¡Tragedia ambiental! Autoridades denuncian que se talaron casi 9.000 árboles en construcción ilegal de una vía cerca a Cúcuta

Las afectaciones se registraron en la vereda Ayacucho, en una zona que ostenta desde el 2019 una declaratoria emitida por Corponor, por tratarse de un Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI).

Lo ocurrido impactó a una amplia diversidad biológica asociada con arbustos sucesionales, epifitas y el hábitat de importantes especies de fauna silvestre presente en la zona, dejando el terreno expuesto a la pérdida de suelos e incremento de la erosión durante las lluvias

Humberto Camacho, director de la corporación, indicó que la comunidad fue quien alertó acerca de la tala masiva de árboles y la apertura de más de cinco kilómetros de vía en plena área de conservación. El operativo se realizó el pasado 30 de mayo.

“Este caso fue dado a conocer a la Fuerza Pública, Fiscalía y Gobernación, con el fin de organizar un operativo conjunto que cumpliera con todos los protocolos garantistas y de legalidad antes de entrar a la zona. Una vez organizado este, se ingresa en compañía de todos los actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA), frenando el impacto ambiental”, sostuvo Camacho. 

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Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de la comunidad y líderes ambientales, la deforestación en la vereda Ayacucho se inició desde hace un año, fecha en que algunos pobladores habrían advertido a las autoridades.

“Desde esos primeros reportes de junio de 2023, los obreros de esa vía tuvieron toda la libertad de cortar y atentar contra la fauna y la flora del lugar. No entiendo por qué no hubo medidas preventivas, al menos haber revisado si los propietarios de los predios tenían los permisos necesarios”, indicó un líder ambiental, quien no reveló su nombre para proteger su integridad.

Aunque la ciudadanía coincide en el reclamo a la Fiscalía, otros señalan que Corponor podría haber intervenido meses atrás. A los predios Cerro negro y Cascarillo -contiguos al lugar afectado- sí les fueron emitidas medidas de prevención, pero lo mismo no se aplicó al predio La Hollada, donde casi 9.000 árboles desaparecieron.

“Nadie puede tumbar un bosque sin tener autorización, o sin mirar si el uso del suelo se lo permite, mínimo tiene que tener un permiso de aprovechamiento forestal. Tampoco se pueden abrir vías porque al hacerlo cometen erradicación de material vegetal”, agregó el líder.

Ante las acusaciones, el director de Corponor invitó a la comunidad a elevar ante las autoridades las denuncias, e insistió en que fue la autoridad ambiental quien alertó a la Fuerza Pública para ir al sitio y frenar la deforestación.

“Tenemos un proceso abierto a uno de los propietarios de esos lotes por tala y quemas, pero por aperturas de vías no teníamos conocimiento. Sería bueno que la comunidad dijera los nombres de los funcionarios que, según ellos, podrían estar enterados de semejante barbaridad y así, en dado caso, poder hacer las denuncias pertinentes. Creo en mis funcionarios y sé que ninguno se prestaría para eso”, sentenció Camacho.

Tras la brutal muerte en abril del 2023 de la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez, en una vía que comunica con San Cayetano, algunos veedores han optado por guardar silencio ante los delitos contra los recursos naturales que se originan en el área metropolitana de Cúcuta. 

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Sara Isabel Ramírez, inspectora de Policía de San Cayetano, afirmó que desde hace dos meses atendió llamadas y denuncias anónimas que alertaban sobre el daño ambiental en el predio La Hollada de la vereda Ayacucho.

Algunos de los denunciantes se negaron a acompañar a la funcionaria hasta el predio para evitar conflictos con el propietario, quien presuntamente ha usado violencia verbal y les ha dicho que “ese es su terreno y que en él podía hacer lo que quisiera”.

“En el operativo se logró la captura de estas personas y ahí llegó el propietario del predio, quien ya tiene un proceso sancionatorio con Corponor. He iniciado las acciones policivas de mi competencia y espero que la Fiscalía y Corponor sancionen categóricamente. Los dos capturados son trabajadores, pero el que hizo el daño y lo consintió fue el propietario”, dijo la inspectora.

La zona afectada por la tala masiva es un ecosistema que cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, que establece la adecuada istración y manejo, e incluye un programa de monitoreo con el apoyo de guardabosques.

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Además, el DRMI Pozo Azul cuenta con una estrategia para hacer acuerdos comunitarios que autorizan la presencia de títulos legales de extracción de carbón. Estos permisos se aplican a predios que están fuera del área protegida, y con los que se tienen firmados acuerdos de conservación.

Estos acuerdos no habrían sido acatados por Hugo Horacio Guevara, quien presuntamente ordenó la apertura de la vía para tener a una mina de carbón. Guevara y su esposa Leonora Pérez son reconocidos empresarios dedicados a la extracción, transporte y comercialización de carbón en Norte de Santander.

En el operativo del pasado 30 de mayo, fueron decomisadas una máquina retroexcavadora amarilla, una motosierra y 55 galones de AM. Dos trabajadores fueron capturados en flagrancia.

Hasta ahora se desconoce si los dos capturados recibieron medida privativa de la libertad. El caso está a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.

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De acuerdo con la Ley 2111 del 2021, quien sin permiso de la autoridad competente “tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural incurrirá en prisión de 5 o hasta 12 años; y una multa que va desde 134 hasta 50 mil SMLMV".

En Norte de Santander, durante el 2022, casi 8.000 hectáreas fueron deforestadas. Este difícil panorama se presenta con mayor intensidad en el Catatumbo. En Tibú, por ejemplo, 6.438 hectáreas terminaron arrasadas por la deforestación.
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