Autoridades indígenas envían desgarradora carta a disidencias: cuestionan voluntad de paz

“Cuando empezamos a escribir esta carta, decidimos enviarla porque consideramos que si ustedes son una continuidad de las antiguas FARC, estarían en el deber de establecer una línea de mando con capacidad de clarificar situaciones. Sin importar que ahora digan que el llamado bloque occidental está por fuera de la estructura del Estado Mayor Central, no se les puede eximir de la responsabilidad por los graves hechos ocurridos en el norte del Cauca”.

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En la extensa misiva dirigida alias ‘Andrés Patiño’ y también a los frentes ‘Dagoberto Ramos’, ‘Carlos Patiño’ y ‘Jaime Martínez’, señalan la tristeza y dolor que sienten las autoridades nasa “por los crímenes cometidos por la organización”.

“Creemos necesario hacer constar las graves violaciones a nuestros derechos que son de su conocimiento, pero que han sido imposible detener por la degradación de su organización por traicionar la lucha revolucionaria, incluyendo el asesinato de mujeres desarmadas como la mayora Carmelina Yule, igual o más infame que instalar explosivos contra los Kiwe Thegnas”, agrega la organización.

De igual forma, indicaron que una guerra “solo por guerrear” es inviable, pues implica en el concepto de este colectivo perder vidas sin sentido.

“No creemos en convertir las armas en una moda y mucho menos en usarlas contra la gente, pues lo más seguro es que eso se revierta y la fuerza del pueblo sea mayor que su miedo”, agregó la asociación indígena, que se desmarcó de cualquier acción violenta.

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“Nuestra pregunta es sincera, ya que no vemos claro el horizonte de su organización. Lo que vemos, en cambio, es una serie de atrocidades contrarias al legado de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, que ustedes proclaman”, dice la misiva.

La asociación denunció que en los últimos cuatro años, en el norte del Cauca se han presentado 374 asesinatos de autoridades y comunidades indígenas y ataques explosivos a 42 ciudadanos más; además de 214 hostigamientos a casas y escuelas.

A lo que se suman 225 amenazas de muerte a de estas comunidades Nasa y 112 más de forma indiscriminadas; 25 desapariciones forzadas y 785 menores de edad reclutados. En total, según indicaron, se han registrado 1.777 acciones contra la población, en cifras que han generado alarma entre las organizaciones no gubernamentales, y que representan el 81% de los ataques a estas comunidades.

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En contraste, la asociación afirmó solo 298 enfrentamientos con tropas del Ejército y la Policía se ha registrado en el mismo periodo, y tuvieron lugar en tres municipios: Corinto, Toribío y Caloto. Esto sin contar los hechos en los que no se pudo determinar algún tipo de responsabilidad, en un panorama en el que acusaron a las disidencias de querer destruir un proceso social de más medio siglo en el Cauca.

“Son cifras que indican que las acciones contra el pueblo durante su dirigencia superan por siete las adelantadas contra el Estado. Más allá de lo miserable y contradictorio que resultan estos datos, a cualquiera le queda muy claro que el enemigo de ustedes dejó de ser el Estado, o el régimen político, o la oligarquía, o los ricos, lo que una fuerza revolucionaria podría entender como enemigo”.

“Así las cosas, es evidente que lo principal de su estrategia está dirigido contra la gente, contra nuestra organización indígena y nuestros gobiernos locales, autoridades espirituales, Kiwe Thegnas, comuneras, menores de edad, sedes de los gobiernos indígenas, escuelas y colegios. Según su accionar, ese es el enemigo contra el cual apuntan sus armas”.

En la carta publicada en redes sociales también criticaron la participación del Estado Mayor Central en el proceso de paz con el Gobierno Nacional, pues mientras se mantuvieron activos los diálogos hablaron de un interés de esta fuerza insurgente de obtener rentas de la comercialización de drogas, además de otras actividades ilegales que tienen directa injerencia en la cotidianidad de estos resguardos.


“Estamos de acuerdo con el presidente Petro en que hay que terminar la guerra porque solo le sirve a los más ricos y poderosos, que para eso hay que hablar y llegar a acuerdos con los actores armados, que lo principal son las transformaciones socioeconómicas, políticas y no sólo desarmar unos cuantos frentes, que esos cambios hay que acordarlos con la sociedad y no solo con los ejércitos enfrentados, y que ir haciéndolos ya, porque son cambios tan elementales que un Estado decente debería llevarlos a cabo sin que lo presiones los grupos armados”, precisó la asociación en su comunicación.

