Bandas, Eln y disidencias no dejaron en paz a las regiones

En Cauca, Valle y Meta denuncian incremento de delitos, principalmente, de extorsión, por parte de estos grupos.

En Antioquia hay temor por rompimiento de los diálogos.

Las recientes acciones criminales atribuidas al ‘clan del Golfo’ en el marco del llamado paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, que sitiaron a la región durante las tres primeras semanas de este mes, fueron el detonante para la ruptura del acuerdo del cese del fuego con este grupo.

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Ambulancias, vehículos de transporte público y de alimentos fueron quemados en esta región durante la protesta, mientras que el Gobierno respetaba el acuerdo.

Y pese a que esto originó la decisión de reactivar acciones contra este grupo, autoridades civiles de Antioquia y defensores de derechos humanos señalan que durante el cese del fuego se logró una reducción significativa en los hechos de violencia en el territorio.

Así lo indicó Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, quien reconoce que algunos fenómenos que venían en incremento como los desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios se redujeron, aunque no deja de preocupar el control social que estas organizaciones ejercen donde hacen presencia.

Agregó que, aunque el cese suspende las acciones ofensivas y evita confrontaciones armadas entre la Fuerza Pública y las organizaciones involucradas, entre los grupos ilegales se han venido presentando confrontaciones por el control del territorio, como se ha evidenciado en Valdivia, Yarumal, Remedios y Segovia, donde hay presencia de disidencias, el ‘clan del Golfo’ y el Eln.

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Para él, independientemente de la existencia de un cese o no del fuego, la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas tempranas a las que hay que ponerles atención porque “muestran que el riesgo realmente no ha desaparecido”.

En el Urabá antioqueño, comenta Birleyda Ballesteros, líder de víctimas e integrante de la Mesa Permanente Humanitaria y Paz Total Víctimas de Urabá-Atrato Darién, el cese del fuego fue recibido con alegría por las comunidades, ya que se acabaron los enfrentamientos en la zona con los de la Fuerza Pública.El personero de El Bagre, Bajo Cauca, Juan Gabriel Rodríguez,precisa que los asesinatos han tenido una reducción en el municipio.

En lo que va del año han ocurrido tres homicidios (uno por intolerancia) mientras que en el mismo periodo, el año pasado, se presentaron 10.

Ahora, hay temor en la zona por las acciones que pueda adelantar el ‘clan del Golfo’, especialmente porque es la organización con mayor presencia en el departamento. Para Ballesteros, esto deja a la población civil a merced de lo que puedan hacer.

Por esta razón, desde la Mesa Permanente Humanitaria y Paz Total Víctimas de Urabá-Atrato Darién, anunciaron para el 9 de abril una movilización para pedirle al Presidente sentarse a negociar con los de esta organización.

En las zonas rurales de Buenaventura y Jamundí, en el Valle del Cauca, el ‘clan del Golfo’ es un fantasma detrás de negocios como el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

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Las autoridades se refieren a las disidencias; pero, bajo reserva, fuentes locales consideran que el ‘clan’ es quien mueve los hilos de estas organizaciones delictivas.

Esta semana, las acciones de este grupo llevaron a que la vía al Mar, en las rutas a Cali y Buga, fuera bloqueada por las comunidades de nueve cuencas (Naya, Calima, Raposo, Cajambre, Yurumanguí, Anchicayá, Dagua, Málaga y Mayorquín), que salieron a pedir atención ante retenes ilegales, desplazamientos y presencia de hombres armados.

El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, señala que el cese bilateral del fuego se había convertido en esperanza, aunque no se había logrado el final del conflicto. En ese sentido, plantea que “se reconsidere esa decisión porque se necesita un cese del fuego multilateral para que no vuelva esa violencia”.

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En marzo, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, respaldó “la búsqueda de la paz, pero con un cese del fuego bilateral verificable y supervisión internacional y, sobre todo, con cese de hostilidades contra la población civil en los territorios. El Gobierno nacional cuenta con nuestro respaldo en el Valle del Cauca”. 

Mientras tanto, en sectores políticos hay críticas contra autoridades sobre la violencia en diferentes áreas urbanas.

En Jamundí, bandas que se presentan como disidencias o ‘clan del Golfo’ estarían detrás del negocio del microtráfico y las extorsiones.

El comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general William Prieto, mantiene llamados a la comunidad para que se denuncie y no se asista a reuniones con estos actores armados.

