Invasión de tierras, un reto que salta del Cauca a otros 7 departamentos

Por primera vez desde que arrancó el nuevo gobierno, los principales alfiles del presidente Gustavo Petro salieron a condenar públicamente la invasión de tierras, una problemática que ya saltó del norte del Cauca a por lo menos otros siete departamentos del país.

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“Quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades”. Ese fue el mensaje que reiteraron esta semana, en varios escenarios, la vicepresidenta Francia Márquez; el ministro del Interior, Alfonso Prada, el mindefensa, Iván Velásquez, y la ministra de Agricultura, Cecilia López. Era un pronunciamiento que llevaban semanas esperando empresarios y autoridades del Valle y del Cauca, tras la escalada de invasiones que empezó hace varios meses, pero que se disparó –y con esta, los niveles de confrontación entre comunidades indígenas, negras y campesinas– tras la segunda vuelta presidencial, en junio pasado.

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La presencia de la vicepresidenta Márquez a la cabeza de esos altos funcionarios no es un hecho menor. Francia se forjó como líder de comunidades afro, y precisamente comunidades afro han sido directamente afectadas por las invasiones realizadas por indígenas en varias haciendas cañeras del norte del Cauca. Esto porque muchos de los más de 6.000 trabajadores de ingenios que se han quedado cesantes –por las ocupaciones, principalmente, pero también por otros factores– son afros, y también porque las cañeras suelen arrendar para la siembra predios que son de comunidades negras o reclamados por ellas. Si no hay cultivos, no hay ingreso por esos arriendos.

Además de la tensa situación que se vive en ese departamento, hay nuevas invasiones de predios en varios municipios del Cesar, en La Guajira, Córdoba, Santander, el Valle, Huila, Córdoba y Atlántico. Y no se trata solo de comunidades indígenas o negras que reclaman tierras: en algunos casos los que invaden son familias de inmigrantes venezolanos y en otros, organizaciones que, según autoridades locales, son “invasores profesionales” que se mueven de una región a otra apropiándose de predios para luego tratar de venderlos fraudulentamente a familias pobres (ver notas anexas).

En la mira de los invasores están también predios de la SAE. Según cifras de la Policía, tan solo en los últimos días se han registrado 54 denuncias de invasión de tierras en todo el territorio nacional.

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“No aceptamos y rechazamos, y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”, dijo la Vicepresidenta. Y esta semana, el ministro Prada estuvo dos veces en el Cauca, tratando de apagar un incendio que, consideran varios sectores, en buena medida se ha extendido como efecto de mensajes mal interpretados o confusos enviados por Petro y su equipo desde la campaña presidencial y ya como gobierno.

Uno de los primeros nombramientos de la nueva istración fue el de Giovani Yule, miembro del Comando Regional Indígena del Cauca (Cric), como director de la Unidad de Restitución de Tierras. Aunque esa institución no tiene que ver con el manejo de las invasiones de predios ni con reforma agraria –su función principal es liderar la reparación de las víctimas del despojo en medio del conflicto armado–, entre el empresariado del suroccidente del país no cayó bien la designación de un líder indígena que, precisamente, es reconocido como uno de los principales promotores de la ‘recuperación’, como los nasas llaman a las invasiones de tierras, en el Cauca.

En contraste, casi un mes después de la posesión presidencial, la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad del Estado que tiene que manejar directamente el problema, sigue sin director. Y tampoco hay viceministro de Agricultura, que es otro cargo que tiene responsabilidades claves en esta materia. Son dos vacantes difíciles de entender en un gobierno que, precisamente, llega a la Casa de Nariño con la bandera del tema agrario.

Para la dirección de la ANT se han contemplado, hasta ahora, dos nombres: Jhenifer Mojica Flórez y Gerardo Vega Medina. Mojica ya pasó por el Ministerio de Agricultura en el manejo de temas de tierras. Vega es uno de los líderes de restitución de tierras más reconocidos en el Urabá antioqueño. La designación se estaría dilatando porque en el pulso por la dirección de la ANT entró el Partido Liberal –del que es cuota la propia ministra–, y también la vicepresidenta Francia Márquez, quien prefiere que el cargo lo ocupe un representante de las negritudes.

Mientras tanto, por el tema de tierras, el norte del Cauca es una caldera de 349.714 hectáreas que está en plena efervescencia. Allá los indígenas aseguran que necesitan más tierra para garantizar su seguridad alimentaria, y que de cada 10 hectáreas que tienen, solo cinco son cultivables. Ese dato, según señalan las autoridades, es exacto. Pero también lo es que solo un 8 por ciento de las tierras aprovechables cuenta con proyectos productivos.

Hoy, a lado y lado de la vía Panamericana, la columna vertebral que atraviesa todo este departamento para comunicarse con el interior del país, se mantienen las ocupaciones de predios con extensos cultivos de caña.

El número de haciendas tomadas solo por indígenas subió ya a 30: hace un mes eran 21. Estas tomas continúan en los municipios de Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda.

Y, por ahora, ninguno de los que han invadido –no solo son indígenas, sino que también hay afros y campesinos– tiene el ánimo de abandonarlas, pese a que, a comienzos de la semana, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló de 48 horas para desalojar. El plazo se cumplió sin ninguna acción de la Fuerza Pública, y por ahora la instrucción a la Policía es esperar a los resultados del diálogo encabezado por el ministro del Interior.

Y aunque en algunos predios los indígenas comparten invasión con poblaciones afros que también reclaman tierras, han sido numerosos los enfrentamientos con las comunidades negras y campesinas directamente afectadas por las ocupaciones.

