Los puntos claves del Acuerdo de Protección a la Vejez

El Gobierno dio a conocer este viernes los pilares fundamentales sobre los cuales se construirá el Acuerdo de Protección a la Vejez o reforma pensional, que tiene previsto presentar al Congreso a finales de este año o principios del próximo.

Son cuatro los puntos contemplados: ajustes al régimen de inversiones de las pensiones voluntarias, dado que es muy restrictivo e ineficiente frente al de pensiones obligatorias. El segundo busca cerrarle la puerta a la posibilidad de que las personas puedan acceder a dos pensiones al mismo tiempo. El tercero está enfocado en atacar el reconocimiento irregular de mesadas y el cuarto, en impulsar y promover programas como Adulto Mayor y los beneficios económicos periódicos, Beps.

Durante su intervención en el 12.º Congreso Fiap-Asofondos, que culminó anoche en Cartagena, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que el Acuerdo de Protección a la Vejez contemplará al 20 por ciento de la población en edad de jubilarse y que recibe una mesada pensional, pero, sobre todo, al otro 80 por ciento que llega a la edad de jubilación y no ha ahorrado y debe ser atendido con recursos del Estado, así como a quien ha ahorrado pero no lo suficiente para alcanzar una mesada de un salario mínimo, por lo que hay que devolverles sus recursos.

“Si no avanzamos en solucionar este problema, en los siguientes 25 años vamos a tener exactamente lo mismo”, advirtió Carrasquilla.

El funcionario indicó que el Gobierno tiene un cronograma para la construcción del acuerdo, proceso que inició el pasado marzo en unas mesas con los sectores socioeconómicos, y al mismo tiempo está buscando los mecanismos más adecuados para acercar a la gente a esta discusión.

Otro de los aspectos que destacó Carrasquilla apunta a encontrar los recursos que demandarán los planes de jubilación de la población más necesitada, con los que también se busca ampliar la cobertura. “El gasto público que se hace en materia pensional es un desafío adicional”, aseguró. De hecho, se estima que este representa casi 4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Cálculos oficiales indican que unos 2,7 millones de personas no tienen ningún tipo de ahorro para su vejez (34 % de la población). Hoy, esos individuos reciben una ayuda mensual de 75.000 pesos (Programa de Colombia Mayor), que es insuficiente y no cubre a toda esa población. La idea es elevar ese ingreso a 116.000 pesos de la línea de pobreza y extender el beneficio al millón de colombianos que hoy no reciben ese apoyo.

Según el ministro, la Nación transfiere de su presupuesto 1,2 billones de pesos anuales para cubrir esos beneficios, monto que superará los 2 billones si se alcanza la cobertura total.

Para quienes han acumulado un ahorro insuficiente para obtener una pensión de un salario mínimo, el Gobierno propone profundizar el mecanismo de los Beps a fin de que cuenten con un recurso seguro en su última etapa de vida. Y para ello se propone ayudar con un 20 por ciento adicional a quienes se acojan a este mecanismo y no retiren su dinero.

A ese grupo pertenece el 47 por ciento de la población en edad de jubilación.

Pero si bien el Gobierno está empeñado en tener la iniciativa lista para su discusión a finales del 2019 o comienzos del 2020, hay quienes ven poco probable que esto sea así. Precisamente por la densidad y la variedad de aspectos que incluirá el proyecto, en el cual hay divisiones tajantes como la del aumento en la edad de jubilación, algo que para Carrasquilla no está en discusión y no se requiere para ampliar la cobertura.

Pero para expertos de España, Brasil y Argentina, quienes expusieron los casos de las crisis desatadas por sus sistemas de pensiones, que los obligaron a hacer profundas reformas en las que el aumento de la edad de jubilación fue un factor clave –está sobre los 65 años en promedio–, revivieron entre los asistentes la discusión sobre este tema.

“El gobierno debería presentar una reforma sencilla de dos artículos: el primero, obligar a las personas a ingresar al mercado laboral y a afiliarse a un fondo privado (AFP) y el segundo, transformar a Colpensiones en una a pública de fondos (...) los demás, sobre las edades, beneficios y ahorro, que los vaya haciendo poco a poco”, dijo un analista que pidió omitir su nombre.

Pero otros, como David Cuervo, director de la Unidad de Bienestar Patrimonial de Mercer Colombia, dice que se debería plantear un esquema multipropósito, donde no se hable de Colpensiones ni de AFP, fortalecer los programas de subsidios para la población más vulnerable y fortalecer el ahorro, para que las personas, sin importar su ingreso, puedan acumular ahorro independiente el régimen en que lo hagan”.

Los analistas coincidieron en que no se puede desaprovechar esta oportunidad hacer un ajuste profundo al sistema pensional. “Tenemos una oportunidad histórica de lograr un sistema pensional solidario, equitativo y sostenible, el cual solo es posible bajo un debate técnico y riguroso que nos permita llegar a consensos que garanticen la protección de la vejez de los colombianos", dijo Miguel Largacha Martínez, presidente de la AFP Porvenir.

Juan David Correa, presidente de la AFP Protección, señaló que “no se puede seguir teniendo un sistema que compite entre sí, sino que se complemente, y es construyendo juntos como vamos a lograr que las personas se pensionen mejor y que tengamos un sistema de protección a la vejez sostenible, equitativo y con mayor cobertura”.

Partiendo de que el régimen de inversiones de las pensiones voluntarias es restrictivo e ineficiente frente al de pensiones obligatorias, el superintendente financiero, Jorge Castaño, abrió la opción de que los fondos privados (AFP) diseñen nuevos mecanismos para incentivar a los colombianos a acumular un ahorro que, además de darles una mesada al momento de jubilarse, pueda servirles para afrontar otras necesidades, como adquirir vivienda, cubrir salud o educación. Planteó que las AFP sean orientadoras para que más personas alcancen su jubilación.

Cerrar el cerco a los fraudes es uno de los nortes de las propuestas en pensiones. Uno de los pilares de la nueva reforma es el de evitar la doble pensión, por invalidez y por vejez, a la que se hacen beneficiarios los que, por ejemplo, se pensionan por un accidente o enfermedad laboral (reciben el 100 % del beneficio), pero siguen cotizando hasta que se pensionan por vejez. Como una la otorga la ARL y la otra, el sistema de aseguramiento en pensiones, pasaban de agache, pero ya han identificado 116 casos, y pueden ser más, que le cuestan $ 20 mil millones al año al Estado.

Es tal el desfase entre lo que se financia en pensiones versus la cobertura existente que es evidente el desvío de subsidios hacia beneficiarios con capacidad de aportar. Es así como las mesadas altas cuestan alrededor de $ 700.000 millones, recursos que se pueden distribuir entre la población más necesitada.

Por ello, otro de los pilares de la reforma es el del ‘blindaje judicial’ a las aseguradoras, en caso de reconocimiento irregular de mesadas tras fallos judiciales de revisión o aumentos del salario mínimo por encima de la productividad de la economía.

Las cuentas del Ministerio de Hacienda, según las cuales el 34 % de la población no ha ahorrado nada, el 46 % ahorró pero que no le alcanza para la pensión y el 20 % alcanzó la jubilación, son el argumento de los beneficios económicos periódicos (Beps). En este pilar tiene puestas las esperanzas el llamado sistema de protección a la vejez del que ayer habló el Gobierno en Cartagena. Entraría a cubrir ese 47 % que tiene algo ahorrado y, para incentivarlo a no retirarlo, puede recibir un subsidio del Estado, del 20 %, para que logre tener no una pensión, sino una asignación mensual en la vejez.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS