Así fue el agitado año 2021 que vivió el proyecto Hidroituango

El 2021 estuvo lleno de acontecimientos sobre el proyecto Hidroeléctrico Ituango, que coparon muchos titulares y que dejaron grandes precedentes en el proyecto y el país.

Pero todo comenzó en agosto de 2020, cuando renunció toda la junta de EPM, tras el anuncio de la demanda a los constructores, interventores y aseguradoras, sin ser consultados. En ese mismo mes, la empresa recibió el segundo pago de Mapfre, por US$ 100 millones.

(Vea aquí: Los personajes y hechos del año)

Para este año, EPM demanda y se inicia una puja entre el alcalde de Medellín y contratistas.

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El 21 de abril, luego de haber imputado cargos, en diciembre de 2020, a 19 exfuncionarios y funcionarios por un presunto detrimento de más de 4 billones de pesos por las irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto Hidroituango, la Contraloría General de la República ordenó embargar las cuentas de uno de los contratistas encargado de diseño y asesoría: la empresa Integral S. A.

Iba avanzando el año y ocurrían más hechos relacionados con el proyecto. El 8 de julio y cuando Aníbal Gaviria enfrentaba su proceso judicial, su reemplazo, Luis Fernando Suárez, informó que tanto la gobernación de Antioquia, como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), estaban dispuestos en venderle a EPM su participación accionaria de Hidroituango.

Lo anterior, a cambio de una participación directa del ente territorial en la empresa de servicios públicos, buscando evitar "un prolongado y perjudicial" conflicto judicial entre las principales instituciones públicas de la región. Esto porque el Idea es propietario del 50,74 por ciento de la Sociedad Hidroituango, la Gobernación es propietaria del 2,14, para un total del 52,88; y EPM es el dueño del 46 por ciento de la participación. La propuesta no pelechó.

Apenas seis días después, Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, reveló que el valor total del proyecto Hidroituango sería de $ 18,3 millones y no 16,1 billones, como se tenía entendido a ese momento. “Tenemos la capacidad de cumplir con esta inversión. Este proyecto se va a terminar", sentenció Carrillo.

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El 27 de agosto se instaló la audiencia para la selección de árbitros para conformar el Tribunal de Arbitramento que conocerá de los procesos que adelanta la Sociedad Hidroituango en contra de EPM. Esta se reanudó el 3 de septiembre, designando a los tres árbitros principales: Ruth Estella Correa Palacio, exministra de Justicia y exconsejera de Estado; Jaime Humberto Tobar Ordoñez, docente universitario y conjuez del Consejo de Estado, y José Alejandro Bonivento, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exconsejero de Estado.

Las demandas que dan origen al Tribunal de Arbitramento se sustentan en el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato BOOMT, a partir de la contingencia presentada en las obras principales del proyecto Hidroituango el 28 de abril de 2018.

Tras casi dos años de investigaciones, el pasado 7 de septiembre la Contraloría General emitió un fallo de responsabilidad fiscal en contra de 26 personas –17 personas naturales y 9 sociedades–, por más de 4,3 billones de pesos por irregularidades en Hidroituango.

En este, solo dos personas fueron absueltas: el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y Jorge Mario Pérez Gallón, miembro suplente en la junta directiva del proyecto.

Un mes después se dio a conocer que a pesar de que los embalses están en niveles del 84 % y que se prevé que el 2022 sea un año neutral con precios favorables para la compra de energía en bolsa (este año su costo está 47 % por debajo de todo el 2020 con 160,27 pesos el kilovatio), los grandes consumidores del país ya comenzaron a tener dificultades para contratar energía para los próximos tres años.

Lo anterior debido a que por factores de gran relevancia como el atraso en la entrada en operación de la central hidroeléctrica Ituango y la demora que vienen sufriendo los proyectos de energía renovable adjudicados en 2019, se están comenzando a ver fuertes presiones al alza en los precios de los contratos de energía que están cotizando con los comercializadores.

