Estos son los problemas en la millonaria inversión de los CIC

Un programa que tiene como meta fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana incluyendo a territorios posconflicto, ha invertido 745 mil millones de pesos en la construcción de 880 obras denominadas Centro de Integración Ciudadana (CIC).

El resultado, 723 municipios con una cancha polideportiva cubierta, con graderías, camerinos, baños, una oficina para un coordinador y tres puestos de trabajo y una tarima. Sin embargo, el descuido de las istraciones locales y la falta de planeación y control está dando al traste con varias de ellas.

El programa CIC es del Ministerio del Interior, financiado con dineros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon). Los alcaldes, a través de las istraciones locales, aportan los lotes que deben ser del Municipio y también son los encargados de licitar y ejecutar la obra.

La alianza de medios que hace posible este proyecto de investigación de Consejo de Redacción visitó 26 de estas obras en Nariño, Caldas, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Antioquia, y encontró que algunas se encuentran en mal estado, están en condición de abandono, fueron suspendidas y otras se construyeron muy lejos de los centros urbanos, por lo que a la comunidad se le dificulta usarlas con regularidad, según lo manifestaron.

La Contraloría General de la Nación, ente encargado de fiscalizar los dineros públicos de las contrataciones, puso el ojo en el programa, pero solo pudo recorrer una muestra de 80 obras, lo que implica el 10% del total de los CIC; en el de Ocaña reportó un daño al patrimonio público de 470 millones de pesos, un hecho que en su momento denunció el Ministerio del Interior.

La gran conclusión de lo hallado en las obras visitadas, según una entrevista concedida por Felipe Córdoba, contralor general de la Nación es que “hay mala gestión, falta de planeación, tienen problemas de ejecución”.

A finales de 2013 el país seguía con atención los diálogos de paz de La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. Aurelio Iragorri Valencia era ministro del Interior, se trabajaba en la reelección de Juan Manuel Santos como Presidente de la República y el Ministerio del Interior estaba empeñado en fortalecer acciones del Estado en el territorio.

El 24 de octubre de 2013, ante el Comité Evaluador de Fonsecon, que preside el Ministro del Interior, en ese entonces Iragorri, se presentó el proyecto Centros de Integración Ciudadana (CIC). El acta contempla como objetivo general del programa “construir un modelo de intervención y ocupación física del territorio, mediante un escenario de articulación e integración social de actores locales en el cual se desarrollen con carácter preventivo metodologías de convivencia social de carácter cívico, lúdico, pedagógico, cultural y recreativo, en pro del mejoramiento de las relaciones de convivencia, civilidad y cultura ciudadana en la prevención del delito en los municipios del país”.

En el mismo documento, en la página 8, se resalta la necesidad de estos espacios para “fortalecer la tolerancia en medio de la diferencia en el proceso de posconflicto”.

La Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior estableció un ‘coliseo’ prototipo al que se le hacen adaptaciones de acuerdo a su ubicación. Se contempló igualmente la organización de los procesos de licitación, contratación e interventoría de las obras, como indica la Ley.

En 2014, siendo ministro del Interior el liberal Juan Fernando Cristo, se celebró otra reunión del Comité Evaluador de Fonsecon en el que se revisó la ejecución presupuestal del fondo, el listado de recursos para diseños y construcción de CIC; la viabilidad de las obras y la adición de 2.771 millones de pesos para 9 de estos centros, 3 de ellos en Norte de Santander, de donde es oriundo el exministro.

El acta número 12 suscrita el 2 de octubre de 2014, en su página 20, hace referencia a la reprogramación de los dineros para los CIC, “considerando que las condiciones actuales del país están enfocadas a temas de paz, reconciliación, restitución de tierras, zonas de posconflicto, zonas de consolidación y reparación de víctimas, entre otros, por lo cual enfatiza que al finalizar el nuevo cuatrienio el país debería tener una cobertura importante en el desarrollo de este tipo de proyectos. De acuerdo con lo anterior se debe programar la entrega de 200 CIC por año…”. El acta fue firmada por Cristo.

Tres meses después de ser reelegido, el presidente Juan Manuel Santos inauguró en Puerto Caicedo, Putumayo, el primer CIC del país. Esta obra, que ya se venía desarrollando, fue adaptada a las nuevas especificaciones del modelo estándar CIC que propuso el Ministerio del Interior.

En esa ocasión, Santos aseguró: “Vamos a seguir construyendo más Centros de Integración Ciudadana como este […] Tenemos previsto hacer por lo menos 250 en diferentes municipios porque este es un centro que lo hemos estudiado, multipropósito, y que ayuda mucho a que las comunidades se junten, se unan y se diviertan, y puedan progresar unidas”.

Gracias al jugoso presupuesto del Fonsecon, que solo para 2015 hizo apropiaciones por más de $272.000 millones, y al impulso que tanto el Presidente como el Ministro le dieron al proyecto, se desató una seguidilla de estas inversiones en todo el país.

El hecho fue criticado en noviembre de 2017 por César Gaviria Trujillo, expresidente y líder del Partido Liberal, quien dijo que los CIC se estaban usando para hacer política y que se estaban repartiendo a los alcaldes del entonces Ministro Cristo.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, quien sucedió a Juan Fernando Cristo, continuó los CIC, pero en una proporción menor. El 5 de noviembre de 2017, junto con seis del Comité Evaluador de Fonsecon, tomó una decisión que quedó en el acta: “...revocar la aprobación y asignación de recursos de Fonsecon a los proyectos (viables)... la anterior solicitud obedece a que el país afronta un periodo pre-electoral complejo, con una notoria polarización política, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, la consulta del partido liberal para la elección de su candidato presidencial y el trámite legislativo de la JEP, las cuales son situaciones que pueden llevar malintencionados señalamientos a los del comité de posibles favorecimientos a diferentes actores y una probable configuración de participación en política”.

Rivera se refirió a ello en una entrevista para este artículo: “Yo mismo le pedí al Comité revocar una decisión grande que habíamos tomado en el 2017. ¿Y por qué lo hice? Porque ya iba a comenzar la campaña al Congreso. Se iba a desarrollar una consulta liberal para escoger candidato presidencial y empezó todo el rumor que suele ocurrir cuando hay una campaña de por medio… Se revocó precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia de carácter político”.

Juan Fernando Cristo se retiró del Ministerio del Interior para ser precandidato presidencial y participó de la consulta del Partido Liberal realizada el 19 de noviembre de 2018, la cual no ganó. En entrevista para este reportaje dijo que “Gaviria armó la pataleta que estábamos usando el programa… Ese comité revocó antes de las elecciones y para darle tranquilidad al Presidente”.

Tanto Rivera como Cristo confirmaron que las más beneficiadas con el programa han sido las comunidades, pues en muchos municipios esta es la obra más importante y quizás la única que se constituye en centro de actividades lúdicas y recreativas de la población. De los CIC visitados para este reportaje, unos cumplen con este objetivo y confirman lo dicho por los exministros, pero otros, por el contrario, están abandonados por falta de istración adecuada.

Las obras físicas de los CIC son cubiertas totalmente con dinero del fondo y a las istraciones municipales les corresponde aportar los lotes donde se construirán, así como los acabados, obras complementarias, servicios públicos y la mano de obra para asegurar su funcionamiento. En promedio por cada CIC se invierten $959 millones.

Si un municipio quiere un CIC, debe solicitarlo mediante un procedimiento similar al del Sistema General de Regalías, es decir, presentando proyectos que evalúa un comité técnico. En teoría, todo municipio puede acceder a un CIC si cumple con los requisitos y presenta un proyecto viable.

Según el acta de 2014 del Comité Evaluador de Fonsecon, firmada por Cristo, “para la aprobación de los proyectos viabilizados se tendrán en cuenta condiciones enfocadas a temas de paz, reconciliación, restitución de tierras, posconflicto y reparación de víctimas, entre otros, por lo cual enfatiza que se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: situaciones de orden público, municipios de zonas frontera, categoría municipal, municipios en zona de consolidación, municipios sujetos a reparación colectiva".

En 2019 Fonsecon cuenta con un presupuesto de $242.000 millones, que se alimenta de contribuciones del 5% de los contratos de obra de las instituciones del orden nacional y de un 0,25% de los recaudos de las concesiones en todo el país.

Seguirle el rastro a la plata de los CIC en el país no es nada fácil y deja ver un desorden al interior de varias entidades del Estado. Para empezar, la publicación de la información sobre la millonaria contratación no es eficiente.

El primer acercamiento a los datos que realizó esta alianza se hizo con base en una respuesta del Ministerio del Interior al diario La Patria. Es un listado en papel que tiene los números de los convenios suscritos por dicha cartera con los entes territoriales, para el giro de los recursos que haría posible la construcción de los CIC.

Sin embargo, al buscar los números de convenio en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop 1 y 2, para identificar específicamente los contratos firmados, con qué contratistas, el objeto contractual, entre otros aspectos, se detectaron múltiples fallas. Se encontraron convenios duplicados que corresponden a los años 2013, 2014 y 2015.

Si se consulta directamente a funcionarios del Secop por el desorden de la información, simplemente argumentan sin que se puedan citar sus nombres, que Secop 1, que es la base de datos de contratos más grande de las entidades territoriales, es análoga y susceptible a errores que nadie corrige. Y que por eso hace un año se abrió Secop 2. Lo cierto es que esta contiene poca información solo de Bogotá e instituciones del orden nacional, y escasa sobre contratación de los entes territoriales.

Tras el cruce de datos, por lo menos 16 convenios suscritos entre el Ministerio del Interior y las alcaldías aparecen repetidos según información del Secop 1, otros ni siquiera se pueden rastrear en el sistema. Doce representantes legales de las firmas constructoras tienen inconsistencias en sus números de identificación, ya que un mismo nombre tiene dos números de cédula distintos en los contratos en físico.

Asimismo, no hay un método unificado para almacenar los contratos en las bases de datos que permita la trazabilidad, lo cual va en contra del principio de transparencia de la información pública, consagrado en la Ley de a la Información.

El caso es que tras hacer un rastreo y cruce de información, que muy posiblemente no arroja todos los Centros de Integración Ciudadana contratados debido al desorden de la información, la construcción de los CIC ha cubierto todos los departamentos del país, excepto Guainía.  

De otro lado, mientras en algunos departamentos como Antioquia tienen hasta 90 CIC, en otros como Guaviare, Amazonas y San Andrés y Providencia, solo hay uno. Así mismo hay casos de ciudades que cuentan con más de 3 centros para su población.

La Contraloría General de la Nación realizó tres auditorías a las obras de los CIC, 2015, 2017 y 2018. En los informes advirtió sobre falta de control de las obras y cuestionó a varias alcaldías municipales y contratistas sobre las mismas. Se refirió a debilidades en el seguimiento y control de los convenios de construcción y en los estudios y diseños de los CIC. También detectó fallas en la asesoría de Fonsecon a los entes territoriales, lo cual derivó en que el Ministerio devolvió a las alcaldías varios proyectos.

El ente de control adujo falta de transparencia del MinInterior, ya que no publicaron los documentos y actos istrativos referentes a la contratación en el Secop 1 como lo establece el Decreto 1510 de 2013, lo cual se tradujo en “omisión a las garantías constitucionales”.

En un segundo informe de auditoría (2017), dirigido directamente al ministro del Interior Guillermo Rivera, también liberal y sucesor de Juan Fernando Cristo, fueron auditados 43 convenios en 16 departamentos del país. En ellos se detectaron fallas en el sistema de desagües, ya que muchos centros auditados presentaron inundaciones. El Ministerio respondió que las obras eran responsabilidad de los Alcaldes

La construcción del CIC de Chibolo tardó cuatro años y las obras se terminaron incluso después de vencido el convenio, ante lo cual, en abril de 2017, el Ministerio demandó al municipio por incumplimiento del contrato.

