades de Policía son muy escasas.