Cartagena tiene un año para recuperar espacio público invadido por Aquarela

La mayor carta del Distrito de Cartagena para echar abajo la polémica Torre de 'Aquarela', la constituyen 619.5 metros cuadrados de espacio público que invade la mole de 31 pisos, ubicada a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, la joya patrimonial de Cartagena.

Para ello, la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd) firmaron un acta de inicio del convenio para definir la forma cómo se hará la restitución del espacio público de Aquarela.

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"Una vez se tuvo el concepto técnico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) que señala que la resolución de la Inspección de Policía y de la Secretaría del Interior ya cumplió el plazo y que la única acción que procede es demoler, tal como lo establece el artículo 194 del Código Nacional Policía y Convivencia Ciudadana", señaló el alcalde de la ciudad, William Dau.

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Los constructores señalan que han estado dispuestos a restituir los 619.5 metros cuadrados a través de una perfilación del edificio. Aseguran que esto sería técnicamente factible, y por ello la constructora solicitó cambios en la licencia inicial, pero fue negada por el Distrito.

“El fallo policivo que señala que la construcción invade espacio público fue demandado por la constructora porque se omitieron los estudios del Instituto Colombiano Agustín Codazzi que dan cuenta de que la obra se construyó conforme a la licencia, aprobada por las entidades de ley”, señala GIlma Úsuga, vocera de la constructora.

Según la vocera, en diciembre del 2020 el Tribunal istrativo de Bolívar emitió un fallo en el cual anota que no existen fundamentos técnicos que señalen de que la obra representa un riesgo para los habitantes del barrio Torices y en general para los cartageneros.

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“Cualquier intervención en el proyecto sería claramente antijurídica”, dice Úsuga.

Según la constructora, hoy es el Distrito de Cartagena el llamado a responder por las afectaciones que se han causado tanto a los constructores de ‘Aquarela’ como a cientos de familias que invirtieron sus ahorros en un proyecto debidamente licenciado.

La Constructora sigue adelante con una demanda de reparación directa contra el estado colombiano por este caso.

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