Peligro inminente / Análisis de Ricardo Ávila

¿Qué tienen en común las enfermeras que trabajan en los hospitales de Zimbabue, los operadores de trenes en Gran Bretaña, los indígenas ecuatorianos, los camioneros de Corea del Sur o decenas de miles de ciudadanos iraníes que marcharon en la calle hace un par de semanas? Todos, sin excepción, han salido a protestar o cesaron sus actividades temporalmente para quejarse del costo de vida en sus respectivos países.

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Y esa forma parte de una realidad cada vez más evidente, a la cual se suman docenas de ejemplos en múltiples puntos de la geografía global. En la medida en que la inflación sigue su curso y se consolida como el principal desafío para la mayoría de los gobiernos en los cinco continentes, las quejas de la gente no se han hecho esperar.

La razón obvia es que el dinero no alcanza para comprar los mismos bienes y servicios de unos meses atrás. Además, esta vez las alzas se han concentrado en alimentos y energía, lo cual afecta con mayor severidad a los más pobres que dedican una mayor proporción de su ingreso a adquirir comida o se ven obligados a gastar más en transportarse.

Como consecuencia, múltiples observadores pronostican turbulencias de todo tipo en el horizonte, muchas de ellas con consecuencias políticas significativas. Las palabras del papa Francisco, quien no ha dudado en señalar que “el hambre es una de las grandes amenazas para la paz y la serena convivencia humana”, son más una advertencia que un lamento.

Nada hace pensar en un alivio en el corto plazo. Las estadísticas sobre el ritmo de la carestía –cuyo promedio mundial está por encima del 8 por ciento anual– muestran la peor fotografía de los últimos 40 años en buena parte del hemisferio norte, mientras que en el sur las cosas tampoco están mejor.

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Desde finales de 2021 el Programa Mundial de Alimentos adscrito a las Naciones Unidas hizo sonar las alarmas, que ahora suenan todavía más fuerte debido a los coletazos de la guerra en Ucrania. Ya sea Haití en el Caribe, Cabo Verde en África o Sri Lanka en el Asia, una buena proporción de los habitantes de más de 40 países enfrenta la inseguridad alimentaria aguda. Y en la propia Suramérica las alertas están prendidas.

Para no ir muy lejos, en Chile, otrora símbolo de estabilidad, el aumento en el índice de precios al consumidor va en 11,5 por ciento anual, el guarismo más elevado en 28 años. Algunos en la nación austral se consuelan mirando a Argentina, en donde el dato más reciente fue del 60,7 por ciento.

Sin duda alguna, dicha circunstancia trae consecuencias en otros frentes. La abrupta caída en la popularidad de Gabriel Boric tiene mucho que ver con los dolores de bolsillo que experimentan los chilenos, mientras que la desaprobación de Alberto Fernández ronda el 70 por ciento, lo cual plantea una debacle para el peronismo en las elecciones de 2023.

De ahí que Gustavo Petro tenga el tema entre ceja y ceja. En una entrevista con la cadena televisiva CNN, el presidente electo afirmó que la “lucha contra el hambre” será una de las tres prioridades iniciales en su istración.

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Hay remedios de remedios. Quienes saben de estos asuntos subrayan que existen planes de choque para mitigar las afectaciones sobre los más vulnerables, junto con políticas que pueden contribuir con una solución más veloz al problema, como las que estimulan el crecimiento y bajan el desempleo.

Pero también hay ideas que arriesgan con empeorar las cosas, así suenen muy atractivas. Dependiendo del menú que escoja el nuevo gobierno podrá sortear el reto o agravar una crisis que lo puede enredar muy rápido.

Uno de los elementos que hace compleja la coyuntura es la perspectiva de una confrontación prolongada en Europa Oriental. Más allá de que Rusia, por cuenta de su política de tierra arrasada, haya logrado controlar un área mayor del mapa ucraniano, todo apunta a que ambos ejércitos se atrincheren sin que ninguno consiga doblegar al otro.

