Denuncian que cultivos ilícitos siguen devorando bosques del Catatumbo

Un informe publicado recientemente por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) evidenció un declive en la deforestación durante el período comprendido entre 2016 y 2017, en las áreas naturales del centro y oriente del país que componen la Región Andina.

El documento revela que la disminución corresponde al 16,7 por ciento. Casi 8.861 hectáreas se salvaron de la irrupción de este fenómeno con respecto al reporte de 45.606 hectáreas impactadas en 2016.

Pese a este positivo indicador, activistas y organizaciones defensoras del medio ambiente insisten en que factores como la expansión de los cultivos ilícitos y la agricultura extensiva siguen devorando la riqueza natural de la subregión del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander.

Según el balance, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) cuantificó ante las autoridades nacionales un área deforestada de 4.092 hectáreas, que representa el 1,9 por ciento de la superficie del país afectada por la pérdida de capa vegetal.

Esta cifra fue recogida en un intervalo de tiempo previo a la bonanza cocalera a la que en los últimos meses asisten las poblaciones de estos 11 municipios nortesantandereanos, donde el área de los cultivos ilícitos estaría alcanzando un repunte de 30.000 hectáreas, de acuerdo con pronósticos elaborados por organizaciones sociales como la Fundación Progresar.

“En un recorrido que hice al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, donde adelantó labores de restauración de la flora, pude observar la cantidad de coca que se ha sembrado en los últimos años. Es un mar de coca que está arrasando con el ecosistema del departamento y al parecer, nadie hace nada. Aunque están tranquilos, los grupos indígenas dicen que en su resguardo hay bosques vírgenes, pero estas extensiones pueden verse afectadas en cualquier momento”, indicó Andrey Enrique Ojeda, biólogo de la Universidad de Pamplona.

Este activista coincide con la postura de algunos colectivos sociales que prevén el aceleramiento de la tala indiscriminada de árboles en esta zona, considerada un foco activo de producción para la coca, pues de allí se comercializa a los países de Centroamérica y Europa cerca de 70 toneladas de este estupefaciente al año.

No obstante, los esfuerzos para contener este flagelo por parte de las autoridades locales, como Corponor y la Policía Nacional, no se detienen. En lo corrido de este año, la Fuerza Pública ha detenido 23 personas por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, unas 10 capturas más de las realizadas el año anterior por este delito.

El operativo más reciente se realizó en el municipio de Ocaña y permitió la aprehensión de cinco personas, de 22, 30, 38 42 y 58 años, por movilizar madera en forma irregular.

“Este informe del Ideam es un indicador de esperanza de que sí se puede formular una estrategia para salvar los bosques. Sin embargo, no podemos eludir que en el próximo informe, este fenómeno va a sufrir una importante reactivación, que va a demandar un trabajo en conjunto con las demás autoridades del departamento”, puntualizó Sandra Gómez, subdirectora de Recursos Naturales de Corponor.

Así como ocurrió en 2012, esta entidad emitió una alerta temprana por la afectación que la tala indiscriminada de árboles representa para el bosque húmedo tropical de esta zona fronteriza con Venezuela.

Aunque la falta de cifras actualizadas sobre esta problema dificultan los trabajos de prevención, la alarma, que está concentrada en Tibú, Teorama y Sardinata, advierte a las comunidades sobre la sedimentación del suelo y conflicto con especies silvestres, que en los últimos meses se está generando debido a esta descontrolada pérdida de la capa vegetal.

CÚCUTA