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“Aunque son preguntas ingenuas o repetitivas, nuestra gente insiste: ¿De verdad van a firmar un acuerdo para terminar el conflicto? ¿Están dispuestos a dejar que las economías de la marihuana y la coca sean reguladas por las propias comunidades cuando eso sea reglamentado próximamente en el país?”, fueron algunos de los interrogantes que relacionaron en la carta.

“¿Ustedes se imaginan discutiendo sin armas, en las asambleas comunitarias, las propuestas para mejorar las condiciones de vida de la gente, y acatar la decisión de la asamblea?”.

“Lo preguntamos porque no hemos escuchado por parte de la gente del EMC que está en la región ninguna propuesta para resolver los problemas que tenemos en las comunidades. Por acá estuvo Jhonier, y algo le escuchamos antes de que lo mataran- en el sentido de que tenían un programa político y que seguían defendiendo las ideas de Manuel Marulanda. Pero después de eso no pasó nada. Alguna gente dijo que a Jhonier lo habían matado precisamente porque quería promover un programa político y quería distanciar a la Dagoberto Ramos del narcotráfico. Ustedes sabrán más de eso que nosotros”.

“No entendemos por qué firmaron esos compromisos si no estaban dispuestos a cambiar el comportamiento de su gente armada”, se leyó en la misiva, en la que denunciaron cómo se estarían haciendo maniobras para distraer a los países garantes y calificaron como farsa los mencionados ceses, además de rechazar el término “daños colaterales” para referirse a los ataques a las poblaciones de esta zona del país.

“Un cese al fuego que solo sirve para que el Ejército no los ataque a ustedes -si es que antes los atacaba, que no creemos- no le sirve de nada a la comunidad. Por eso la comunidad dijo que eso era insostenible y que en realidad era una farsa. Justificar lo injustificable”.

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En la carta recordaron la masacre de cuatro hermanos indígenas en Putumayo, el asesinato de la mayora Carmelina Yule en Cauca, la masacre de la familia Ramos Menza en Canoas también en Cauca, entre otras acciones violentas.

“Cuando asesinaron a Carmelina la orden no vino de muchachos sin formación o que no tenían cargo de responsabilidad. La orden la dio Amazonas, uno de los mandos, nada menos, así que se trató de una decisión deliberada de atacar a los civiles; ustedes dieron la orden de disparar a mansalva. Y en lugar de sancionar a los responsables lo que ocurrió a los dos días es que nos siguieron amedrentando y se atrevieron a disparar cuando llegó la mayora en el ataúd; ¿a quién se le ocurre disparar para asustar a unos familiares adoloridos que traen a su abuelita asesinada? ¿Qué legado y memoria de Marulanda reivindican con esto? ¿ese es su "proyecto revolucionario"? Sin duda, reiteramos la gravedad de estas violencias”.

“De manera sistemática nos han acusado de tener nexos con el ELN, incluso difunden entre las comunidades el rumor de que las autoridades, las asociaciones zonales o el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) están aliados con esa organización armada para ir en contra suya. Buena parte -si no todos- de los últimos hechos han tratado de justificarlos de esta manera, sin embargo, ese cuento no se lo creen ni ustedes mismos.

No sabemos qué tipo de "inteligencia" realiza la organización bajo su mando en las distintas zonas donde operan o qué tipo de analistas son los que les dicen quién está con una organización irregular o colabora con el Ejército.

“No solo desmentimos esos chismes, sino que además creemos que esta forma de justificar lo injustificable responde al interés de manipular a actores incautos o ignorantes de la realidad territorial que se dejan ‘informar’, y también a la comunidad para que no cuestionen sus crímenes y empecemos a señalarnos unos con otros”.

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Por último, cerraron con una advertencia. “¿Para qué tenemos que prepararnos? ¿Están realmente dispuestos a respetar la estructura de gobierno propio y la vida de las comunidades? Porque eso es lo que esperamos y eso implica que ustedes reestructuren su accionar”.

“En el marco de nuestras facultades constitucionales y como autoridades ancestrales en territorio, esperamos tener respuestas claras. Es importante conocer con detalle los planteamientos y orientación de su organización”.

“Solicitamos que esta carta sea compartida a los mandos de los frentes, como los señores Dionisio, Iván Lozada, Sebastián Martínez, Nelson Ríos, David Arenas”, finaliza el texto.