Creg advierte a ministra Irene Vélez sobre intervención en tarifas de la energía

El presidente Gustavo Petro asumió, por el término de tres meses, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

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La decisión, según el Gobierno Nacional, se debe a que, no obstante las medidas regulatorias que se tomaron en el 2022 para bajar las tarifas de energía, no se obtuvieron los resultados esperados, aunque sí se logró frenar la tendencia alcista.

Tras el anuncio, la Creg –en una extensa carta– le advirtió a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la importancia de mantener un marco regulatorio que sea producto de una discusión técnica entre el Gobierno.

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Esta institución hace especial énfasis en las consecuencias que traería una intervención en las tarifas para la sostenibilidad del sistema.

“Una intervención de tarifas por fuera del esquema creado desde 1994, con certeza afectará las obligaciones de prestación del servicio y modificará intrínsecamente las condiciones de remuneración, con su consecuente efecto en la continuidad, calidad y demás derechos de los s del servicio; no solamente en el corto plazo, sino que afectará la sostenibilidad de los sectores que se intervengan y, directamente, la confianza para realizar inversiones en el sector”, advirtió la Creg en la carta a Irene Vélez.

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La Creg señaló que entiende la preocupación del Gobierno por las tarifas actuales del servicio de energía, lo cual derivó en la intervención del presidente Petro, pero hizo “un llamado respetuoso a actuar con absoluto rigor técnico, analizando el problema que se aborda con base en evidencias, identificando sus causas y sus efectos, observando el fundamento de acciones que efectivamente tengan impacto en los niveles tarifarios, y valorando con la profundidad requerida los riesgos de una decisión inoportuna o no suficientemente valorada”.

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La entidad también expuso que los aumentos de las tarifas de energía no son consecuencia de la falta de cumplimiento de los principios tarifarios por parte del regulador al establecer las metodologías y fórmulas tarifarias, sino efecto de los aumentos en los costos de inversión y operación, en un entorno de alta inflación.

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