Al tiempo, gremios e ingenios azucareros viven toda una encrucijada y reiteran que estas invasiones repercuten en la pérdida de empleos en la región. Dicen que en el norte caucano se generan 50.000 empleos y que por confrontaciones y ocupaciones de los últimos meses se ha afectado la productividad de cerca de mil hectáreas.

Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, asegura que de las 6.600 hectáreas que en este momento están ocupadas ilegalmente en la región, 4.890 son totalmente improductivas. “Nada se puede sembrar ahí porque quienes invaden entran y destruyen la tierra, queman la maquinaría e incluso generan afectación a la integridad física de los trabajadores”, denuncia.

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Es tal la tensión que trabajadores de ingenios de la zona como Incauca, La Cabaña y Central Castilla decidieron permanecer a un costado de la Panamericana para custodiar las entradas a las fincas que estarían en riesgo de ocupaciones. Hacen turnos de vigilancia de 12 a 24 horas desde agosto pasado, cuando la ocupación de una de las haciendas dejó a decenas de sus compañeros sin empleo. Fueron esos trabajadores los que mantuvieron bloqueos intermitentes sobre la vía para pedir que los dejaran trabajar. Y aunque levantaron el taponamiento siguen atentos a evitar a toda costa cualquier irrupción.

“Estamos cuidando nuestro territorio para que los indígenas no pasen hacia acá y sigan invadiendo”, dice Eduardo Ochoa, quien lleva 33 años trabajando para ingenios. Primero para La Cabaña y, ahora último, para Incauca. “Si se nos meten, seríamos muchos los desempleados. Estamos cuidando nuestros puestos, aquí vinimos por nuestros propios medios, aquí no nos ha mandado ninguna empresa”, asegura.

Hace poco más de una semana, el 22 de agosto, hubo reyerta entre indígenas y comunidades negras en el sector Alto del Palo en Caloto. Allí había un bloqueo de afros que protestan por la falta de trabajo en la zona, y en videos quedaron imágenes de indígenas golpeando a personas de la comunidad y destruyendo enseres. Juan Carlos Agudelo, presidente de la junta de acción comunal de una vereda en Corinto y vocero de los trabajadores de los ingenios, dice que en las ocupaciones han sido víctimas de violencia: “Llegan con explosivos artesanales y hasta con armas de fuego, no llegan a dialogar, sino a agredir”.

Ese es el caldeado ambiente que se está viviendo por cuenta de las ocupaciones, que los indígenas del Cauca defienden como una ‘recuperación de la madre Tierra’ y que las empresas y los trabajadores, así como numerosas comunidades negras, ven como una amenaza directa a su principal medio de subsistencia.

Una de las haciendas de Caloto tomadas por indígenas es Playadura. Fue ocupada en 2018, y allí, uno de los indígenas, con pañoleta en el rostro y pidiendo no ser identificado, dice: “Las órdenes que han dado los gobiernos, y ahora este, de abandonar las tierras no nos sorprende. Ya hemos venido sintiendo esa represión. Estamos preparados para lo que se venga, vamos a resistir. No somos invasores, lo tenemos claro, es una recuperación ancestral”.

En la otra parte de la balanza están los trabajadores y los empresarios. Gerardo Arroyo lo plantea así: “Nosotros estamos expectantes para saber finalmente cuál va a ser la última decisión que va a tomar el Gobierno. Como sector productivo, el mensaje que le mandamos al Gobierno es que dentro del marco de la ley sea un garante del respeto de la propiedad privada. La paz total empieza protegiendo los derechos de todos y no solo de unos”.

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Creo que el mensaje del Gobierno es muy oportuno, que esto no es invadiendo tierras, que aquí la ley la tenemos que cumplir todos los colombianos y que el que quiera tierra para eso están los mecanismos que se están disponiendo dentro de la legalidad. Sin embargo, la propiedad privada, el derecho al trabajo y a la vida los debe garantizar el Estado. No solamente la Fuerza Pública, también la Fiscalía General de la Nación, porque eso es avasallamiento de tierras y son fenómenos ilegales que el Estado tiene que prevenir.

Solamente en el norte del Cauca están afectadas más de 6.000 hectáreas. Todo va cambiando porque desafortunadamente lo que hacen algunas personas que quieren quedarse con esas tierras o quieren generar un conflicto para que haya una negociación es que entran, llega la Policía, salen o llega el Ejército y salen y después vuelven a entrar. Eso disuade la posibilidad de explotar adecuadamente las tierras a propósito de la reforma agraria que se viene. Y en ese sentido, insisto, es bueno el llamado del Gobierno Nacional y de la ministra de Agricultura de que aquí se tiene que respetar la propiedad privada y que la tierra seguramente llegará de la mano de la legalidad que le da el Gobierno Nacional, pero no violando la ley como lo están haciendo personas en diferentes partes del territorio nacional.

El hecho de que el Gobierno Nacional haya hecho ese pronunciamiento a nosotros nos tranquiliza, pero al mismo tiempo también nos preocupa porque seguramente lo que está previendo el Ejecutivo es que este fenómeno se vaya a multiplicar y eso sería muy desafortunado para la producción de los alimentos en el país porque la gente cuando va a explotar la tierra necesita seguridad no solo jurídica sino también la posibilidad de ir a su finca y poder sembrar. Si eso se vuelve un efecto dominó, sería una situación muy gravosa para el Estado y para las mismas promesas que hizo el Presidente en su campaña.

Reporteros de EL TIEMPO: Carolina Bohórquez, Michel Romoleroux, Noelia Cigüenza y María Isabel Moreno.