Las extorsiones, los crímenes y los hostigamientos a poblaciones por parte de grupos armados no desaparecieron durante los tres meses del anuncio de cese del fuego en Cauca.

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Detrás de esos ataques están el ‘clan del Golfo’ y las bandas que no se han movido del manejo de las que se consideran ‘fronteras invisibles’ con disidencias y el Eln.

En menos de un mes, según la Defensoría del Pueblo, se duplicaron las acciones que afectaron el cese del fuego.

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De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el último mes las acciones violentas pasaron de 16 a 32, generando “vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y transgresiones al cese al fuego por parte de algunos de los cuatro grupos armados ilegales”.

En los reportes oficiales se da predominancia a las acciones bélicas que involucran al llamado Comando Coordinador de Occidente (CCO), la estructura del Estado Mayor Central que incluye a las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos y al frente Carlos Patiño en Buenos Aires, Corinto, Argelia y Balboa. El Eln no se sumó al cese del fuego y esto se sintió en la región.

El secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, anota que “lo positivo es que el cese contribuyó a la disminución de combates entre Fuerza Pública y grupos ilegales, al cese de ataques a las estaciones de Policía, a la disminución de ataques a patrullas de dicha institución, Ejército y organismos de seguridad”.

Explica que le preocupa que persistan las acciones violentas contra la población civil.

“Continúan los homicidios, los homicidios múltiples, los desplazamientos, las amenazas”, dice Aguilar, quien pide control y acciones. “Es necesario que se hagan acercamientos para lograr el cese de hostilidades. Igualmente, es necesario avanzar en la implementación de los diferentes mecanismos que contemplan la ley de ‘paz total’ para que de esta forma podamos contribuir a desescalar el conflicto armado que estamos viviendo”.

En Meta, la ilusión de alcanzar una paz esquiva por años se ha convertido en una alerta por el incremento de actos como la extorsión y las intimidaciones.

Según el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, una de las zonas más afectadas ha sido la subregión del Ariari, donde la inseguridad ha crecido a tal punto que la extorsión se quintuplicó, así como la presencia de minas antipersonal y también hay varias denuncias por el reclutamiento de menores de edad.

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“Estamos a punto de perder el sur del Meta con esta gente de las disidencias”, declaró el gobernador.

El último caso que ha generado preocupación es el de la comunidad Mariana Páez, del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en Mesetas.

Durante los últimos días se han conocido amenazas contra las personas que habitan este espacio por parte de las disidencias de las Farc, lo cual ha causado, según Zuluaga, que 200 familias se tengan que desplazar desde este punto de la vereda La Guajira, a 40 minutos del casco urbano del municipio.

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Ramiro*, uno de los voceros de esta comunidad, señaló que en diálogos con el Gobierno se ha podido gestionar la creación de tres comisiones para la movilización de las personas que habitan el lugar, donde se incluyen 86 menores de edad, 30 de ellos niños recién nacidos.

Por el momento, desde el Ministerio del Interior han estado al frente de la situación. En el municipio, las autoridades atienden un incremento de denuncias por extorsión que, sostienen, son realizadas por de las disidencias.

Según las denuncias del gobernador, al conflicto en el territorio ahora se han sumado de las denominadas Agc y de la Nueva Marquetalia.

Sobre esta situación, Óscar Chaparro, alcalde de Lejanías, asegura que hay denuncias de fincas a las que las disidencias han llegado para solicitar datos de todos sus habitantes.

“No ha habido hostigamientos, pero la gente acá estaría más tranquila si sonara un fusil que cuando suena un celular. La extorsión se ha disparado muchísimo y tenemos identificado a un exparamilitar, ‘Juanito’, quien desde la cárcel está aprovechando para amedrentar a la comunidad”, denuncia el mandatario de Lejanías.

En San Juan de Arama, el alcalde Eduardo Castellanos, sostiene que no ha habido hostigamientos, pero hay fuerte presencia de estos grupos en el Parque Natural Sierra de la Macarena.

“Los últimos tres meses hemos vivido el tema de extorsiones y delincuencia común. Las disidencias hacen presencia y han aumentado las extorsiones”, denuncia Castellanos.

En Meta hay 4.781 efectivos en 23 municipios, según información de la Cuarta Brigada del Ejército.

REDACCIÓN NACIÓN CON INFORMACIÓN DE CALI, POPAYÁN Y MEDELLÍN

EL TIEMPO