Este es el plan del gobierno Petro para hacerle frente a la emergencia invernal

Como cada año, el país nuevamente enfrenta los estragos de las lluvias. Durante este 2022, la temporada ha sido más fuerte a causa del fenómeno de la Niña, que según el Ideam se extendería hasta marzo del 2023.

Ante la probabilidad de que las lluvias no cesen y las afectaciones puedan ser mayores, el presidente Gustavo Petro expidió el decreto 2113 de 2022, en el que se establece la declaratoria de “situación de desastre” en todo el territorio nacional por el término de 12 meses.

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Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), entre enero y el 8 de noviembre, las lluvias dejan 204 muertos y 147.562 familias afectadas.

El gerente del Fondo de Adaptación y director de la UNGRD, Javier Pava, señala que el plan de trabajo del Gobierno Nacional espera atender la emergencia como prioridad, pero también garantizar que hacia el futuro la población vulnerable no sufra más los embates del clima.

Los municipios suelen ser los encargados de atender las emergencias, pero ya 390 se han declarado en alerta roja, pues no cuentan con la capacidad, así que se ha pedido apoyo a nivel nacional.

En 26 de los 32 departamentos se ha declarado calamidad pública. Nosotros hemos venido atendiendo las situaciones, brindando apoyo. En este momento, ya de lo que va con fenómeno de la Niña, se han se han invertido más de 800.000 millones de pesos. Pero los recursos no han sido suficientes.

Pronósticos del Ideam indican que podría ir hasta marzo o abril del 2023, entonces pueden seguir creciendo las afectaciones. Pero las consecuencias principalmente están en términos de afectación de producción agropecuaria. Se han perdido muchísimos cultivos, se ha perdido casi toda la infraestructura vial terciaria. La mayoría de los más de 1.000 municipios tienen ese problema: sectores incomunicados, eso lleva a que no haya posibilidades de movilización de productos de cosechas y eso va a tener un efecto muy rápido en términos de abastecimiento del alimento en las ciudades y la subida de los precios.

Eso requiere una intervención integral de todos los sectores y una del nivel nacional; lo que se busca con este decreto, que va a tener una agencia de 12 meses, es implementar tres estrategias: una de asistencia humanitaria, dirigida con acciones a atender la situación de la emergencia, luego dos fases de recuperación, lo que llamamos recuperación temprana, es decir, atención a las situaciones críticas, y una recuperación para el buen vivir, que así lo hemos llamado.

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Es una estrategia a largo plazo, pensando en cómo evitar que estas zonas que fueron afectadas no sufran más por temas estructurales. Este plan va a tener dos momentos: un primer momento en lo que queda de este año, en el que se va a atender con los recursos no ejecutados del presupuesto nacional, que se van a una bolsa común, esa bolsa común es de la UNGRD para asistencia humanitaria.

Para el año entrante, ya se presupuestarán unos recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación para terminar la asistencia humanitaria de lo que falte y recuperación para el buen vivir, que ya permitiría unas acciones mucho más integrales de intervenciones del territorio; por ejemplo, salud, infraestructura dañada, y alimentación; tenemos una entrega de kits de comida, pero vamos a aplicar algunos temas de compra de alimentos en cosechas locales y, además, conformar unas ollas comunitarias para pasar de comida de kit a comida caliente permanente para las comunidades afectadas por mucho tiempo, como es el caso de La Mojana.

También incluye el apoyo en subsidios para cultivo de comida a través de fertilizantes y así producir comida de corto plazo. Luego vamos con una estrategia que ha planteado el Presidente, que ya tiene que ver con establecer mecanismos de almacenamiento y distribución de comida, como son cadenas de comida del Estado, que permitan garantizar a largo plazo la seguridad y soberanía alimentaria. Lo otro sería la recuperación de las vías.

Bastante, los 390 municipios que han declarado la calamidad tienen colapsadas todas las vías cruciales y puentes que los tienen intercomunicados. Esto es delicado porque ha habido abandono, o sea, eso todo mundo lo conoce; digamos que las inversiones en mantenimiento preventivo y correctivo son de décadas. Los gobiernos anteriores se han dedicado a las vías concesionadas, a las vías 4G, y las vías terciarias han quedado abandonadas, entonces esas son a las que las lluvias hoy les ha pasado la cuenta de cobro.

Nosotros estamos planteando una estrategia de respuesta inmediata, que es el tema, por ejemplo, de tratar de habilitar algunos tramos viales para permitir la comunicación, sí, pero se va a requerir una recuperación adicional de entrar a revisar y ajustar lo mejor en estabilización de algunos taludes y algunas vías, y finalmente tendrá que venir un cambio del modelo de lo que serían las vías, que hemos llamado ‘Vías para la vida’, que sería un modelo donde las comunidades sean las que istren a través de un proceso de sostenibilidad en términos de mantenimiento preventivo y correctivo permanente.

