Alcalde de Cartagena confirma que apelarán fallo que ordena demoler 'Aquarela'

El alcalde de Cartagena, William Dau, confirmó la información entregada en exclusiva por EL TIEMPO que da cuenta que desde su despacho apelarán el fallo que ordena la demolición de la Torre de Aquarela, que amenaza la declaratoria patrimonial de la ciudad.

"El fallo no tuvo en cuenta el acuerdo tripartita que hemos venido estableciendo el Ministerio de Cultura, el Distrito y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD- para buscar la mejor manera de demoler la torre", le dijo a EL TIEMPO el mandatario cartagenero, que no obstante reconoce que el fallo tiene elementos clave que serán base para la protección jurídica del patrimonio de Cartagena.

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El juzgado décimo segundo istrativo oral del circuito de Cartagena ordenó, el pasado 31 de marzo, al Distrito y a la Promotora Calle 47 S. A. S. (constructora del proyecto) que —en un término máximo de tres meses y asumiendo de manera solidaria y proporcional los costos financieros que se generen— realicen los estudios técnicos y gestiones istrativas necesarias que permitan establecer métodos y técnicas más adecuados y seguros para la demolición total de la edificación.

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Esta sentencia es la respuesta del juzgado cartagenero a una Acción Popular elevada por el Ministerio de Cultura contra el Distrito, la constructora y la curaduría urbana número uno, que otorgó las licencias al proyecto.

El fallo busca ante todo la defensa de Cartagena de Indias, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en el año de 1984, por su invaluable valor arquitectónico e histórico, por sus innumerables bienes inmuebles y su entorno amurallado y de fortificaciones, que constituyen elemento preponderante del patrimonio cultural de la nación.

Sin embargo, el Distrito apelará el fallo porque, entre otros, impone la mayor responsabilidad para la demolición de la torre en la ciudad y no en la nación, desde donde se dede promulgar la protección del patrimonio.

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La sentencia ordená que sea la ciudad la que debería pagar la totalidad de la demolición de la mole, la cual, según expertos, no puede hacerse por implosión, por tratarse de una zona residencial con el Castillo de San Felipe de Barajas, joya del patrimonio nacional, ubicado a una cuadra. Además, la lluvia de millonarias demandas de los frustrados compradores que recaerían solamente sobre el Distrito.

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El equipo jurídico que representa a Promotora Calle 47 SAS radicó en las últimas horas ante el juzgado décimo segundo istrativo de Cartagena un recurso de apelación en contra del mencionado fallo proferido por este mismo juzgado.

Los abogados de la constructora plantean la inexistencia de una vulneración y amenaza a derechos colectivos- como lo manifiesta en uno de los  apartes el texto de la jurisprudencia-.

Según la constructora, "las decisiones adoptadas en el proceso policivo que ordena a la constructora la restitución de 619.5 metros de espacio público se encuentran falsamente motivadas, por lo que ese fallo se encuentra demandado y en adición, la ocupación de espacio público no fue objeto de debate en este proceso (Acción Popular)".

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En el recurso de apelación la constructora también se señala una supuesta "actuación negligente por parte del Ministerio de Cultura en la protección del patrimonio cultural de la Nación, al haber expedido de manera tardía el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del cordón amurallado de Cartagena, presentado varios después del licenciamiento del proyecto habitacional, y haber intentado ocultar su falla con posterioridad al desarrollo del proyecto Aquarela".

El proyecto 'Aquarela' está ubicado en el barrio Torices y constaría de cinco torres con una altura máxima de 32 pisos de altura. El referido conjunto urbanístico se proyecta en inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas, y "por sus volúmenes y alturas impacta en forma agresiva con el bien de interés cultural precitado y su entorno, vulnerando los derechos colectivos cuya protección se solicita", subraya en uno de los apartes La Sentencia.

John Montaño 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena