Acuerdos a los que llegaron el Gobierno y Fedegán sobre la reforma agraria

En las últimas semanas, dos proyectos de decreto del Ministerio de Agricultura elevaron la tensión sobre la implementación de la reforma agraria, con la que el Gobierno espera comprar 1,5 millones de hectáreas de aquí a 2026. El primero habla, entre otros, de la extinción de dominio y el segundo busca que los campesinos se movilicen.

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Con el objetivo de buscar salidas, ayer se reunieron José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero Fedegán, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, además de algunos integrantes de la Comisión de Paz del Senado.

Tras el encuentro, la ministra declaró que acordaron consensuar ambos proyectos de decreto. “Esta vía del diálogo nos va a permitir, con el acompañamiento de la comisión y del mecanismo de seguimiento al acuerdo, el consenso y la construcción de consensos sobre los proyectos de decreto que estamos realizando. Esto sumado a que también venimos generando diálogos con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y con los distintos actores, tanto en el Congreso como de la sociedad civil”, aseguró Mojica.

Igualmente, hizo un llamado a la comunidad nacional para que se puedan dirimir todas las diferencias sobre la agenda política a partir del diálogo y del trabajo mancomunado por el proyecto de un mejor país donde el agro se vuelva eje de desarrollo.

De otro lado, aseguró que se mantiene el acuerdo de tierras con Fedegán y que se habló de la posibilidad de generar un esquema de integración del sector ganadero para el arreglo silvopastoril y de ganadería sostenible.

Lafaurie se sumó al llamado de la ministra y aseguró que con el apoyo y la permanente asistencia de la comisión llegarán a concertar medidas que son claras. “Fedegán no es enemigo de los campesinos. Al contrario, 553.000 pequeños productores ganaderos son campesinos; muchos de ellos con tierra insuficiente”, declaró.

Días atrás, Lafaurie envió una carta al propio presidente Gustavo Petro en la que aseguró que estos proyectos de decreto no solo van en contravía del acuerdo firmado entre los ganaderos con el Gobierno para facilitar la oferta de tierras, sino que ponen en riesgo la propiedad privada.

Sobre el primero, el cual reglamenta el artículo 61 del Plan de Desarrollo (PND), Lafaurie dice que elimina las garantías judiciales a la extinción de dominio, convirtiendo el proceso en “istrativo”, es decir, sin la intervención de un juez y a discreción de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“La expropiación implica indemnización, hay que pagar el valor del bien. En la extinción del dominio, que es la propuesta del Gobierno, no hay que pagar, el Estado se lo quita, lo trata como a un criminal. En cambio, el narcotraficante o el corrupto tienen derecho a un proceso judicial con intervención de un juez”, asegura el líder gremial.

Respecto al segundo, el cual es un llamado a la movilización y organización campesina, sostiene que es un mal mensaje que se promueva desde el Gobierno vía decreto. “¿Para qué promover la movilización campesina, cuando se conocen los riesgos de su instrumentalización por parte de grupos armados ilegales que detentan el control territorial y social en muchas regiones?”, asegura Lafaurie en su carta.