Los ‘siete pecados capitales’ del Ministerio de la Igualdad, cuya existencia está hoy en la cuerda floja

Alta carga presupuestal y burocrática, entre lo que se le critica a la cartera de Francia Márquez.

La Corte Constitucional dejó en vilo la existencia del Ministerio de la Igualdad. Foto: EL TIEMPO

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Rafael Quintero Cerón

EDITOR DE UNIDAD DE DATOS09.05.2024 11:01 Actualizado: 09.05.2024 14:51

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"Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución. En 100 años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros". Con esas palabras, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, justificó uno de los pecados que más le han endilgado a la joven cartera que preside: el casi nulo uso de su presupuesto, uno de los más abultados del Ejecutivo.

Pero no es el único. Desde que inició su funcionamiento a mediados del año pasado, esta cartera ha estado en el centro del debate. Y ahora aún más, luego de que su legalidad y existencia quedaran en la cuerda floja con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley que lo creó y ordenar al Congreso subsanar los vicios en el trámite de la norma.

Y no ha sido solo por lo ambicioso de su finalidad, que es la de articular a todas las entidades e instituciones que tienen que ver con temas de atención a poblaciones vulnerables, sino porque demanda un aparato de funcionamiento muy grande en un Gobierno que tuvo como bandera inicial la austeridad.

Pero no solo eso. Son pocos los resultados o avances que ha podido mostrar la entidad. En respuesta, la vicepresidenta Márquez expuso que las demoras tienen que ver con la necesidad de ajustarse a los procedimientos de ley, muchos de ellos dilatados y llenos de requisitos. "No me pueden pedir más allá, estoy cumpliendo los procedimientos definidos por el Estado en términos de istración pública”, dijo en el Legislativo.

Pero más allá del debate, están los datos públicos que muestran un innegable retraso en temas presupuestales, de ejecución y de contratación que le han generado un inmenso ruido a esta cartera, la más joven del país, y que ahora con la decisión de la Corte Constitucional tiene su existencia en vilo.

Una alta carga burocrática

Cuando se conocieron los decretos reglamentarios para la creación del Ministerio de la Igualdad, salieron a la luz duras críticas frente al tamaño del aparato estatal que requería. De acuerdo con la reglamentación de esta cartera, se contempló para su funcionamiento una nómina de 744 personas, entre ministra, viceministros, asesores y demás funcionarios.

Por ejemplo, solo en la oficina de Francia Márquez están contemplados ocho asesores, dos conductores y dos secretarios del despacho. Además de eso, se decidió que debía haber cinco viceministerios Juventud, Mujeres, Pueblos Étnicos y Campesinos, de Territorios Excluidos y de las Diversidades. Cada uno, con un asesor grado 12, que es de los mejor remunerados.

También está determinada una planta de personal de 706 personas para llenar las plazas de 21 direcciones, entre ellas las de superación de la pobreza, población migrante, personas en situación de calle y para atender pueblos indígenas, rom, comunidades afrodescendientes y campesinas. También 10 oficinas y tres comités de asesoría, además de personas de planeación, comunicación y otros roles istrativos.

Una nómina costosa

Esa carga de personal trae consigo la necesidad de pagar salarios. De acuerdo con lo contemplado en los decretos salariales del Departamento istrativo de la Función Pública, el costo total de la nómina del Minigualdad está sobre los 3 billones de pesos. De hecho, tan solo la nómina del despacho de la Ministra supera los 87 millones de pesos y la de los cinco viceministerios es superior a los 150 millones.

En cuanto a la partida presupuestal para este fin, datos del Ministerio de Hacienda indican que, solo para asignaciones salariales, se ha destinado una partida presupuestal de 61.898 millones de pesos para este año. A eso se le debe sumar 21.242 millones de pesos de “contribuciones inherentes a la nómina” y 4.315 millones para “remuneraciones no constitutivas de factor salarial”. Esto da un total de 87.455 millones de pesos solo para pagos a los funcionarios que trabajan en el Ministerio.