Esto tiene una variable que es el fenómeno de la Niña, todo esto es consecuencia del cambio climático; se ve en el Caribe, por ejemplo, que el tránsito de los huracanes, que antes pasaban más al norte, ahora van más hacia el sur, significa que nos va a pegar mucho en nuestras costas, como ya se vio con el paso de Julia.

La temporada de lluvias que se vivió entre 2010 y 2011, en comparación con esta de 2022, ya empieza a tener cifras muy parecidas. Expertos dicen que este año ha llovido mucho más que en 2011 y lo compara, además, con las últimas cuatro décadas, y dicen que este año es el más alto.

Eso implica que hemos tenido muchas lluvias, pero aquí hay una diferencia: en 2011 tuvimos lluvias más prolongadas, mientras que en este 2022 tenemos una característica, donde ya se puede ver el efecto del cambio climático, y es que no han sido lluvias extensas, sino lluvias pico, que es como botar un baldado de agua en corto tiempo, como lo que pasó en Bosconia, que en un solo momento cayó lo que cae en un año.

Las consecuencias de todas las afectaciones son la pérdida de derechos, pérdida de vivienda, de salud, de comida... las pérdidas económicas afectan a la población más vulnerable, que, principalmente, se encuentra en población rural, pero además hay una condición, esta población es la encargada de garantizarnos la comida, así que quién va a producir comida cuando ellos están pidiendo comida.

Esta situación es la que en el análisis del decreto mencionó el presidente Gustavo Petro, el tema más complicado de esta declaratoria de desastre se llama hambre. Ya la FAO había advertido el año pasado que teníamos una predisposición para entrar a situación crítica de hambre, que ya viene en alerta roja por la población afectada luego del covid y las condiciones de pobreza, pero si a eso le suma hoy los efectos de la temporada de lluvia, el tema del hambre se va a convertir en algo muy crítico para el país.

El Plan Jarillón está casi terminado y en el Canal del Dique se está trabajando; en el caso de La Mojana, por el contrario, ha sido muy sacrificada porque en esta zona a lo único que se logró llegar es a avanzar en una estructuración de un proyecto estratégico que está formulado por 1,8 billones de pesos, se hicieron unas casas, unos puentes, una serie de obras, pero el problema sigue estando ahí. Con el rompimiento del boquete de Caregato en agosto del 2021, 37.000 familias se encuentran damnificadas.

El problema acá es que con el fin de evitar las inundaciones, lo que se ha venido construyendo son diques o jarillones a lado y lado del río, y cuando sube el nivel del río los van subiendo y subiendo, y en la medida que usted haga un muro cada vez más alto, ese muro es mucho más peligroso, porque puede fallar y al fallar puede generar una emergencia mayor.

Lo que estamos haciendo aquí es elaborar unas trampas, inundando zonas para que el agua encuentre siempre dónde reposar, estos eran antes humedales gigantescos. Hemos pensado en soluciones más integrales acá, porque cuando hicieron los diques se les olvidó el cambio climático. Hoy nos estamos planteando, para el caso de La Mojana, no seguir con estos diques, sino garantizar que el agua vuelva a ocupar estas zonas, recuperar esas zonas.

Nosotros no vamos a construir más diques, nuestra propuesta es empezar a recuperar esas zonas. En la costa hay humedales que hay que recuperar, ese es el trabajo a largo plazo del Fondo, que la recuperación no se dé en términos solo de infraestructura, sino en términos de adaptación natural, con soluciones basadas en la naturaleza.

Cualquier obra que se ejecute en La Mojana termina siendo un fracaso porque ahora está inundado eso. Generalmente, lo que hay que esperar es que las aguas bajen para poder ver el tema.

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En el caso de La Mojana, esperamos que en febrero bajen los niveles del Cauca, y se va a hacer la secación y dejaremos un boquete para el by’ que permite que el agua siga entrando cada vez que llegue a un nivel e inunde una zona, esa es la propuesta que queremos hacer, que se vuelva una solución basada en la naturaleza. Para no hacer unas obras de una cantidad de cosas que no van a funcionar, lo primero es que traslademos a las personas a lugares seguros. Hagamos evacuaciones y localización transitoria o reubicación definitiva para que estén en lugares seguros mientras se buscan soluciones.

Es un dato que es muy importante, pero que no tenemos; cuando llamo al Gobierno, es lo primero que el Presidente pregunta, pero eso se debe a que Colombia no tiene el inventario de familias en alto riesgo, porque resulta que la Ley 388 de 1998 dice que lo que se debe hacer son mapas de riesgo, pero cuando vamos a revisar esos mapas de riesgo, no alcanzan a ser 23 los municipios que lo tienen. ¿Por qué? Porque si un alcalde sabe cuántas familias tiene en riesgo, la ley lo obliga a atenderlas, a reubicarlas, las tiene que proteger, es por esto es que no hay un mapa en casi todos los municipios.

Redactor de NACIÓN- EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40