‘Mejorar la calidad de vida de los presos es una inversión rentable’

En muchos países, la demanda por espacios y servicios en las prisiones está aumentando más rápido que la oferta. Colombia no es la excepción: entre 1991 y 2019, la población carcelaria colombiana aumentó de 29.000 a 122.000 internos, mientras que los cupos carcelarios pasaron de 28.000 a 80.000.

Estos patrones llevan a preguntarnos cómo la calidad de vida en las prisiones afecta el comportamiento de los internos una vez obtienen su libertad. La intuición sugiere que el paso por prisión debería reducir el riesgo de reincidencia, es decir que debería disuadir a los criminales de cometer nuevos delitos y debería rehabilitarlos para que puedan incorporarse al mercado laboral.

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Pero ¿qué ocurre si las prisiones no tienen espacio y ofrecen servicios deficientes? Dado que el castigo sería más severo, podría pensarse que la disuasión sería mayor. Pero hay razones para pensar que ocurre lo contrario por lo siguiente:

Como lo analizo en un trabajo reciente, en el contexto colombiano, las malas condiciones de reclusión tienen una relación directa con la reincidencia del crimen y esto, a su vez, tiene importantes costos económicos y sociales.

Entre 2010 y 2013 se habilitó una nueva infraestructura carcelaria en Colombia: se crearon nuevos establecimientos –llamados de tercera generación— y se ampliaron y modernizaron algunas prisiones antiguas. Incluso hoy, los establecimientos de tercera generación tienen menores niveles de hacinamiento.

Las nuevas prisiones tienen un mayor gasto por interno y una mayor tasa de participación en programas de resocialización. Además, en las nuevas prisiones se interponen menos acciones de tutela que en las viejas prisiones, donde son comunes los reclamos por asuntos relacionados con la mala alimentación, el deficiente a bienes y servicios, problemas de infraestructura y afectaciones a la salud, entre otros.

En mi investigación, comparo la probabilidad de reincidencia —medida como la probabilidad de reingreso al sistema penitenciario en el transcurso de un año después de egresar— entre internos asignados a nuevas prisiones e internos asignados a viejas prisiones.

Estos dos grupos son prácticamente iguales en sus características demográficas y su perfil criminal, y se diferencian únicamente en que unos fueron asignados a prisiones en mejores condiciones.

Los resultados sugieren que las personas asignadas a la nueva infraestructura tienen una probabilidad de reincidencia menor. La diferencia es de alrededor del 36 por ciento y sus efectos no son transitorios: tres años después de haber salido de prisión, la diferencia en la probabilidad de reincidencia entre unos y otros internos es del 38 por ciento, y la magnitud del efecto medida en puntos porcentuales aumenta de manera sostenida.

¿Qué explica el efecto de las condiciones de reclusión sobre la reincidencia? En el trabajo, también examino los factores que podrían explicar esta relación, y encuentro tres posibles motivos.

Tras su paso por viejas prisiones, los internos parecen desarrollar un mayor capital criminal, es decir, más redes y habilidades criminales. Esto se debe, entre otros factores, a que en las viejas prisiones se necesita ser parte de una mayor red interna para la supervivencia. En estas prisiones, una parte importante de la regulación interior recae sobre grupos criminales, que controlan patios y pasillos. Los internos deben trabajar para grupos criminales si quieren tener condiciones de vida decentes: una cama, frecuente a un baño, o trabajar para generar ingresos, por ejemplo, vendiendo drogas.

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En las viejas prisiones, el capital humano de los internos parece deteriorarse. Por un lado, en estas prisiones hay un más restringido a programas de resocialización. Por otro lado, estos programas parecen no atender las necesidades de entrenamiento ocupacional y de educación de los internos. 

La escasez de recursos de la autoridad penitenciaria no permite ofrecer programas innovadores para atender las necesidades de los internos. Algunos requieren educación; otros, formación ocupacional; otros, terapias y apoyo psicosocial. Algo de esto se hace, pero de una manera relativamente limitada.

El paso por las viejas prisiones es una peor experiencia, en muchas dimensiones, que el paso por las nuevas prisiones. Las viejas prisiones colombianas tienen niveles de ocupación del 176 por ciento, similares a las de Liberia (166 por ciento), Brasil (164 por ciento) y Honduras (179 por ciento). En cambio, las prisiones de tercera generación (prisiones nuevas) tienen niveles de ocupación del 112 por ciento, similares a las de Chile (111 por ciento), Reino Unido (110 por ciento) o Francia (116 por ciento).

El hacinamiento, los malos tratos y las menores oportunidades de resocialización llevan a peores condiciones de vida. Una forma de medir estas condiciones de vida es la probabilidad de morir, que en una vieja prisión es 80 por ciento mayor que en una nueva prisión. Por eso, las personas que pasan por viejas prisiones parecen estar menos motivadas para tener una relación adecuada con la sociedad.

Finalmente, si hacemos una evaluación costo-beneficio del cambio en el bienestar de los internos, derivado de la construcción de las nuevas prisiones, encontramos que este es un esfuerzo que vale la pena.

Por un lado, construir cada cupo carcelario tiene un costo y requiere un presupuesto adicional para istrarlo. Las viejas prisiones colombianas tienen un gasto de 15 millones de pesos por interno (12.000 dólares ajustados por paridad adquisitiva), similar al gasto de Serbia (10.000 dólares), Montenegro (11.000 dólares) y Grecia (13.000 dólares).

En cambio, las prisiones de tercera generación (nuevas prisiones) tienen un gasto de 29 millones de pesos por interno (24.000 dólares ajustados por paridad adquisitiva), similar al gasto de República Checa (21.000 dólares), Estonia (28.000 dólares) o Portugal (29.000 dólares). En países como Noruega, con una ocupación del 92 por ciento, o Australia, con una ocupación del 95 por ciento, los gastos anuales son de alrededor de 100.000 dólares por interno.

Pero, por otro lado, el crimen genera costos sociales. En mi trabajo estimo que el efecto neto del mayor gasto en prisiones, menos el costo social del crimen, es positivo si el costo social promedio por crimen es mayor de 2,5 millones de pesos. Este es un valor muy bajo si se tiene en cuenta que cerca del 2 por ciento de las personas que analizo fueron condenadas por homicidio y el 3 por ciento, por delitos sexuales. Al hacer este análisis, se encuentra que el cambio en el bienestar de los internos deja más beneficios que costos en solo tres años.

(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas incidan más en la toma de decisiones y el análisis de las distintas problemáticas del país.

El hacinamiento carcelario también se ha convertido en un problema en los centros de detención transitoria. Esta situación, en medio de la pandemia, ha llegado a un punto de emergencia. Y a propósito de que algunas Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Bogotá han rebosado su capacidad (hay estaciones que tienen hasta diez veces más personas en reclusión de lo que deberían), el Ministerio de Justicia dio a conocer el miércoles una medida con la que esta cartera pretende disminuir el número de personas que están en las URI de Bogotá: la semana entrante trasladarán a 576 personas recluidas en estos centros a diferentes cárceles del país.

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