Hacia afuera, eso quiere decir que el mercado mundial de cereales continuará con problemas de abastecimiento, al igual que el de fertilizantes. Cuellos de botella en la oferta implican que la esperanza de que baje el trigo, y con este el valor del pan, seguirá posponiéndose, para solo citar uno de los renglones más significativos.

No menos complejo es lo que pasa con los insumos energéticos. De un lado, son más notorias las indicaciones de que Moscú está alistándose para suspenderle a la Unión Europea los despachos de gas natural en cuestión de meses, como retaliación por su respaldo a Kiev.

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Si bien el Viejo Continente busca frenéticamente otros proveedores, es muy dudoso que en tan corto tiempo logre hacer una sustitución plena. De tal manera, resulta factible que cuando llegue el invierno sean obligatorios los cortes de energía y las tarifas altas, lo cual aumentará la espiral inflacionaria.

Por otra parte, gracias a China e India, que siguen siendo clientes, la producción de petróleo ruso –que equivale al 11 por ciento del consumo global– ha logrado mantenerse, con lo cual Vladimir Putin todavía logra un ingreso de divisas clave. Con lo que no contaba el jefe del Kremlin es que la industria aseguradora le cerraría las puertas, debido a lo cual darles cobertura a los tanqueros que transportan el crudo se volvió imposible.

Quedar desprotegido ante la eventualidad de un derrame es un riesgo que ningún puerto serio quiere correr. Ese factor, combinado con la falta relativa de oleoductos o la dificultad logística de mover grandes volúmenes en tren en dirección a Asia, llevarán a que Rusia deje de vender unos tres millones de barriles diarios de petróleo el semestre que viene.

Sacar esa cantidad de un mercado en el que las cuentas están muy justas derivará en que las cotizaciones de los combustibles se mantengan arriba, con probabilidades de subir más. Incluso si Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos bombean más crudo, se encuentran cerca de su tope teórico.

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Así las cosas, los costos de transporte continuarán siendo fuente de problemas en el futuro previsible. Es cierto que pagar más de cinco dólares por un galón de gasolina –como sucede en Estados Unidos– lleva a que más de un automovilista prefiera guardar su vehículo, pero a pesar de ello la Agencia Internacional de Energía sostiene que el consumo seguirá expandiéndose.

Debido a ello, los bancos centrales pasaron a la ofensiva, mediante restricciones a la liquidez y mayores tasas de interés. En Washington la apuesta es que el Banco de la Reserva Federal dará otra vuelta de tuerca de tres cuartos de punto porcentual cuando vuelva a examinar el tema, y el europeo comenzará a hacer lo propio pronto.

Y si bien las autoridades acabarán ganando la batalla, los efectos colaterales no serán menores. El dólar, por ejemplo, se fortalecerá más pues, aparte de que las inversiones en esa moneda apuntan a ser más rentables, es un buen refugio en tiempos de incertidumbre como los actuales.

Todos esos elementos requieren ser examinados por el Gobierno entrante, en un análisis amplio que debería incluir herramientas viables y experiencias de otros, para no cometer errores que agraven la situación. Porque la historia de equivocaciones en esta materia es extensa.

Una de las más comunes es la de subir las remuneraciones por decreto, con la idea de que así el público recupera el poder adquisitivo perdido y todo se calma. El peligro en este caso es iniciar aquello que se conoce en la literatura económica como una espiral de precios y salarios, pues los mayores costos laborales se les trasladan a los consumidores, que a su vez vuelven a exigir un reajuste en lo que ganan y así arranca un círculo vicioso muy complejo de detener.

Otro elemento común en el decálogo de las malas ideas es la de congelar precios mediante una medida istrativa, algo en lo cual Argentina se especializa con los resultados a la vista. Los inspectores de bata blanca y libreta en mano recorriendo las estanterías de las tiendas son útiles para enviar el mensaje de que las autoridades no permitirán abusos, pero en realidad sirven para muy poco.

