Radiografía: crimen desbordado y ‘control social’ de ilegales azotan a las regiones

A tres meses de que el país vaya a las urnas para elegir a sus autoridades locales, el panorama de degradación de la seguridad es cada vez más preocupante en múltiples regiones. 

Mientras que el Eln arremete en sus ataques a pocos días de –paradójicamente– iniciar un cese del fuego histórico con el Estado, ciudades de la importancia de Barranquilla no solo están sometidas por la extorsión sino que ahora son escenario de masacres entre narcos.

Esta situación se da mientras que el vital puerto de Buenaventura vuelve a estar en jaque por una guerra de bandas y en Bogotá violentos asaltos a plena luz del día atemorizan a la ciudadanía.

Este es el panorama de la situación que alarma a todo el país.

En Barranquilla y el área metropolitana se acentúan los problemas de orden público. De acuerdo con las autoridades y expertos en seguridad, al menos cuatro bandas criminales han sembrado el terror en este territorio.

Las investigaciones de la Policía apuntan a ‘los Costeños’, ‘los Rastrojos Costeños’, ‘los Pepes’ y el grupo armado organizado ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) o ‘clan del Golfo’.

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Estas estructuras, con extorsiones y homicidios, han acabado con la tranquilidad de la ciudadanía en general, e incluso sostienen una guerra entre bandas por las rentas ilegales, según manifiesta el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Jorge Urquijo.

El alto oficial explica las recientes masacres perpetradas como “confrontaciones entre grupos delincuenciales por el control de las rentas criminales”, principalmente, entre ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’.

Fuentes policiales aseguran a EL TIEMPO que, en el caso de ‘los Rastrojos Costeños’, estos han perdido fuerza para actuar tras la captura y judicialización de Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Óber, señalado líder de esta banda. ‘Los Costeños’ y ‘los Pepes’ son dos bandas que se han dedicado al microtráfico, extorsión, robo de tierras y desplazamiento urbano.

Es así como al terminar esta semana se observaban estaciones de gasolina de Barranquilla y Soledad bajo vigilancia permanente de unidades de la Policía, tras ser objeto de extorsiones. Sus es señalan que a algunos les han exigido hasta 100 millones de pesos para dejarlos funcionar.

De negarse o incumplir con los pagos, atentarían contra los operarios, también conocidos como isleros.

Según cifras oficiales, en el 2021 se presentaron 125 casos de extorsión, en el 2022 fueron 283 y en el 2023, con corte al 31 de mayo, se han reportado 367 casos; de los cuales 243 se registraron en Barranquilla, 89 en Soledad, 16 en Malambo, 14 en Galapa y cinco en Puerto Colombia.

El homicidio aumentó en los primeros tres meses de 2023 en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; registrando 140 casos en el 2021, mientras que en el mismo periodo de 2022 se presentaron 171 homicidios y en el 2023, en el primer trimestre del año, fueron 201 casos.

En la última masacre, que fue el 29 de junio, en Villa Campestre, de Puerto Colombia, donde tres del ‘clan Vega Daza’ murieron, la Policía investiga si Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, participó en este hecho.

Entre el ‘clan del Golfo’ y ‘los Costeños’ han cometido 19 acciones violentas como homicidios de octubre de 2022 a mayo de 2023. 

Las amenazas e intimidaciones por la posible presencia de nuevos grupos armados en Buenaventura han generado un ambiente de zozobra entre los habitantes de la ciudad puerto, que ya no deben convivir solo con la oscura y aterradora presencia de ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, las bandas criminales más antiguas de la región.

Estos dos grupos criminales son los protagonistas de una guerra desde hace años en la ciudad y entre septiembre y marzo pasado declararon una tregua para alcanzar la paz propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro. Pero el tiempo de calma concluyó hace tres meses, cuando volvieron a las balaceras luego de que dos de los ‘Espartanos’ fueron asesinados.

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Desde entonces, solo en junio hubo 15 muertes violentas que serían responsabilidad de estos grupos, según autoridades locales. Además, las balaceras han sido casi pan de cada día en las comunas 10 y 12, y fue justo en esta última —en el barrio R9— donde se registró la muerte de una niña de 12 años por una bala perdida.

Sin embargo, ahora surge la sombra de dos nuevas bandas criminales denominadas ‘Jalisco Nueva Generación’ o los ‘Chiquitos’, un grupo que estaría conformado por integrantes de mandos medios de la banda ‘la Empresa’, que por más de 30 años ha estado en Buenaventura.

Si bien las operaciones delictivas de estos grupos en el puerto aún son materia de investigación por parte de las autoridades, la comunidad denuncia que ya no hay noches en las que puedan dormir tranquilos.

“Ha sido caótico, en especial en algunos barrios de las comunas 10 y 12, donde ha habido un confinamiento de la comunidad en esos sectores por la alta presencia de grupos armados”, dijo el líder Luis Enrique Prado, de la comuna 1. “Esto ya no es Buenaventura, parece Afganistán”, añadió Prado.

El habitante explicó que los enfrentamientos armados en Buenaventura pueden durar entre 10 y 15 minutos. Solo cuando llegan las autoridades paran.

