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Aumento de transferencias a las regiones irá acompañado de un proyecto de ley de competencias: MinHacienda

El proyecto ha generado críticas por analistas. Fedesarrollo dice que generaría una crisis fiscal en Colombia.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda en la Convención Internacional de Seguros 2024 Foto: Fasecolda

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Noelia Cigüenza Riaño

SUBEDITORA24.10.2024 14:46 Actualizado: 24.10.2024 20:55

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El Ministerio de Hacienda aseguró que se presentará una ley de competencias para completar el Acto Legislativo que busca modificar el Sistema General de Participaciones (SGP) al aumentar la proporción de las transferencias que el Gobierno le gira a los departamentos y municipios.

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Los giros de Ingreso Solidario irán hasta junio del 2021. — Las regiones recibirían mayores recursos. Foto:iStock

“El Ministerio de Hacienda expresa la importancia de aprobar una ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales dentro del debido análisis de sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la deuda y en el marco de las normas vigentes”, asegura la cartera que lidera Ricardo Bonilla.

Hay que recordar que este es el proyecto que ha recibido críticas en los últimos días por una gran cantidad de analistas debido a que busca pasar las transferencias del 23,8 por ciento actual a 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en un periodo de 10 años.

En consecuencia, en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían al 8,4 por ciento del PIB, lo que representaría un incremento del 65 por ciento respecto al escenario base.

Según el director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, con esta reforma la deuda del gobierno superaría el límite del 71 por ciento del producto interno bruto (PIB) impuesto por la regla fiscal.

“Esta situación generaría una crisis fiscal. Se aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”, aseguró.

Por su parte, desde el centro de estudios económicos Anif, de materializarse estos cambios se generaría una presión de gasto vía transferencias de 395 billones de pesos constantes para el periodo entre el 2027 y el 2036.

“El próximo Gobierno (2026-2030) enfrentaría entre 2027 y su último año, 2030, un gasto adicional por 45 billones de pesos constantes de este 2024. El siguiente Gobierno en turno, 2030-2034, heredaría un cheque por pagar por 191 billones de pesos. Es difícil imaginarse un escenario donde esta senda de compromisos fiscales sea viable”, asegura en un informe.

Hoy también el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) aseguró que esta propuesta generaría una presión de gasto "insostenible" y se podría en riesgo la regla fiscal en el mediano plazo.

"Se trata de una propuesta inviable fiscalmente. Generaría un déficit fiscal creciente y un aumento insostenible de la deuda del Gobierno Nacional Central, impidiendo una financiación sostenida de funciones esenciales del Estado", asegura el organismo independiente.

Igualmente, el Carf dijo que se necesitarían alrededor de tres reformas tributarias promedio para financiar los incrementos adicionales de las transferencias, sin abrir espacio para la inversión pública.

Según Ricardo Bonilla, la reforma tributaria plantea bajar impuesto de renta a pequeños y medianos empresarios. — El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto:FOTO: MILTON DÍAZ. EL TIEMPO

¿Aval del Gobierno?

Hasta el momento, el proyecto no tiene concepto favorable del Ministerio de Hacienda. En el documento enviado hace unas semanas al Congreso, la cartera aseguró que implicaría costos fiscales recurrentes no contemplados en el Presupuesto. “Serían insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, asegura.

Sin embargo, la cartera que lidera Bonilla aseguró hoy que tales conceptos se emitieron conforme a los textos donde no estaba claramente definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del Acto Legislativo en caso de ser aprobado.

“La presentación, discusión y aprobación de una ley que permita poner en equilibrio competencias y recursos, sin poner en riesgo las finanzas de la Nación, es una forma de avanzar en los debates que ha suscitado este proyecto”, dicen.

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