Un equipo que sigue incompleto

Vicepresidenta Francia Márquez Mina y su equipo en la inaugiración de la sede del Ministerio de la Igualdad. Foto:Ministerio de la Igualdad

Y aunque toda la carga de gasto está destinada por lo pronto a pagar la nómina, a la fecha el Ministerio tiene apenas contratado al 17 por ciento del total de personal que debería tener de acuerdo a lo estipulado en los tres decretos que reglamentaron su funcionamiento.

Los datos presentados por la oposición durante el debate de control político en el Congreso sobre ejecución señalan que de los 744 cargos que tiene habilitados para contratar desde junio de 2023, tan solo se han hecho efectivos un total de 129.

Escasa ejecución presupuestal

Quizá el lunar más grande del Ministerio y el que más ruido le ha generado tiene que ver con la escasa ejecución presupuestal, que de acuerdo con datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda está en 0,36 por ciento, siendo la entidad del Gobierno con menores avances en lo que va corrido del año.

En total, a la fecha el Ministerio tiene una partida presupuestal de 1.8 billones de pesos de los cuales, de forma efectiva, ha usado tan solo 6.451 millones.

La cifra contrasta con los avances en ejecución que tienen las otras entidades vinculadas al sector presupuestal de ‘Igualdad y equidad’ y que encabeza la cartera liderada por Márquez.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya ha ejecutado el 18,7 por ciento de su presupuesto de 18.8 billones de pesos; el Instituto Nacional para Sordos (Insor) usó hasta la fecha el 21 por ciento de los 15 mil millones que tiene a su disposición y el Instituto Nacional para Ciegos ya pagó compromisos equivalentes al 20 por ciento de su presupuesto anual de 11.210 millones de pesos.

Partidas prioritarias en ceros

Dos millonarias partidas que tienen que ver directamente con las funciones del Ministerio siguen sin movimiento presupuestal alguno. Una tiene que ver con los recursos por 1,3 billones de pesos destinados al ‘Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial’.

Este dinero ya está disponible y es responsabilidad del Minigualdad determinar cómo se invierte. Sin embargo, a la fecha, no se ha hecho ni un solo pago o compromiso derivado de estos recursos, para una ejecución de 0 por ciento.

Lo mismo sucede con los 400 mil millones de pesos que tienen como finalidad el “fortalecimiento de las acciones que garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad de los sujetos de especial protección a nivel nacional”. De esa partida presupuestal a la fecha no hay recursos comprometidos ni gastados. Es decir, también una ejecución de cero por ciento.

Planes sin avances reales

Otro de los temas que se ventiló en el Congreso fue el poco avance que presentan la mayoría de los 30 programas que debe crear la cartera para avanzar en las prioridades para las que se creó. De hecho, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, reveló apartes de este tema contenidos en las respuestas dadas por el propio Ministerio a los congresistas de la oposición.

De acuerdo con lo revelado por Briceño en su cuenta de X, con corte a marzo de este año, de los 30 programas que debe poner en marcha el Minigualdad, solo cuatro aparecen como finalizados. De los restantes, 20 se encuentran en fase preliminar, cinco están en proceso de diseño y uno se encuentra ‘pendiente’.

Cuando revisamos el avance del diseño de los 30 programas del Ministerio de la Igualdad por Viceministerios encontramos que:

20 se encuentran en PRELIMINARES (No hay nada)

5 en proceso de diseño

4 ya se diseñaron totalmente

1 se encuentra pendiente.

Inoperancia absoluta. pic.twitter.com/6VbmsNhXvi
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 14, 2024

Fallas desde su creación

Y todos estos problemas se completaron esta semana con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley 2281, que es la que hizo realidad esta cartera por no haber presentado antes de su aprobación un concepto fiscal, es decir la evaluación el impacto económico para la nación de la creación de una cartera con esas características.

Por el contrario, la ley no tuvo soporte en costos reales, sino que se hizo una ‘estimación’ de su costo en 18.239 millones de pesos, por lo que de acuerdo con la Corte se violó el artículo 151 de la Constitución.

RAFAEL QUINTERO CERÓN
Editor Unidad de Datos EL TIEMPO
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