El fallo de la Contraloría generó incertidumbre sobre quién terminaría las obras de Hidroituango, pues si la Contraloría dejaba en firme el fallo, esto los inhabilitaba para ejercer cargos públicos y ejecutar obras con presupuesto público.

Por ello, el pasado 26 de octubre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que EPM abriría un nuevo proceso de licitación que permitiría contratar a una nueva compañía que termine la obra de Hidroituango.

El mandatario informó que el día anterior, en el Consejo de Gobierno se aprobaron vigencias futuras por 1,1 billones de pesos con ese propósito y así estar preparados en caso de que los actuales constructores, el Consorcio CCC Ituango, no cedan el contrato.

Dos días después, se conoció públicamente que EPM y el Consorcio CCC Ituango, constructor de Hidroituango, se sentaron a conversar y llegaron a un principio de acuerdo para renovar el contrato de la obra.

Pese a esta prórroga, en su momento el gerente de la empresa de servicios públicos informó que la compañía continuaría con la intención de abrir una licitación para encontrar una empresa que termine la hidroeléctica ubicada en Antioquia, la cual promete darle 17 por ciento de la energía al país.

Iniciaba el mes de noviembre y se conocieron otros hechos relacionados con este proyecto. Esta vez fue porque la empresa Conconcreto, que hace parte del consorcio CCC Ituango, denunció penalmente al alcalde Daniel Quintero, por pánico económico.

De acuerdo con la denuncia, las declaraciones que ha dado Quintero en contra de la firma influyó directamente en el valor de las acciones, razón por la cual se hizo la demanda.

Esta denuncia se suma a la hecha la semana pasada (28 de noviembre), en la cual a través de acciones individuales, las constructoras Conconcreto S.A., Coninsa Ramón H. S.A. y Construções e Comercio Camargo Correa S.A., esta última de Brasil, instauraron una demanda penal, por injuria y calumnia, contra Quintero.

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Mientras tanto, EPM informó en ese mes que ninguna compañía de seguros accedió a proporcionar la póliza Todo Riesgo Construcción para el proyecto hidroeléctrico Ituango, por lo que estableció un fondo de autoseguros de USD 23 millones.

Según la compañía, este monto le permite, dentro de sus estimaciones estadísticas, gestionar la mayoría de las eventualidades asegurables que puedan afectar el desarrollo del Proyecto.

Volviendo al alcalde, para el 9 de noviembre, la Procuraduría Regional de Antioquia negó la recusación que había solicitado Santiago García Cadavid, representante legal del Consorcio CCC ltuango en el mes de octubre, contra el alcalde Daniel Quintero Calle.

En este recurso, García pedía que el mandatario no tuviera tutela sobre EPM en Hidroituango, para la toma de decisiones "en lo que tenga que ver con la forma de ejecutar las actividades de construcción de presa, central y obras asociadas”.

El pasado 12 de noviembre arrancaron los trabajos subacuáticos, considerados como una de las maniobras de ingeniería más complejas en la mitigación de los riesgos en el proyecto.

Según informó EPM, estos trabajos subacuáticos consisten en la exploración del estado de las captaciones 1 a la 4, estructuras por donde ingresará el agua del embalse hasta las turbinas en la casa de máquinas para la generación de energía eléctrica.

Los líos jurídicos relacionados con Hidroituango continuaban mientras las obras del megaproyecto avanzan.El 18 de noviembre se dio a conocer que una jueza de Familia de Oralidad de Bogotá itió una tutela interpuesta por Conconcreto y Coninsa Ramón H.

Allí, estas dos de las tres constructoras del megaproyecto pidieron suspender de manera inmediata y temporal el proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría adelantaba por el caso.