“El temor es el latente, uno sale y no sabe si pueda volver, en cualquier momento, en cualquier parte puede verse impactado por una bala asesina”, dijo Prado. 

El secuestro y posterior liberación por parte del Eln de la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos, de 6 y 8 años, en Arauca, y el secuestro y liberación de 19 trabajadores de la empresa KMA Construcciones, ubicada en la región del Catatumbo, Norte de Santander, acción que se investiga si podría haber sido perpetrada por esta guerrilla, son dos de los hechos que dejaron esta semana al Eln en el ojo del huracán y en duda su intención de concretar la propuesta de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro.

El miércoles, el Eln hostigó con ráfagas de fusil, por más de 10 minutos, la estación de policía de Fortul, Arauca, generando intranquilidad entre los habitantes. Y aunque no se ha hablado de un cese de hostilidades, es claro que la ciudadanía espera gestos acordes con la seguridad y tranquilidad. De hecho, a este grupo armado organizado la Fuerza Pública lo señala del secuestro, en lo corrido del año, de 54 personas, entre civiles, para cobros extorsivos e integrantes de otros grupos delictivos como muestra de poder.

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Este diario consultó con la Fuerza Pública sobre cuántas personas mantenía secuestradas la guerrilla y la respuesta fue esta: “Es muy difícil llevar un número real, tenemos un subregistro, porque las familias de las víctimas no denuncian, o porque se están llevando a personas de otros grupos y luego gestionan su liberación con la Defensoría”.

En esa línea, también los hacen responsables del homicidio de 49 civiles, en medio de su lucha territorial con otras redes, en especial por temas de narcotráfico, y de la muerte de 29 integrantes de la Fuerza Pública; el 4 de julio asesinaron a tres policías en Norte de Santander. De igual forma, las autoridades afirman que el Eln se financia del tráfico de la cocaína, la minería ilegal y en gran parte de las extorsiones a las que someten a comerciantes, de todos los sectores, en sus zonas de injerencia, Arauca y Norte de Santander.

“Aquí no pasa ninguna embarcación a Venezuela o a Colombia sin pagar la contribución a los elenos, por viaje son dos mil pesos por persona”, dijo a EL TIEMPO un diputado en Arauca, que advirtió que la guerrilla maneja gran parte del presupuesto: “eso ha sido histórico, recuerde los gobernadores que se encuentran capturados”.

Y en medio de esa guerra territorial, la guerrilla libra una confrontación con las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), que mantiene a más de 100 familias desplazadas.

Homicidios; hurto a personas, a residencias y de automotores, y el secuestro parecen no ceder en la capital del país. Entre enero y mayo de este año, tan solo el homicidio creció en 8,6 por ciento, pasando de 406 casos en el mismo periodo del año pasado a 441 en los primeros cinco meses del 2023. Los otros cuatro delitos crecieron entre el ocho y el 60 por ciento.

Una de las muestras que deja la inseguridad en la ciudad fue la aparición de dos pancartas alusivas al frente 53 de las disidencias de las Farc, del frente ‘Edison Romaña’, en un puente vehicular de Ciudad Bolívar, y otra en el puente de la avenida de las Américas con 68. La Policía aseguró que investiga el hecho y la Alcaldía mandó a retirar las piezas.

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Pero esto es solo una de las crisis; la de los grupos armados que amenazan con llegar a Bogotá y que fueron identificados en mayo pasado en el Sumapaz y en varios municipios que conectan el Meta con Cundinamarca.

De otro lado, está la delincuencia común. Bogotá vivió un asalto cinematográfico la semana pasada, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron robar una camioneta de alta gama, como no lo lograron, actuaron contra un domiciliario, a quien le robaron la motocicleta, y luego contra un taxista, quien también fue despojado de su vehículo. Como este hecho ya se han presentado otros 57.788 entre enero y mayo de este año en Bogotá.

Pero hay otro factor que ha empujado el crecimiento de la criminalidad en la ciudad. La disputa entre las bandas multicrimen por el control territorial del negocio del narcotráfico en Bogotá ha puesto a las autoridades contra las cuerdas. Y es que la guerra a muerte entre estos grupos, como el ‘Tren de Aragua’, ‘los Paisas’, ‘Maracuchos’’, ‘Satanás’, las disidencias de los ‘Camilos’, ‘los Pascuales’, ‘los Boyacos’ y grupos que son instrumentalizados por las disidencias de las Farc y el Eln, ya se han cobrado la vida de más de 33 hombres y mujeres, que fueron torturados, asesinados, envueltos en bolsas de basura y luego abandonados en algún punto de la ciudad.

El año pasado, de los mal llamados ‘embolsados’ se contaron 28 en todo el año. Entre enero y mayo de este 2023, el conteo ya supera esa cifra por cinco casos.

Aunque el panorama de la inseguridad en Bogotá es crítico, los expertos han señalado que no se debe a falta de estrategias, sino que más bien está relacionado con la falta de continuidad en la aplicación de estas y con una “desconexión” entre las entidades distritales, el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública. Según ellos, los cambios en los liderazgos de la Policía Metropolitana y en la dirección de la Fiscalía en Bogotá le han pasado factura a la seguridad de la ciudad.

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