El tercer informe, 2018, fue dirigido a la actual ministra, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, y entre otros aspectos, allí está relacionada la configuración al detrimento en el CIC de Ocaña.

En el documento de auditoría el Ministerio no se hizo responsable de ninguno de los hallazgos de la Contraloría, por los fallos en las obras ni en los estudios, pues calificó las observaciones como una “confusión de los límites de competencias, usurpación y extralimitación de las funciones públicas”. La Contraloría, por su parte, manifestó reiteradamente que la ejecución de los CIC es parte de la política de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio, para la cual Fonsecon aporta los fondos.

Felipe Córdoba reconoció en la entrevista que lo más complejo es que no se puede llegar a la revisión de todas las obras, para determinar si las mismas cumplen los objetivos para los cuales fueron construidas: “Ojalá pudiésemos llegar a todos, lo que pasa es que aquí se logró tener fue una muestra por eso es que es tan importante el proyecto de acto legislativo que hoy está cursando en el Congreso, porque lo que buscamos evidentemente es no llegar al 17% de verificación del recurso público, al que llegamos hoy dentro del presupuesto general de la Nación, sino llegar a un 85-90%, pero, para eso, necesitamos una mayor planta, mayor tecnología”.

De otro lado, como respuesta a una solicitud de información para este reportaje, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública confirmó por escrito que en sus sistemas de información hay un proceso disciplinario activo, en etapa probatoria e indagación preliminar, por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del Ministerio del Interior en el manejo de los convenios istrativos realizados con la alcaldías, la gestión fiscal y ejecución de los Centros de Integración Ciudadana, a corte del 31 de diciembre de 2017.

Los convenios que están bajo la lupa por parte del Ministerio Público son los firmados con el municipio Cerro de San Antonio y Chibolo, en Magdalena; Ocaña, en Norte de Santander; Repelón, en Atlántico; Pinillos, en Bolívar; Nariño, en Antioquia y Garagoa, en Boyacá.

Entre tanto, la Fiscalía reportó varios procesos de investigación y otros en estado de indagación, sobre los proyectos CIC.

Los CIC no son un programa hecho con dineros de la paz sino del Fonsecon, pero en palabras de Juan Fernando Cristo, él insistió cuando llegó al Ministerio en “priorizar estos centros en los municipios afectados por el conflicto”. Para ese momento había varias listas con los territorios posconflicto, entre ellas un estudio elaborado por la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior que se se refería a más 500 en todo el país.

Cristo explica que “cuando nombran a Pardo Ministro del posconflicto, nosotros salimos a departamentos con Pardo, vamos a Antioquia. Salimos juntos como a comienzos de 2016. Entre enero y febrero visitamos como a 10 departamentos, y parte de la oferta, vuelve y digo sin que fuera plata del posconflicto, era un poco darle la mano a Pardo que hasta ahora se estaba montando en eso y decir este es un programa que sí tiene impacto en este municipio y mostrar que el Gobierno ya estaba llegando con algo, sin que se supiera cuáles iban a ser los municipios PDET. No se había firmado el acuerdo todavía. Pero sí lo dijimos, vamos a priorizar esto para que vayamos preparando a la gente en un tema de convivencia para el posconflicto”. 

Así las cosas el programa comenzó antes de que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial definiera cuáles serían los 170 municipios priorizados tras la firma del acuerdo Gobierno - Farc y no con la plata de la paz que se comenzó a definir a partir de la firma del Acuerdo.

Tras las sumas y restas, esta alianza de medios se pregunta: ¿Hace falta una evaluación exhaustiva por parte del Ministerio que incluya los 880 CIC para determinar si realmente están ayudando a las poblaciones a las cuales quieren impactar?

Sin duda, el programa puede ser mejorado en pos de las comunidades y la inversión del dinero público y más se tiene en cuenta que este continúa, pues en 2019 se solicitó dinero para construir 61 CIC y según el Comité 3 de Fonsecon, se aprobaron 19 por un valor que supera los 20 mil millones de pesos.