Las fuertes denuncias por las que veedores del Quindío aseguran que están en riesgo: suspendieron labores de investigación por último homicidio

El asesinato de un abogado de 30 años, que, según su familia, no tenía amenazas ni problemas con nadie, tiene en alerta a los líderes sociales y veedores del Quindío.

Algunos testigos relataron que se escucharon más de 10 detonaciones las cuales impactaron en el cuerpo del abogado Óscar David Suárez Marín y su mascota, el pasado sábado cuando se encontraban al interior de su vivienda en el barrio Berlín de Armenia.

Según especulan algunos vecinos del sector, los sicarios buscaban dar un mensaje contundente por la cantidad de proyectiles que usaron para acabar con la vida del contratista de la Gobernación del Quindío y hasta con el canino que lo acompañaba.

La raíz del crimen apunta a las labores que ejercía su padrastro, el veedor social Alejandro Rodríguez Torres, quien desde hace años desempeña una labor de veeduría en la ciudad a través de la organización Junta Ciudadana con la que ha denunciado entramados de corrupción en varias entidades relacionadas con la prestación de servicios públicos en Armenia.

Según le comentó el veedor a este medio, en los últimos meses había participado en debates en el Concejo de Armenia que buscaban frenar una concesión a los servicios que presta la Secretaría de Tránsito de la ciudad, ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la elección del director de Empresas Públicas del Quindío (EPQ).

Además reveló que desde el pasado 25 de julio, justo un mes antes del homicidio de su hijastro, le había advertido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de un plan para eliminar a su familia, pero “no se tuvo en cuenta y desafortunadamente ocurrió el asesinato de mi hijo Óscar David”.

Debido al riesgo que corren, Rodríguez y su otro hijo tuvieron que salir del departamento desde el pasado martes, un día después de las honras fúnebres de Suárez Marín.

El veedor comentó que desde hace siete años tiene un esquema de seguridad proporcionado por la UNP. Su familia, que estaba conformada por sus dos hijos- incluyendo a Suárez- y su esposa, estaban dentro del núcleo protegido pero esto no sirvió para que no cometieran el crimen contra su hijastro.

“El Quindío hoy está en alerta porque los veedores estamos renunciando a raíz de la situación crítica de seguridad que estamos teniendo”, dijo Rodríguez, quien se encadenó a la sede de la UNP en Bogotá e inició una huelga de hambre solicitando que refuercen su esquema de seguridad.

Aunque la policía está tras la pista de los cuatro hombres que participaron en el asesinato del abogado y la Alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío ofrecieron 40 millones de pesos de recompensa por información sobre los autores materiales e intelectuales del crimen, los veedores del departamento se sienten en riesgo.

La Veeduría Cívica Armenia y Quindío anunció que suspendió sus labores de control social “debido a la gravedad de los recientes hechos ocurridos en región”.

El presidente de esta veeduría, Luis Alberto Vargas, le contó a este medio que sus denuncias sobre temas ambientales principalmente en la cuenca del río La Vieja le generaron seguimientos en su vivienda en el municipio de Circasia.

“Empezamos a notar que se estacionaban carros y motos en una zona donde no hay mucho flujo vehicular y esto era extraño porque por allí solo pasaban los carros de las personas que viven por allí y el carro de la basura, así que tuve que irme. Estoy preparado para que me ajusticien por hacer veeduría y asumo mi responsabilidad ante esto, pero lo que no estoy preparado es para que maten a mi familia como acaba de pasar con este joven, hasta mataron al perro, esto no es una casualidad”, dijo Vargas.

Las denuncias de Vargas han estado enfocadas en las presuntas irregularidades en el manejo de vertimientos de empresas avícolas, contaminación en las fuentes hídricas, las elecciones de directores en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la modificación del POT de Armenia, entre otras.

“Empecé a ver las irregularidades y denunciarlas en los tres departamentos del Eje Cafetero. Los órganos de control archivan las investigaciones de forma ramplona, ninguna avanza y ahora mandan este mensaje con el asesinato del abogado, es claro lo que está sucediendo”, expresó el veedor.

Y manifestó que tuvo que radicarse en otro departamento debido a sus denuncias.

El veedor y líder comunal Jefferson Stiven Perdomo, advirtió en sus redes sociales que teme por su vida ante las situaciones presentadas en los últimos días. “Hago responsable por mi vida y la de mi familia al Estado colombiano, Defensoría del Pueblo, Personería, Alcaldía de Armenia, Gobernación del Quindío, y demás instituciones y entidades encargadas de velar por la protección de veedores, líderes sociales y comunales”.

El abogado Felipe Urrea, quien en los últimos meses ha liderado la veeduría al proceso de elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional Quindío (CRQ) e incluso logró frenar el proceso con una demanda ante el Consejo de Estado, también se retiró temporalmente de sus labores.

 “Temo por mi seguridad y la de mi familia. No puedo continuar en esta lucha cuando las circunstancias muestran que las garantías no existen”, dijo Urrea.