Comunidad wayú, afectada por decisión de UNGRD de suspender contrato de plantas desalinizadoras

El reciente anuncio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de solicitar en audiencia pública la suspensión del contrato para la instalación de tres plantas desalinizadoras en la Alta Guajira ha generado preocupación entre las comunidades wayús.

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Aseguran que veían esta iniciativa como una solución para enfrentar la escasez histórica de agua en la región.

Asimismo, afirman que el Gobierno Nacional no entiende la situación de la Alta Guajira y el tema se ha desviado hacia la corrupción que no tiene que ver con ellos, sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades.

Por lo anterior, piden al presidente Gustavo Petro cumplir con su palabra y con la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

Las tres plantas estarían destinadas a beneficiar a las comunidades indígenas de los corregimientos de Irraipa, Bahía Honda y Puerto López, así como un proyecto similar para Puerto Estrella, en el municipio de Uribia, padecen la falta del recurso hídrico.

Misael Freyle Estrada, autoridad tradicional de la comunidad de Pisrarau, en el corregimiento de Bahía Honda, expresó su descontento y frustración ante el anuncio.

“No sé qué tiempo tiene el nuevo director de estar ahí y apenas está tomando decisiones. Yo pienso que eso no se va a dar. Ya vi que el director ha puesto muchas trabas. No le ha valido el clamor de la gente por acá. Así hizo con los carrotanques, al municipio de Uribia apenas le está dejando dos”, agregó Freile.

La Autoridad Tradicional enfatizó que la suspensión del contrato significaría continuar con la histórica lucha por el agua. 

“Nunca hemos tenido el agua, ya seguiríamos con el sufrimiento de todos los años. Aquí no vale el tema de la salud de las personas que habitan esta zona, solo se enfocan en la corrupción. Que investiguen lo que tengan que investigar, pero al menos que construyan las plantas. Si hubo sobrecostos y corrupción, que los traten con la ley”, afirmó.

Por su parte, David Rodríguez Viloria, autoridad tradicional de Irraipa y Kuleslamana, compuesta por 185 comunidades indígenas y representadas en más de 4.000 habitantes también manifestó su preocupación ante la situación, señalando que actualmente dependen del agua almacenada en los jagüeyes, resultado de Juyá (la lluvia), durante la temporada de huracanes.

“Aquí lo que tenemos es necesidad de agua, y nosotros los wayús no tenemos por qué pagar los platos rotos, si el mismo Gobierno es el que pone todo y al contratista, uno nada más pone la necesidad. Lo que queremos es que se cumpla la sentencia 302”, comentó Rodríguez, refiriéndose al fallo que ordena garantizar el al agua potable en la región.

Rodríguez describió las duras condiciones que enfrentan las comunidades para abastecerse de agua. 

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“Aquí estamos aislados, las vías de no sirven, las placas huellas están destrozadas. Nos toca recoger lo que queda en los jagüeyes, pero ya en abril no habrá agua. Cuando eso pasa, nos toca inventarnos soluciones: cacimbas, reservorios… lo que sea, ya estamos acostumbrados, dijo”.

Ambos líderes hicieron un llamado al gobierno nacional para que cumpla con las órdenes judiciales y las promesas realizadas. 

“La necesidad es grande, y lo único que pedimos es que cumplan. Aquí lo que tenemos es sed y aquí lo que tenemos es agua, el agua del mar Caribe. Una planta grande podría producir de 15 a 20 carrotanques diarios y abastecer a nuestras comunidades. Eso es lo que necesitamos”, concluyó Rodríguez.

Es de señalar que hace unos dos meses, tres autoridades tradicionales de estos corregimientos habían solicitado a la Procuraduría General de la Nación a través de un derecho de petición actuar con urgencia y prioridad para que se finalice este proyecto que les permitiría acceder al agua potable.

Este proyecto, valorado en 42 mil millones de pesos, fue contratado el 9 de febrero por el exdirector Olmedo López con el Consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023 -conformado por Tecnoaguas SAS (que posee más del 70  % del contrato) y la firma Continental- y presenta un avance del 30 por ciento.

Desde abril se encuentra paralizado tras suspenderse el giro de unos 40 mil millones de pesos, luego del escándalo de corrupción en la UNGRD por la compra de carrotanques para La Guajira. Existe una presión por parte del contratista para que se efectúe, lo que justifica la medida cautelar que presentará la UNGRD en la audiencia del 23 de diciembre.

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El contrato es objeto de investigación por parte de los entes de control y la Fiscalía General de la Nación por presuntos sobrecostos e interés indebido en su celebración por parte de la anterior dirección de la UNGRD, tras ser mencionado en la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero.

En su momento, la UNGRD informó que las plantas desalinizadoras utilizarán tecnología de ósmosis inversa para separar la sal y otros contaminantes del agua de mar y tendrían cada una capacidad de producir 20 mil litros por hora, utilizando sistemas de recuperación de energía y generación autónoma fotovoltaica para asegurar un suministro constante y accesible para las comunidades.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha