Exalcalde de Neiva es investigado por contratación del PAE en el 2009

Juez dictó medida de aseguramiento que cobija a 5 personas más por anomalías en los contratos.

Para algunos estudiantes, estos alimentos que les llega a través del PAE son su única fuente de alimentación diaria. Foto: Archivo ET

05.02.2019 15:19 Actualizado: 06.02.2019 10:46

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El Juzgado Tercero Penal Municipal de Neiva dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el exalcalde de Neiva y actual precandidato a la Gobernación del Huila, Héctor Aníbal Ramírez Escobar, quien es investigado por posibles anomalías en la contratación, en los años 2009 y 2010, del programa de Alimentación Escolar (PAE).

La misma decisión cobijó a su jefe de contratación Euclides Dussán García, así como al exsecretario de Educación, Enrique Vargas Leyva, a Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la empresa contratista Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones. Además, a los interventores María Cristina Forero Vargas y Daniel Francisco Alvira.

Los casos investigados por anomalías en los programas de la alimentación escolar afecta la garantía de los derechos de los niños

“Los casos investigados por anomalías en los programas de la alimentación escolar afecta la garantía de los derechos de los niños de escasos recursos económicos que tienen protección prevaleciente y superior”, señaló el Juzgado.

La imputación había sido realizada por la Fiscalía el 28 de noviembre de 2018 por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

El exmandatario, al igual que su exjefe de contratación y Luisa Fernanda Flores Rincón, representante de la empresa contratista, no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente ante la istración de justicia.

Flores Rincón se encuentra privada de la libertad en una cárcel de Bucaramanga, Santander, también por irregularidades en la contratación del PAE en esa región.

La decisión del Juzgado fue proferida por posibles anomalías en la celebración de dos contratos: el 626 del 4 de agosto del año 2009 por valor de 1.500 millones de pesos y que tuvo una adición de 677 millones. También por el contrato 385 del 12 de julio del 2010 por 1.746 millones de pesos y que fue aficionado en 861 millones, en los que la Fiscalía concluyó que no fue tenida en cuenta la Ley 80 de contratación.

El Juzgado también señaló que el ex mandatario, al igual que Euclides Dussán García y Luisa Fernanda Flores Rincón, cancelarán una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Seccional de la Judicatura.

Enrique Vargas Leyva deberá cancelar tres salarios mínimos, mientras que los interventores María Cristina Forero Vargas y Daniel Francisco Alvira Trujillo fueron multados con una caución de dos salarios mínimos vigentes.

HUILA

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