Alerta máxima en ISA / Análisis de Ricardo Ávila

Quien visita las oficinas que la compañía ISA mantiene en Bogotá toma nota de la tranquilidad que reina en el lugar, ubicado en un edificio con vista a la avenida que lleva al aeropuerto El Dorado. La razón es que se trata sobre todo de un sitio de paso para los ejecutivos de la empresa con sede en Medellín, en el cual se deja el equipaje, se puede ocupar temporalmente un escritorio o son convocadas citas de negocios puntuales que usualmente no duran mucho.

Tal vez por eso, lo ocurrido el pasado 14 de agosto fue tan atípico. A lo largo de 15 horas los integrantes de la junta directiva del conglomerado estuvieron encerrados en una especie de cónclave con el fin de definir el nombre del nuevo presidente ejecutivo de la que es una verdadera multilatina con presencia en seis países de la región.

El desenlace quedó consignado en una escueta comunicación del jueves por la tarde que entra en la categoría de información relevante. A lo largo de un párrafo, dirigido a autoridades pertinentes, inversionistas y público en general se informó de la designación de Jorge Carrillo por determinación de la mayoría de los integrantes del máximo ente rector de la istración.

Así se confirmó que la decisón no fue unánime. Horas antes, la feria de rumores había señalado que de los nueve integrantes de la junta, cinco habían votado en favor del ganador y cuatro en contra. También se acabaría sabiendo de las tensiones surgidas en el debate y de las constancias individuales dejadas por el grupo minoritario.

Más inquietante todavía fue el reporte de que el respaldo de Carrillo provino solamente de los representantes de Ecopetrol, que es el dueño del 51,4 por ciento de las acciones de ISA. En contraste, los perdedores son los nominados por la participación restante, en particular los fondos de pensiones y EPM.

Un cisma tan notorio es inédito para una sociedad fundada en 1967, que comenzó con tres ingenieros y ahora cuenta con más de 5.000 colaboradores. A lo largo de casi seis décadas el esfuerzo dedicado de incontables personas hizo posible la conformación de una entidad irable, que hoy contabiliza activos superiores a los 73 billones de pesos y cuyo profesionalismo y transparencia son reconocidos en múltiples latitudes.

¿Por qué entonces las preocupaciones que se reflejaron en el comportamiento reciente de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia? La explicación radica en la percepción de que los intereses políticos entraron en escena con la escogencia de un candidato sobre quien pesan serios cuestionamientos. Alguien que, en otras circunstancias, jamás habría sido considerado para el cargo.

Para hablar con nombre propio, se trata de una “ficha” del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien no escondió su satisfacción con lo sucedido. En su cuenta de X este expresó el deseo de que ojalá entre las primeras misiones que le ponga el Presidente al recién nombrado esté la de “bajar las tarifas de energía a como dé lugar, (...) sacar a los uribistas (...) e iniciar una auditoría forense para sacar la corrupción corporativa a las patadas”.

Esta última afirmación no deja de llamar la atención por provenir de alguien cuyo paso por el primer cargo de la capital antioqueña estuvo rodeado de polémicas. Según señaló en su momento un editorial del diario El Colombiano, el exmandatario “entregó entidades del conglomerado público como si fueran franquicias para que particulares les sacaran todo el ‘jugo’ posible”. Agregó el medio que “así lo han ratificado investigaciones periodísticas en casos como la Secretaría de Educación, el Inder (Instituto de Recreación y Deportes), la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano), Metroparques, el Hospital General, entre otras”. 

Adicionalmente, el matutino paisa sostuvo que Quintero se guardó para sí “la joya de la corona” del patrimonio local: Empresas Públicas de Medellín. De acuerdo con esa narrativa, el gran operador del esquema habría sido Jorge Carrillo, quien fue designado en la gerencia general de la institución el 14 de abril de 2021, el mismo que al dejar el cargo el año pasado les aseguró a sus allegados que su próximo paso sería la presidencia de ISA.

Aunque son muchas las historias que se tejen sobre su gestión, basta señalar que el 30 de abril pasado el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, John Maya, le enviaron una comunicación formal a la Fiscal 16 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La carta informaba, con múltiples detalles, sobre la presencia de un testigo según el cual la gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos por Quintero a un excongresista a cambio de un pago de ocho millones de dólares. 

Tras la supuesta entrega a un tercero de una sociedad que presta el servicio de distribución de electricidad en una parte de la costa Atlántica –después de dividirse los negocios de la desaparecida Electricaribe– comenzó una cadena de decisiones cuestionables. El primer eslabón consistió en el nombramiento de Javier Lastra como encargado de la firma, a pesar de las múltiples advertencias que se le hicieron al encargado de designarlo: Jorge Carrillo.

A partir de ese momento empezaron las historias de contratistas “invitados” a reuniones que pasaban en un vehículo en marcha, una vez habían dejado su celular en otro sitio. En el recorrido se pedía una comisión sobre las licitaciones adjudicadas o en curso, con lo cual se le dio otra acepción al término “paseo millonario”.

