La historia de la mujer de 34 años que ha pedido tres veces la eutanasia en Risaralda

En tres oportunidades, Lina Marcela Isaza de 34 años, le ha solicitado a su entidad prestadora de salud que le practique el procedimiento de muerte asistida o eutanasia debido a que lleva 6 años soportando un intenso dolor que se generó después de un accidente laboral.

Isaza narró que el 28 de agosto del 2018 su vida cambió. La mujer fue arrollada por un vehículo mientras se desempeñaba como reguladora de tráfico en un tramo de la vía entre La Virginia y Viterbo, en Risaralda.

Contó que inicialmente le diagnosticaron una fractura en la clavícula izquierda, pero debido a que el fuerte dolor no desaparecía le practicaron varios tratamientos y exámenes hasta que un año después un neurólogo del hospital universitario San Jorge de Pereira le informó que padecía síndrome regional doloroso complejo (SRDC) y le comentó que ya no tenían mucho por hacer por ella.

“En la etapa en la que estoy mi cuerpo está agotado, he pasado por mucho dolor y ya no aguanto, no soporto más dolor ni que me hagan nada más porque a veces es tanta la agonía que no puedo ni dormir ni comer tranquila”, relató la mujer.

Y agregó que “ya en esta etapa de mi vida, son 6 años de espera, de súplicas y de ruegos pidiéndoles a los médicos que hicieran algo por mí y que ellos cerraran los oídos a lo que les suplicaba, estoy cansada, lo único que quiero es descansar”, dijo Isaza.

La joven, quien tiene dos hijos de 14 y 9 años, no pudo volver a trabajar y depende económicamente y físicamente de su esposo y su mamá, ya que no puede valerse por sí misma.

Isaza radicó nuevamente la solicitud ante su EPS Salud Total y está a la espera de que una junta médica determine qué pasará con su caso.

La abogada Adriana González se unió a la causa de Isaza. En varias ocasiones ha ayudado voluntariamente a pacientes para que las EPS les aprueben el procedimiento, uno de ellos fue el caso de Ovidio González, padre del caricaturista Julio César González ‘Matador’.

“A ella ya le habían aprobado inicialmente la eutanasia, pero llegó la pandemia, luego un comité se la negó y ahora estamos esperando nuevamente una respuesta de otro comité”, dijo la abogada.

González conoció este caso luego de que viera una petición que Isaza publicó en la página Change.org. La ó a través de una red social y le brindó su ayuda para este trámite.

“He consultado con tres expertos y todos coinciden en que ese tipo de dolores no tienen un tratamiento. Lo que extraña es por qué no le ha aplicado el procedimiento de la eutanasia. Ella está consiente, sabe lo que quiere y lo quiere desde hace tiempo. Una persona que solicita la eutanasia es porque no quiere seguir sufriendo por cuenta de una enfermedad”, añadió González.

Hace unas semanas, las dos mujeres se conocieron personalmente. “Ella está en una silla de ruedas, no se puede mover, depende en todo sentido de otra persona, uno mira lo que ha pasado con ella es la demostración de la paquidermia del estado y que las entidades no funcionan. Los médicos están tomando una decisión sobre lo que a ellos les parece y no sobre lo que para ella puede ser mejor”, señaló.

La abogada contó que ha apoyado entre 7 y 10 solicitudes. “Siempre me encuentro con lo mismo y si los pacientes terminan ganando es por orden de un juez cuando la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara, si tiene una enfermedad crónica que genera intenso sufrimiento y la persona conscientemente lo solicite, no necesita más”.

Cabe recordar que hace dos años, la Corte Constitucional amplió el derecho fundamental a morir dignamente a aquellos pacientes que padezcan intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

Este medio consultó el caso de Isaza con la EPS Salud Total. A través de un comunicado la entidad informó que “en cumplimiento a las responsabilidades que le asisten, ha garantizado la totalidad de atenciones que la protegida ha requerido para el manejo de su condición de salud, conforme a las indicaciones que ha proferido su médico tratante, sumado a ello, ha direccionado los servicios a la red de prestadores dispuesta para tal fin”.

Y agregó que, según lo establecido en la resolución de la Corte, “la EPS cuenta dentro de su red de prestadores con instituciones que tienen conformado el comité científico-interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, siendo el caso en comento ya direccionado a una de ellas. Es importante recalcar que las EPS no participan en la conformación de dicho Comité, como tampoco en las decisiones que en esa instancia se adoptan”.

“Lina tiene una situación muy crítica, es una vergüenza lo que ha pasado con su caso. No le funciona nada, no le pagan las incapacidades, le apelaron la calificación de la junta de invalidez y le quitaron el derecho a su pensión. En ella se resume la ineficiencia y la poca humanidad del sector para manejar las cosas”, afirmó la abogada González.

Laura Sepúlveda

Especial Para EL TIEMPO

EJ CAFETERO - NACIÓN