Una joven, uniformada, de rostro angelical sostiene un bebé en los brazos.
Al bebé, de apenas cuatro días de nacido, lo habían abandonado en un basurero del barrio La Quinta, hasta donde llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena para rescatarlo.
La noticia se hizo viral aquel 29 de noviembre del año 2018.
Ese rostro angelical, de aquella joven policía que sostiene al bebé abandonado, es el de Daniela Echeverry Gómez, quien por entonces fue símbolo de una institución que estaba luchando por los derechos de los niños, en una ciudad que históricamente ha maltratado a sus niños y jóvenes.
Entonces, la patrullera Daniela Echeverry Gómez fue destacada por sus superiores como la líder del grupo de Infancia y Adolescencia que participó en el operativo en cual le habían arrebatado al pequeño de las garras de la miseria.
Sin embargo, cuatro años después, el pasado 27 de diciembre, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, contra la misma joven: Daniela Echeverry Gómez, patrullera de la Policía Nacional, hoy procesada por los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución.
La patrullera Echeverry Gómez espera en la cárcel de mujeres del municipio de Turbaco (Bolívar) las audiencias con un juez de conocimiento, las cuales se deben llevar antes de seis meses.
La foto de aquel rescate al infante fue replicada por la Policía Nacional como un símbolo: una joven agente valerosa con el bebé en los brazos recién rescatado.
En redes sociales la patrullera Echeverry
Gómez hacía alarde de sus viajes en yates
Tras varios meses de seguimientos e interceptaciones telefónicas, esta joven, de 27 años, fue capturada en el municipio de Cravo Norte, en el departamento de Arauca, donde prestaba sus servicios a la institución. Pero los delitos los había cometido en Cartagena.
"La evidencia obtenida, a través de agentes encubiertos, líneas interceptadas, declaraciones de víctimas, registros de cámaras del sector y otras actividades investigativas, dan cuenta de que estas personas, al parecer, captaban jóvenes en condición de vulnerabilidad y las inducían a ofrecer servicios sexuales en el sector de la Torre del Reloj y otros sitios del Centro Histórico de la ciudad", señaló la Fiscalía.
La patrullera Echeverry Gómez llevaba una doble vida: cuando no era una agente ejemplar al servicio de la policía en Cartagena, en redes sociales hacía alarde de sus viajes en yates al balneario de Cholón e islas del Rosario, en compañía de otras jóvenes, que hacían parte de catálogos de explotación sexual que eran ofrecidos a turistas.
Patrullera había prestado servicio en la Unidad de Infancia y Adolescencia de Cartagena durante 5 años
Según el comandante (e.) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Wilson Parada, la patrullera había prestado sus servicios en la Unidad de Infancia y Adolescencia de Cartagena durante cinco años, tiempo durante el cual habría llevado una doble vida como agente de policía y reclutadora de una red de trata de personas.
“Ella inicialmente trabajó en la ciudad de Cartagena durante cinco años, en la seccional de servicios especializados de infancia y adolescencia. Se trataba de un agente corruptor: ella lo que hacía era acudir a otras funcionarias de la institución para que ejercieran la prostitución y no solo dentro de la institución, además de manera externa”, señaló el coronel Wilson Parada, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Patrullera Echeverry Gómez habría captado a integrantes de la institución para que ejercieran actividades de tipo sexual
El ente acusador logró establecer que la patrullera Echeverry Gómez habría captado a integrantes de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual. Los dineros obtenidos producto de la actividad ilegal eran repartidos con la ciudadana venezolana Bertha Ramírez Torres capturada en el Centro Histórico de Cartagena.
Este escándalo se suma al de Dana Carolina Morales Palma, integrante de la Policía, quien trabajaba como analista de tesorería de la Dirección General, pero fue arrestada por el desvío de más de $ 200 millones de la institución, que luego transfería a terceros, incluyendo a familiares.
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