Corresponde a la justicia y a los órganos de control determinar la validez de las acusaciones. Por ahora, lo cierto es que en contra de la nueva cabeza de ISA hay tres procesos en la Fiscalía General de la Nación, dos en la Procuraduría, dos quejas en la Superintendencia Financiera y otra más en la Superintendencia de Industria y Comercio. También es incuestionable el deterioro de los indicadores de Afinia expresado en mayores pérdidas que han obligado a EPM a inyectarle más recursos. 

Nada de eso fue suficiente para cambiar la postura de los representantes de Ecopetrol en la junta de ISA. El argumento utilizado resultó ser el de la presunción de inocencia, por lo cual, y ante la ausencia de una sentencia condenatoria, los alegatos del bloque minoritario fueron desechados. 

Suena sorpresivo pero es factible que antes de llegar a ese punto se buscó un desenlace distinto. Quienes saben del asunto comentan que, durante meses, el presidente de la petrolera estatal, Ricardo Roa, trató de que otra persona resultara elegida. Ello explicaría la larga interinidad en el cargo hasta que hace pocos días Gustavo Petro le dio un ultimátum a quien fuera el gerente de su campaña por no seguir sus instrucciones.

Sea como sea, ahora comienza otro capítulo en la historia de ISA, el cual apunta a estar lleno de traumatismos. Los reportes de prensa sostienen que Carrillo venía ofreciendo varios cargos importantes desde hace semanas, por lo cual el ambiente en los pasillos de la compañía oscila entre la incertidumbre y la depresión. 

Para comenzar, la compañía es el socio mayoritario de 52 empresas distintas con operaciones en diversos lugares de América Latina, ante lo cual puede surgir la tentación de cambiar gerentes e integrantes de juntas directivas, aparte de los altos ejecutivos que tienen su sede en Medellín. Aquí el gran riesgo es afectar el conocimiento profesional acumulado por un cuerpo de especialistas, muchos de los cuales llevan décadas en la que es considerada una gran familia empresarial. No menos grave sería impactar la marcha de los proyectos en ejecución, en donde los compromisos son muy grandes en cada una de las tres áreas de negocio principales: energía eléctrica, vías y telecomunicaciones. 

Según el más reciente informe de resultados, las inversiones realizadas durante el primer semestre sumaron 2,1 billones de pesos y los compromisos de inversión hasta 2030 ascienden a 28 billones. La gran mayoría de los contratos obtenidos han sido logrados tras una dura competencia con los otros gigantes del sector, con lo cual el margen para cometer errores es estrecho, pues las multas ante eventuales incumplimientos serían considerables y todo necesita funcionar como un reloj. 

Eso para no hablar de la posibilidad de cometer pecados en materia de probidad. Al día de hoy existen controles de diversos tipos y un personal que pasa las pruebas de capacidad, pero las señales desde la cabeza necesitan ser inequívocas en el sentido de proscribir y castigar cualquier intento de venalidad.

Uno de los asuntos más complejos es asegurarse de que las cosas se hacen bien en todas partes. Dicha labor tiende a ser más sencilla en Colombia, pero en otros países aparece el peligro de que se relajen los controles. Y no hay que olvidar que 40 por ciento de los activos de ISA se encuentran en Brasil, 23 por ciento en Chile y 15 por ciento en Perú.

Por supuesto que el más interesado en que todo funcione de manera correcta debería ser Ecopetrol, que este año recibe más de un billón de pesos en dividendos por su participación, la cual le costó 14,2 billones de pesos hace tres años. También hay que pensar en los cerca de 32.000 accionistas directos, que comprenden fondos extranjeros, los cuales estarán atentos a cualquier movimiento que puede incidir en su bienestar. 

Sobre el papel, dicha labor debería corresponderles a los integrantes de la junta directiva, que además pertenecen a una serie de comités claves. El problema es que la división actual hará mucho más complejo el trabajo de supervisión que es indispensable para que desaparezca cualquier sombra de sospecha.

Tampoco está de más alertar sobre los planes que tiene Gustavo Petro en lo que respecta a las tarifas de electricidad y a la transición energética. A este respecto, ISA desempeña una labor crítica, pues tiene en sus manos la confiabilidad de redes y subestaciones, pero no es el único protagonista, y su oficio no consiste en generar kilovatios ni comercializarlos.

Debido a ello, cualquier intento de darle otras funciones podría traer repercusiones indeseables, tanto desde el ámbito financiero como de calidad del servicio. No menos catastrófico sería buscar que meta la mano en XM –de la cual es el accionista mayoritario–, que es la firma encargada de hacer que funcione el mercado mayorista de electricidad.

Todo lo anterior justifica que el nivel de alerta que se disparó tras los sucesos de la semana que viene de terminar se ubique en un punto muy elevado. No está de más recordar que el manejo adecuado de una empresa que se ha construido a partir de hacer buena ingeniería es una obligación de los funcionarios encargados del asunto, con el Presidente de la República a la cabeza.

Una vez más hay que reiterar que no se trata de una visión ideológica sino de cuidar un patrimonio que no pertenece a un Gobierno sino, a través de Ecopetrol, a todos los colombianos. Y en especial es obligatorio evitar que el cáncer de la corrupción se extienda. Solo así ISA seguirá siendo la historia de éxito que la hecho una de las compañías de mostrar en América Latina. 

RICARDO ÁVILA PINTO

Analista Sénior

Especial para EL TIEMPO

@ravilapinto