El 25 de noviembre se divulgó que, por no iniciar la operación del Proyecto Hidroituango en la fecha acordada, la Superintendencia de Servicios le impuso una millonaria multa a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), según lo acaba de comunicar al mercado, a través de la Superintendencia Financiera la compañía. La multa asciende a más de 1.817 millones de pesos, por los retrasos vistos en el inicio de la operación de la hidroeléctrica, lo cual estaba previsto para el 1.° de diciembre del 2018.

Diversos medios de comunicación revelaron el mismo día que Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los constructores e Hidroituango, el Consorcio CCC Ituango, habían llegado a un preacuerdo para prorrogar el contrato de construcción de la Megaobra. Este plazo buscaba ser renovado por ocho meses.

Pero un día después, la Contraloría confirmó la responsabilidad fiscal de las 26 personas, entre naturales y jurídicas, que había señalado en primera instancia, por la "destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de 3,1 billones de pesos" y por "un lucro cesante de 1,1 billones", por lo cual el monto del fallo es de 4,3 billones de pesos.

EPM ha calculado que las pérdidas actualizadas están por los $9,9 billones, por lo que la demanda presentada contra los constructores en 2020 seguirá en pie para recuperar $5,6 billones por los daños que no cubren las aseguradoras.

Menos de un mes después de que la Contraloría General de la República ratificó en segunda instancia el fallo fiscal por 4,3 billones de pesos por la pérdida de dineros públicos en el proyecto Hidroituango, este viernes se firmó el acuerdo de pago de una de las aseguradoras.

Empezó diciembre y con ello, también se conocieron otras noticias sobre las repercusiones de este fallo. EPM informó el primer día del mes que ante la incertidumbre generada por el fallo de segunda instancia de la Contraloría, acordó junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "un esquema de pago voluntario anticipado" por el valor de toda su deuda, es decir 450 millones de dólares (unos 1,7 billones de pesos colombianos).

Esto porque en septiembre pasado se conoció el ultimátum que dio el BID al advertir que si el proyecto de Hidroituango no generaba energía en junio de 2022, como está previsto, EPM debía pagar el total de la deuda.

Menos de un mes después de que la Contraloría General de la República ratificó en segunda instancia el fallo fiscal por 4,3 billones de pesos por la pérdida de dineros públicos en el proyecto Hidroituango, el viernes 10 de diciembre se firmó el acuerdo de pago de una de las aseguradoras.

Esto tras una reunión en Bogotá entre el Contralor General, Felipe Córdoba; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo y los representantes de las aseguradoras Mapfre y SURA.

A más tardar, el 31 de enero del 2022, la compañía Mapfre Seguros terminará de pagar los 3,9 billones de pesos (983,8 millones de dólares) como parte de la indemnización por la contingencia ocurrida en el 2018. Así quedó estipulado con la firma del acuerdo de transacción definitivo con la aseguradora que expidió la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje de este megraproyecto.

o obstante este importante avance e la recuperación de recursos, aún queda por definir quién terminará las obras de este proyecto.

Los contratistas terminan contrato este 31 de diciembre y aún no firman una prórroga de este. Si bien el proyecto recibirá importantes recursos, el embrollo está en quién será el que termine las obras.

Este monto equivale al 90 % del daño patrimonial que determinó la CGR ($ 4,3 billones).

Sobre la importancia de contar con estos recursos, el gerente Carrillo expresó que es una buena noticia para todos, teniendo en cuenta que el proyecto pasó de 11,4 a 18,3 billones de pesos, valor que ha sido asumido por EPM.

"Son recursos de EPM y tienen que volver a la empresa. Estos recursos llegan con destinación para el proyecto Hidroituango. ¿Qué viene?, se esperan desembolsos similares por parte de otras tres aseguradores para tener mayor certidumbre sobre la inhabilidad de los contratistas del proyecto y para generarle flujo de caja a EPM", expresó el directivo.

Asimismo, aseguró que esta noticia permite que Hidroituango tenga en julio del 2022 en funcionamiento la primera unidad y en noviembre del 2022 de la segunda.

El avance general de la obra es superior al 86 por ciento.

MEDELLÍN