Torre Aquarela: Procuraduría profiere cargos contra ex director nacional de Patrimonio

El edificio multifamiliar Aquarela, que se construye cerca del Castillo San Felipe de Barajas, en Cartagena, nuevamente abre el debate sobre la responsabilidad de autoridades locales y nacionales que permitieron el desarrollo de una torre, que según la Unesco, afecta el paisajismo del monumento patrimonial.

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Es por ello que, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que profirió pliego de cargos en contra del ex director técnico de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar Wilson-Withe, por una presunta omisión en su función de control relacionada con la construcción de Aquarela.

"Al parecer, Escobar Wilson-Withe no habría promovido y adoptado oportunamente las medidas necesarias para evitar que el desarrollo de las obras continuara amenazando y afectando la integridad paisajística del Castillo de San Felipe de Barajas", indica el ente de control.

Aunque en reiteradas oportunidades Escobar Wilson ha indicado que la decisión era responsabilidad directa del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), los directivos de esa entidad detallaron ante los investigadores, que era responsabilidad del Ministerio de Cultura preservan ese bien de la nación, porque hacía parte de sus facultades.

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Es así como el Ministerio Público señaló que, a pesar de haber sido informado con meses de anticipación, "el entonces funcionario al parecer no realizó las acciones requeridas para incluir la manzana catastral donde se construía el proyecto dentro del área de influencia de la fortificación, y de esa forma brindarle la protección que requería como patrimonio histórico y cultural de la humanidad".

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la aparente conducta de Wilson-Withe como una falta grave cometida a título de culpa grave.

Este caso completa siete años, siendo un tema de debate no solo en Cartagena, sino en el país. Incluso, varios exalcalde y el actual mandarario han sido implicados; pero en esta oportunidad, pues la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria que por los mismos hechos adelantaba contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt; el exalcalde (e), Pedrito Pereira Caballero; los exsecretarios de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda, Clara María Calderón y Edgar Marín Támara; el jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito, Fernando Abello Rubiano, y la exjefa de esa misma dependencia, Laura Marcela Mendoza Bernett.

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La misma decisión se adoptó para los exsecretarios de Planeación Distrital, Guillermo Ávila Barragán e Iván Darío Castro Romero, quien ocupó el cargo en calidad de encargado; el exjefe Jurídico de la alcaldía, Jorge Carrillo Padrón; el curador Urbano No 1 Distrital para la época de los hechos, Ronald de Jesús Llamas Bustos, y el exgerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena -Corvivienda-, Luis Alberto Vélez Carrasquilla.

Sobre la tan anunciada orden de demolición, el órgano de control especificó: "Las alcaldías regidas por el exalcalde Pedrito Tomás Pereira Caballero y, actualmente, por el alcalde William Dau Chamatt han adelantado todas las medidas para lograr de la manera más técnica y segura la restitución del espacio público".

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La Inspección de Policía ordenó en julio de 2020 a la Promotora Calle 47 SAS restituir el espacio público invadido de manera ilegal. La medida dice que se debía cumplir en cinco días pero han pasado cerca de dos años y aún la torre se encuentra en pie.

Recientemente, la Alcaldía de Cartagena dio a conocer que fue contratada la interventoría a los estudios que realizará a través de un experto la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que permitirá definir el mecanismo a implementar para demoler la obra.