A fin de cuentas, si el valor fijado no compensa adecuadamente a los productores vendrá la escasez, pues nadie opera a pérdida. Peor todavía es que en más de una ocasión los topes les abren la puerta a los corruptos, pues quien los incumple se ve tentado a evitar la multa con una “propina” por debajo de la mesa.

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Los estudiosos también deberían mirar lo que pasa en Turquía, en donde la inflación va en 73,5 por ciento anual. Allí, el presidente Tayyip Erdogan acabó interviniendo en las funciones del banco central, obligándolo a bajar tasas de interés cuando la ortodoxia dictaba lo contrario. Ahora hay una falta crónica de divisas que presiona la tasa de cambio y dispara el costo de las importaciones.

En contraste, la Unión Europea está enfrentando el tema de otra manera. Para comenzar, usa parte del espacio de gasto con el que cuenta para moderar las alzas en combustibles y tarifas de energía, con un enfoque claro en las clases populares. Al mismo tiempo aumentó la ayuda directa a los hogares de menores ingresos, como anunció ayer España, con un giro de 200 euros mensuales hasta diciembre.

De regreso a Colombia, Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, sostiene que “cualquier decisión que restrinja la disponibilidad de productos importados, o que dispare la demanda en el contexto actual, le echará más combustible a la inflación”. Y agrega que “este es un momento particularmente malo para moverse en algunas de las direcciones sugeridas en diversos momentos por el presidente electo”.

Añade igualmente que “subir aranceles –que sería un error más allá de la coyuntura en una economía tan cerrada como la nuestra–, buscar impulsar la demanda de manera sostenida con emisión de moneda, bajar tasas de interés u oponerse a las alzas que el Banco de la República determine como necesarias en el contexto de precios disparados, agravaría las cosas”.

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Junto a lo anterior, resulta fundamental enviar la señal de que el déficit fiscal se mantendrá bajo control, disminuyendo la presión sobre la tasa de cambio. De lo contrario, el costo de la deuda será mucho mayor y la capacidad de controlar la inflación disminuirá.

Sin desconocer la estrechez de las cuentas públicas, un programa de subsidios focalizado, como el utilizado durante la pandemia para apoyar a las familias más pobres, sería aconsejable e incluso haría posible incrementos en el galón de gasolina, que se encuentra en un nivel absurdamente bajo y favorece a los grupos de ingresos medios y altos. A cambio, el Gobierno necesita dejar en claro que no va a matar a la gallina de los huevos de oro, encarnada hoy por el sector extractivo.

Al igual que hizo Alemania al reactivar sus plantas de electricidad movidas por carbón para sustituir al gas ruso, Gustavo Petro necesita entender que las actividades que le darán recursos para hacer política social de manera inmediata son las vinculadas al petróleo y la minería. Un mensaje de tranquilidad que destrabe las inversiones y estimule la exploración de hidrocarburos le garantizaría aprovechar la bonanza de las cotizaciones internacionales.

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Por el contrario, uno o varios pasos en falso agravarían significativamente el problema. La conjunción de un dólar mucho más caro por el mayor riesgo percibido y la falta de divisas, junto con un desbarajuste fiscal que impida mitigar los daños que causa la inflación en los hogares pobres, además de determinaciones salariales equivocadas, se traduciría en alzas significativas en la canasta familiar.

Basta recordar que la Cepal dijo hace poco que, con el escenario de inflación actual, la pobreza en Colombia subiría 1,7 puntos porcentuales este año y que el alza alcanzaría 2,9 puntos si los precios se aceleran a cerca del 11 por ciento anual. Esa advertencia lleva a pensar que aquí también soplarían los vientos del descontento que han ganado intensidad en el mundo de hoy.

Para que eso no suceda, es mejor hacer bien la tarea. Todo bajo la lógica de que a un gobierno que arranca le debería interesar ser parte de la solución y no del problema.

RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMO

@ravilapinto