Las medidas con las que el país se prepara para el paro de este jueves

Colombia se prepara para una nueva jornada de manifestaciones con medidas que contemplan desde el cierre de pasos fronterizos, hasta la posible prohibición del consumo de alcohol en algunas regiones del país.

Migración Colombia anunció en la tarde de este martes que a partir de la madrugada de este miércoles todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país permanecerán cerrados hasta las 5:00 a. m. del próximo viernes, debido a las marchas por el paro nacional que se adelantarán el jueves en el país.

El cierre que abarca los 12 pasos fronterizos de Colombia con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, se ordenó días después de conocerse la alerta lanzada por las agencias de inteligencia que han detectado la intención de varios extranjeros de infiltrarse en las marchas.

Según Christian Kruger, director de Migración Colombia, la decisión se tomó con el ánimo de “garantizar la seguridad a todas las personas que van salir a marchar para que puedan hacer estos procesos de manera pacífica y tranquila”.

Otras de las acciones tomadas por el Gobierno contempla la expedición de un decreto que facultará a los alcaldes y gobernadores del país para tomar decisiones extraordinarias como la restricción al porte de armas, al consumo de licor, e incluso, adoptar medidas como el toque de queda.

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Precisamente, en Antioquia, el gobernador Luis Pérez, anunció que se expedirá un decreto mediante el cual se implementarán medidas como la ley seca desde este martes a las 11:59 p. m. hasta mañana a las 8 p. m.

El mandatario añadió que las universidades estarán abiertas durante el día y que se instalará un Puesto de Mando Unificado que vigilará el recorrido de las marchas. El departamento también declaró la alerta hospitalaria para atender cualquier eventualidad que se presente durante las manifestaciones.

Los alcaldes también deberán disponer de un sitio para albergar personas que sean conducidas por cualquier situación durante las manifestaciones. "Se hace esta petición para garantizar que cualquier persona que deba ser conducida por estar alterando la sana convivencia, sea ubicada en dicho lugar, el cual contará con la presencia de organismos y entidades que velarán por que se les respeten sus derechos humanos y se garantice su integridad en todo momento", explicó Pérez.

Por otro lado, según denunció la Corporación Jurídica Libertad, se presentaron allanamientos en contra de tres estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), una de las tres instituciones de educación superior del Municipio.

El testimonio entregado indica que en dos de los casos, carros particulares llegaron hasta las viviendas de los estudiantes a preguntar por ellos y, posteriormente, llegó la Policía a desarrollar el procedimiento de registro.

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“En el otro caso fue utilizado un menor de edad para confirmar los datos. De la misma forma es cuestionable que durante la diligencia en cuestión se presentaran en las casas de los estudiantes policías encapuchados y que no se permitiera leer la orden de allanamiento, ni mucho menos realizar observaciones en el acta”, indicaron los denunciantes.

En ninguno de los casos hubo capturas ni se encontraron pruebas que indicaran la comisión de delitos por parte de los estudiantes. Las autoridades decomisaron documentos acerca de la calidad de la educación superior, comunicados y algunos escritos alusivos al paro nacional de este 21 de noviembre.

En Medellín las movilizaciones comenzarán hacia las 9 de la mañana, en el Parque de Las Luces, desde donde saldrá una gran marcha hasta el centro de la ciudad, lugar en el que confluirán otras manifestaciones.

En el Atlántico, el gobernador Eduaro Verano manifestó que “si es necesario” decretará la Ley Seca y el toque de queda en el departamento.

Para Verano, “la voluntad de todo el país, y como lo ha manifestado el presidente Duque, es que exista la mayor normalidad posible: que se lleven a cabo las protestas y que nosotros podamos cumplir nuestras funciones en orden”.

Cabe aclarar que la medida de Ley Seca no sería aplicada en Barranquilla, ciudad en donde, de acuerdo con lo dicho por Clemente Fajardo, secretario de Gobierno del Distrito, serán dispuestos 4.600 uniformados para garantizar la seguridad de los ciudadanos que participen en las tres grandes marchas que recorrerán las calles del municipio.

