'No sabía que mi hija estaba allá', madre de menor muerta en bombardeo

Son dos posiciones distantes pero reales. La de unos padres de familia que se enfrentan a la muerte de sus hijos en medio de una operación de bombardeo contra un campamento de ‘Gentil Duarte’, y la de un Estado que se ampara en el Derecho Internacional Humanitario que las avala “en defensa de la soberanía, la seguridad nacional y la defensa de los ciudadanos”, papel que desempeñan las Fuerzas Militares dentro de su misión constitucional.

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Esta semana llegaron a Medicina Legal de Villavicencio varios padres en búsqueda de respuestas: ¿qué pasó con sus hijos? y ¿sí habían muerto en medio de la operación de bombardeo?

Esos jóvenes, cuyas identidades poco a poco se van conociendo, fueron reclutados –con engaños o a la fuerza– por ‘Duarte’, el jefe de las disidencias en el oriente del país.

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Visiblemente afectados, los familiares de las víctimas del conflicto casi no hablaban con nadie. Entre ellos se apoyaban y se acompañaban en el dolor de perder a un ser querido por culpa de la guerra, y lo poco que decían fuera de la intimidad de sus conversaciones era que la falta de oportunidades para salir adelante era la culpable de su tragedia. Comentaban que los jóvenes son llevados a la fuerza por los grupos criminales y en su inocencia se enamoran de un uniforme camuflado, un fusil y una falsa libertad.

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Es el caso de Luz Amparo Merchán, la madre de Yeimi Sofía Vega Merchán, quien –entre gritos y llanto– le exigía al Gobierno “que aceptara que en el bombardeo, como en esta guerra, sí hubo menores de edad”, una realidad que para ella es innegable al afirmar que “tengo un profundo dolor porque yo no sabía que mi hija estaba allá con esas disidencias. Hace dos años, ella se me voló de la casa y me enteré fue por unos mensajes que publicaron de que había muerto en Calamar”, puntualizó la dolida madre.

Según le dijeron en Medicina Legal, su hija de 15 años no murió en los bombardeos, sino dos días después en los combates de la retaguardia de ‘Gentil Duarte’ con tropas del Ejército.

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Por su parte, el general Jorge Hoyos, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dijo que todas las personas que se encontraban en el campamento, incluyendo a menores de edad, se consideraban como “combatientes armados ilegales” y añadió que se planeó una operación militar y “todo el personal que se encuentra ahí (campamento) es personal armado y por eso encontramos explosivos y trincheras, ametralladoras”.

Tras este golpe militar, varias familias denunciaron que había varios niños entre las víctimas, lo que causó revuelo en el país. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de tres menores de edad: Yeimi Sofía Vega Merchán y Jhonathan Sánchez Zambrano, ambos de 15 años, y Danna Lizeth Montilla, de 16.

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Sobre el caso de Danna Lizeth, EL TIEMPO se comunicó con Jhon Albert Montilla, quien regresó a San José del Guaviare, su hogar, con su hija Danna dentro de un féretro negro.

Montilla vio por última vez con vida a su hija a mediados de diciembre de 2020, en Puerto Cachicamo. De allí, Danna partió hacia donde sus abuelos y a comienzos de 2021 empezó a visitar a familiares que tuvieran internet para poder estudiar. Pero a mediados de enero la familia perdió todo o con la menor, con quien esperaba reencontrarse. “Me decían que tal vez se había ido con el novio a trabajar en una de las veredas cercanas. Eso por allá es muy normal, que las niñas –que ya no cuentan con el consentimiento de los papás– se vayan a trabajar”, dijo Montilla a EL TIEMPO.

Ese reencuentro tan anhelado se convirtió en pesadilla este miércoles. “Me dijeron que la niña está sin la mano derecha y sin una pierna, y así me entregaron el cuerpo”, afirmó el campesino.

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Montilla aseguró que los habitantes de las veredas Nueva Colombia, Cachicamo y, en general, de los caseríos de Buenos Aires, en Guaviare, tienen que enfrentar a diario las amenazas de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos ilegales. “Es algo que se ha vuelto común, pero nunca pensé que le fuera a suceder a mi hija”, aseguró Montilla.

A su reclamo se une también Luz Amparo Merchán, quien explicó que ellos viven en Puerto Cachicamo, una población veredal en San José del Guaviare, donde le daban su estudio y nunca le faltó nada a su hija Yeimi, pero paradójicamente hoy la escuela no tiene profesor y tampoco tienen puesto de salud. María Isabel Ruiz, abuela de Yeimi Sofía, cuestionó al Estado por no hacer presencia en los pueblos alejados.

Otra madre llegó ayer, a las 5 de la mañana, a las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio para reclamar el cuerpo de su hija de 20 años. Su identidad no está confirmada. Sin embargo, tras seis horas de viaje por carretera, le dijeron que mañana se la entregarían.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO