Tras las huellas de los 5.279 desparecidos en el Meta

Unidad de Búsqueda empezó la tarea. Historia de familia que perdió a esposo y padre hace 25 años.

Aída Santos lleva 25 años sin saber de su esposo Jorge Enrique Hurtado Riveros, que desapareció en Villavicencio. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

13.06.2019 10:45 Actualizado: 13.06.2019 10:52

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Como todos los días, mi esposo Jorge Enrique Hurtado Riveros me llevó el almuerzo al local que teníamos en el centro comercial Villa Julia, en Villavicencio. Después cogió rumbó a la casa en el barrio Jordán – Paraíso, en el taxi que manejaba.

Eran cerca de las 3:00 de la tarde del sábado 13 de agosto de 1994. Cinco horas después, cuando regresé a la casa, mis hijos pensaban que yo venía con Jorge Enrique. “No, mi papá no ha regresado” respondieron… Nunca más supimos de él.

Veinticinco años después sé que mi esposo no está vivo -reflexiona Aída Santos-, pero tengo la esperanza de encontrar la verdad, de saber qué pasó, quiénes se lo llevaron, quiénes lo desaparecieron y por qué lo hicieron, y de repente encontrar alguito de él, al menos un huesito.

El drama que vivo con mis tres hijos seguramente lo viven centenares de familias en el Meta en donde comenzó labores, este mes de junio, la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que nos permite revivir la esperanza de encontrar respuesta a nuestras inquietudes.

El Meta con 5.279 casos es el segundo departamento con más desparecidos en el país, después de Antioquia, según la información documentada por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de la Memoria Histórica, entre 1958 y 2016.

Historia y búsqueda

Nosotros éramos muy humildes y siempre soñábamos tener una casa y apareció Provivienda dando opción para lote para construir la casa. Jorge Enrique no lo pensó dos veces y empezó a hacer parte de las reuniones y nos vinculamos porque iban a empezar a urbanizar el barrio Las Américas y allá nos dieron el lote.

Y ahí empezamos también a integrarnos con el movimiento de la Unión Patriótica porque nos gustó el proyecto de luchar porque la gente que no tuviera vivienda pudiera tenerla y salíamos a las manifestaciones y nos entusiasmamos mucho. Pensamos que los pobres iban a tener su oportunidad. Nos vinculamos, pero nos costó muy caro.

El monumento a las personas desaparecidas en el Cementerio Central de Villavicencio. Foto:Hernando Herrera/EL TIEMPO

Cuando Jorge Enrique desapareció nuestros hijos tenía 16, 14 y 10 años. La mayor estaba estudiando en una universidad en Bogotá y los otros dos niños estaban en el colegio.

A ellos no les gusta hablar de la desaparición del papá porque nos duele mucho y no quieren que me pase nada a mí, porque yo estuve en riesgo durante los dos siguientes años que lo estuve buscando.

Yo creo que no me quedó sitio dónde buscarlo. Estuve en Sijín, Brigada, Únase, DAS, F2, hospitales, clínicas, potreros, carreteras, puse avisos en la emisora La Voz del Llano en la mañana, al medio día y en la noche, que era la emisora más escuchada en ese momento, y en el periódico Llano Siete Días, sin encontrar resultados.

Por buscarlo yo sentí que me estaban vigilando, en el tercer piso del negocio en el centro comercial Villa Julia, por una parte, y frente a mi casa se parqueaban unos carros sin placa todo el día.

A los pocos días de su desaparición vi una notica por televisión que me generó rabia, mucha preocupación y miedo, quería esconderme.

La información la entregó un militar cuyo nombre y rango no recuerdo. Lo que sí tengo claro es lo que dijo: “En Villavicencio fue capturado un auxiliar de la guerrilla llamado Jorge Enrique Hurtado Riveros, alias ‘Quique’, de profesión taxista”.

Tengo la esperanza de encontrar la verdad, de saber qué pasó, quiénes se lo llevaron, quiénes lo desaparecieron y por qué lo hicieron, y de repente encontrar al menos un huesito.

Yo casi me muero, casi me congelé. Le conté a mi familia y concluí que el Ejército lo tenía. Fui a la Brigada, al frente estaba la oficina de la Unidad anti Extorsión y Secuestro (Únase). No fui sola porque creía que también corría el riesgo de desparecer, un grupo de amigos del trabajo me acompañó y ellos me esperaron mientras yo preguntaba, tuve mucho miedo, pero Dios me protegió.

Allí me atendió un militar con un despotismo horrible. Le mostré la foto de mi esposo y me hizo señas de que no lo conocía. Me dijo siéntese y me indagó como si yo fuera una sospechosa de quién sabe qué.

Después me pidió que le contara la vida mi esposo. Él era un hombre noble, sencillo, servicial, si usted necesitaba zapatos para pasar el charco él se los quitaba y se los entregaba, fue excelente padre, le conté.

Luego me pidió que le describiera qué hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba. Cuando terminé el relato bajó la pierna, aplaudió y en un tono irónico me dijo: “excelente la vida de ese hombre, pero no lo he visto, no lo conozco”.

Con la versión en el noticiero fui donde un abogado, que hizo un habeas corpus, un procedimiento jurídico para que se verifique la legalidad del arresto. Me firmaron un recibido del documento que entregué, pero nunca dieron respuesta.

Lo que si me llegó a la casa fue un sufragio. A los tres días me fui. Cerré la casa, dejé el taxi, eché ropa en una bolsa negra y me marché para Bogotá. Dejé mi hija menor con mi hermano y me fui para donde mis otros dos hijos. Cuando desapareció mi esposo al terminar el año el hijo se gradúo de bachiller y lo mandé para Bogotá con la hermana mayor.

La directora general de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes, Foto:Hernando Herrera/EL TIEMPO

En la capital duré un año, pero no aguanté, no me fui bien, me hundí económicamente. Una hermana que estaba en Costa Rica me dijo que me fuera para allá, me fui sola y deje mis tres hijos. Allá estuve dos años y como la situación no estaba buena el jefe me dijo que me fuera para El Salvador.

En este último país estuve un año, trabajaba en una tienda naturista, atendíamos y vendimos, formulábamos medicamentos naturales para sabañones, el dolor de la pierna… y uno ganaba en dólares con los que apoyaba el sostenimiento y el estudio de mis hijos.

Tras tres años después de estar en Costa Rica y El Salvador regresé a Bogotá a vivir con mis hijos, la menor terminó le bachillerato y se reunió con sus hermanos en la capital de la República.

Pero económicamente no pude y me fui para Venezuela, donde duré quince años. Veía a mis hijos una vez al año. Me venía el 22 o 23 de diciembre, pasaba con ellos Navidad y Año Nuevo y regresaba a Venezuela.

Ese país me sirvió muchísimo. Trabajaba en la tienda naturista y me volví curandera y les podía mandar dinero a ellos. Me regresé porque mis hijos los terminé de educar y se estaban casando y organizando.

Al regresar al país tramité la pensión que cotizaba mi esposo y arrendé la casa, un local y con eso me defiendo. Mis tres hijos están casados y tengo seis nietos, dos de cada uno.

La UBPD nos abre una esperanza, porque la Fiscalía nunca investigó nada de ese crimen de Estado. Nunca hubo una respuesta para mí y para mis hijos que hoy tienen 42, 38 y 34 años. Los tres son profesionales como queríamos con mi esposo. Nosotros no tuvimos estudio, pero queríamos que fueran profesionales.

Veinticinco años después siempre estoy con Jorge Enrique en la mente, lo encuentro, lo buscó es algo que está ahí flotando, no está muerto ni vivo. No he podido saber. No lo puedo ver, no lo he podido encontrar, sé que no está vivo, de repente encontrar alguito de él, un huesito para hacer el duelo. Y ahora no sabemos si va a ser más duró encontrar algo de él.

La difícil tarea

La directora general de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes, anunció que la Unidad inició la tarea de cumplir con su misión humanitaria a partir del mes de junio de 2019 en todo el territorio del Meta.

No será fácil, Martha Garzón, de la Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos (Reiniciar), sostiene que hay 42 personas reportadas como desaparecidas de la Unión Patriótica en el departamento, en hechos que en su mayoría ocurrieron entre 1986 y 2003, aunque muchos casos no se han reportado.

El Comité de Reparación Colectiva de la inspección de Piñalito, en Vista Hermosa, recordó el pasado 30 de abril, en un acto público de reparación, que durante la zona de distensión, entre 1988 y 2002, un guerrillero tenía una casa que convirtió en el sitio para llevar y descuartizar personas, cuyas partes desmembrabas arrojaba al río Güéjar.

La casa de pique la heredaron los paramilitares, a quienes el Ejército les entregaba las personas que descuartizaban y por partes arrojaban al río, entre el 2003 y el 2006, según el relato de los sobrevivientes. Nadie sabe cuántas personas desparecieron en esa salvaje guerra que sufrieron los habitantes de Piñalito.

Y durante la batalla del Bloque Centauros, al mando de Miguel Arroyabe, y las Autodefensas Campesinas de Casanare, lideradas por ‘Martín Llanos’, entre 2003 y 2004 murieron más de mil combatientes, según las cifras de los mismos grupos armados. Decenas de cuerpos fueron desmembrados y arrojados al río Meta.

Abandonada se encuentra hoy la que fuera utilizada por la guerrilla y paramilitares como casa de pique en Piñalito, Meta. Foto:Cortesía Unidad para las Víctimas/Archivo

Monzón Cifuentes aseguró que se va a trabajar con las familias de los desparecidos y de la mano con Medicina Legal para la identificación de cuerpos y con la Fiscalía que durante muchos años ha adelantado investigaciones penales para determinar delitos relacionados con la desaparición de personas.

También con excombatientes de las autodefensas y de las Farc que voluntariamente están entregando información, así como la documentada por el Centro Nacional de la Memoria Histórica.

La tarea también se hará con las personas sin identificar en los cementerios, que venía siendo manejando por el Ministerio del Interior y Medicina Legal para organizarla de forma estadística, analítica y para ponerle nombre a esos cuerpos.

Señaló que hay una dificultad porque la mayoría de los cementerios están a cargo de las iglesias y cada Diócesis maneja el cementerio de acuerdo con su criterio. En ocasiones les cambian de lugar a los cuerpos, por ello se va a trabajar con los municipios para que dispongan de lugares de memoria donde los cuerpos puedan estar.

Además, se debe organizar el banco genético identificando cuáles son las falencias de información que se tiene y establecer las estrategias para organizarlo. La tarea comenzó en Meta y Guaviare y en septiembre iniciará en Arauca y Casanare.

NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1

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