Otra de las mandatarias que contempla restringir el consumo de licor y el porte de armas este 21 de noviembre es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien informó que tanto la Secretaría de Movilidad de Cali como la Policía y el Ejército estarán atentos a cualquier anomalía durante las manifestaciones que se espera arranquen desde el sur de la ciudad y recorran la calle Quinta para culminar en la Plazoleta San Francisco, centro de la capital del Valle.

Finalmente, en Bogotá, Jairo García, secretario de Seguridad del Distrito, explicó que la seguridad durante las marchas estará a cargo de la Policía Metropolitana, los gestores de convivencia y la Personería.

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En la capital del país, donde líderes estudiantiles también denunciaron allanamientos por parte las autoridades, las manifestaciones partirán desde cinco puntos estratégicos de la ciudad y tomarán vías como la Calle 26, la carrera séptima y la carrera 30, hasta llegar a la Plaza de Bolívar en horas de la tarde.

Carlos Amaya, Gobernador de Boyacá, firmó este martes un pacto con las autoridades que dejó en firme la decisión de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no hará presencia en las movilizaciones del paro en ese departamento.

“Como experiencia de líder estudiantil, sé que cuando hay Esmad en las calles, eso lo que hace es alterar los ánimos”, señaló Amaya.

Este compromiso solo se mantendrá si las movilizaciones no presentan ninguna situación de violencia.

El procurador aseguró que el paro del jueves es una oportunidad para establecer una mesa de diálogo social que lleve a un consenso político, y dijo que la Procuraduría será garante para que la protesta se desarrolle sin violencia. Afirmó que en una democracia es muy importante reconocer el valor de la protesta y escuchar a la opinión pública para “sintonizarse con los nuevos tiempos y enderezar el camino”.

Según Carrillo, “una democracia fuerte no puede sentir pánico con la protesta social. Ni la deslegitima, ni mucho menos la menosprecia, la estigmatiza o la distorsiona con propaganda sustentada en el miedo”.

El Procurador sostuvo que, ante la crisis, la repuesta del Gobierno no debe ser la fuerza arbitraria, sino “el diálogo social”. Y dijo que a 28 años de la Constitución del 91, se necesita un nuevo “pacto social y político” que interprete las nuevas realidades del país.

Al hacer énfasis en el diálogo, Carrillo dice que “es hablando, no destruyendo, como las sociedades construyen su futuro”. Por eso invitó a realizar un acuerdo político que “impida que Colombia pierda el rumbo democrático, la polarización nos gane la partida y el odio nos destruya el futuro”.

También invitó a hacer una protesta pacífica, pues el paro “no puede ser visto como un día D para medirle la capacidad de respuesta al Estado por la vía de la violencia, sino como un día D para fortalecer la democracia por el camino del diálogo”.

Así, dice Carrillo, “el 21N no es el día cero para incendiar a Colombia. Por eso, el primer y más urgente llamado es a rechazar la violencia y la injerencia abusiva de los actores armados ilegales”.

El Contralor General afirmó que el derecho a protestar está consagrado en la Constitución Nacional “y hace parte de los más genuinos valores democráticos”.

También señaló que “la posibilidad de disentir anima el debate público y llama la atención sobre la efectividad de las distintas políticas públicas”.

Según Córdoba, el derecho a protestar, como cualquier otro derecho, tiene límites. Y esos límites están enmarcados en el respeto a los derechos de los demás, como el derecho a la propiedad, el cuidado de los bienes públicos y la protección de la vida y la integridad de las personas. “Violar derechos por ejercer derechos anula la legitimidad de ese ejercicio”, manifestó el Contralor.

El fiscal general encargado, Fabio Espitia, afirmó que su organismo “no hace valoraciones de ningún tipo con relación a los motivos de las jornadas de protesta”. Según el Fiscal, hacer esas valoraciones no es de su “competencia”.

Sin embargo, señaló que la competencia de la Fiscalía está relacionada con la judicialización de eventuales actos delictivos que se presenten en las marchas “o bajo el ropaje de las protestas sociales”.

Por eso, dijo el Fiscal, dispuso de un grupo de 107 fiscales para poder judicializar a quienes sean detenidos por posibles conductas delictivas.

REDACCIÓN NACIÓN