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Cultivos de coca en el Catatumbo: entre la tensión y pocas soluciones
Informe de la ONU reveló que en esa zona hubo un aumento del 24,1 % en estos cultivos durante 2019.
Confrontaciones entre campesinos cultivadores de coca y fuerza pública han cobrado la vida de dos personas. Foto: Cortesía
La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido una zona históricamente golpeada por la violencia. Su condición fronteriza la convierte en un territorio propicio para que el ciclo de siembra, producción y tráfico de cultivos ilícitos se ejecute sin mayores contratiempos.
De acuerdo con el informe publicado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno Nacional, el segundo departamento más afectado por cultivos de coca es Norte de Santander, con un aumento del 24,1 % en 2019.
Esta cifra ha generado alerta en los once municipios que hacen parte del Catatumbo, donde campesinos y cultivadores de coca temen que se siga incrementando el pie de fuerza y la erradicación en sus propiedades.
La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) ha rechazado enfáticamente el incumplimiento del programa de sustitución voluntaria en el Catatumbo; señalan que la erradicación forzada ha aumentado los problemas y no brinda soluciones ante el flagelo de las drogas ilícitas.
“Este informe refleja que en Norte de Santander están sentadas las bases para que los campesinos tengan que seguir viviendo de los cultivos de uso ilícito”, indicó Holmer Pérez, directivo de Ascamcat.
Para Pérez, el Gobierno Nacional les ha incumplido a las familias que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) en El Catatumbo.
"Los campesinos deben ser reconocidos como sujetos de derechos, por décadas hemos cargado el peso de la guerra. El Catatumbo no es solo coca, produce alimentos que en este momento se están perdiendo", agregó.
Desde el inicio de la cuarentena y tras la declaratoria de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional intensificó los operativos de erradicación forzada en el municipio de Sardinata y el área rural de Cúcuta, donde se han presentado confrontaciones entre las comunidades y el Ejército Nacional, que han cobrado la vida de dos campesinos.
Las comunidades señalan que la hoja de coca es la única fuente de ingreso y advierten que la concentración de militares y erradicadores en la región, representa una violación al punto cuatro del proceso de paz y el acuerdo de sustitución voluntaria firmado en septiembre de 2017.
En lo corrido del año van tres líderes asesinados en el Catatumbo. Los homicidios tendrían su génesis en la erradicación de cultivos ilícitos.
Juan Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander, lamentó las cifras que posicionan al departamento como el segundo territorio con más hectáreas de coca.
“Lastimosamente Norte de Santander registra un aumento del 24% en hectáreas sembradas de cultivo de coca. Es lamentable que el departamento alcance esta cifra y solo tenemos 3.000 familias vinculadas al PNIS, que equivale a un 3 por ciento de las familias que se han comprometido a sustituir voluntariamente los cultivos en todo el país”, indicó Corzo.
En la región hay 3.000 familias vinculadas al programa de sustitución de cultivos. Foto:Cortesía
El funcionario manifestó que la Gobernación de Norte de Santander adelanta la formulación de un programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos. “Es un proyecto que da garantías y seguridad a los campesinos, para que por fin veamos de forma voluntaria a la población campesina dando un paso de la ilegalidad a la legalidad”, sentenció.
Las autoridades en Norte de Santander han solicitado al Gobierno Nacional, la suspensión de los procesos de erradicación forzada en el departamento, debido a la problemática que padecen las comunidades campesinas.