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‘Los gremios no sentimos que la inseguridad esté siendo controlada’: Fenalco
Jaime A. Cabal dice que con el Presidente hubo diálogo, pero no un plan para reactivar la economía.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO
PERIODISTAActualizado:
Jaime Alberto Cabal, el ejecutivo al frente de Fenalco, gremio de los comerciantes, dice que en el encuentro con el Presidente hubo mucho diálogo, pero ningún plan concreto para reactivar la economía. Asegura que el consumo en el país está supremamente deteriorado. Y opina que la ministra del Trabajo borró con el codo lo que se logró hacer estirándole la mano al Gobierno.
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Usted se siente, como dijo la ministra del Trabajo, la ‘última Coca-cola del desierto’?
Fue una frase, particularmente para Fenalco, muy despectiva, desobligante e irrespetuosa; porque en la reunión con el Presidente habíamos hablado de tender puentes, de buscar mecanismos de diálogo y de reiterarle a la ministra que no había tramitado el proyecto de reforma laboral por el mecanismo constitucional correspondiente, que es la Comisión de Concertación Laboral, ni tampoco nos tuvieron en cuenta a los gremios. Le dijimos: aún es tiempo de sentarnos a dialogar, de buscar puntos de encuentro, y fuimos a la reunión con la mano tendida. Quedamos en volver a vernos esta semana, pero nos sorprendió mucho esa frase, porque Fenalco, la Andi, la SAC, somos de los sectores más generadores de empleo en Colombia.
Pero ¿qué quiso decir la ministra Ramírez con esa frase?
Básicamente que no es necesario conversar con nosotros. Una posición muy arrogante, así la interpretamos.
Cuando se propone una reconciliación nacional, pues en primer lugar incluye a los gremios y sin lanzar ese tipo de dardos venenosos, porque terminan siendo contradictorios…
Lo que pasa es que una cosa es socializar el proyecto con los grupos y sectores afines al pensamiento ideológico del Gobierno y otra, tener en cuenta a los sectores que verdaderamente generamos el empleo en Colombia. El clúster del comercio, según las cifras del Dane, genera el 33 por ciento del empleo en Colombia. O sea, uno de cada tres colombianos labora en comercios, restaurantes, alojamientos, tiendas, panaderías, servicios de transporte. Eso parece que lo está despreciando con esa frase.
El desempleo marca unas cifras que son contradictorias con
el decrecimiento económico, entre otras razones, porque sus cifras marchan rezagadas con respecto al crecimiento de la economía. ¿Eso es así?
Es totalmente cierto. Venimos de una inercia de crecimiento económico del año pasado, que generó nuevas plazas de trabajo. Pero por supuesto, en la medida en que la economía va decreciendo, eso no se refleja inmediatamente, pero seguramente lo hará en los meses subsiguientes.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, criticó la reforma de la salud del gobierno Petro. Foto:Archivo El Tiempo
Probablemente se empiece a marcar en el próximo trimestre…
El empresariado de Colombia, en todas las crisis que ha tenido el país, por la guerrilla, el narcotráfico, por la pandemia, etcétera, ha seguido apostándole a Colombia. Eso es lo bonito y lo interesante de este país, la institucionalidad. Pero, seguramente, si aplicamos una reforma laboral como la que planean, las cifras de desempleo se van, sí o sí, a reflejar próximamente.
Otro señalamiento es que el Estado está muy activo contratando gente, pero no es un empleo muy estable; y tampoco una economía basada en el empleo estatal está creciendo hacia el lado más favorable…
Por supuesto. No es un empleo generado en el sector productivo, sino por el Estado, a punta de subsidios.
¿Cómo va a hacer el país para reactivar la economía? El ministro de Hacienda se ve muy tranquilo con que aquí no va a haber recesión…
Sí. El Presidente habla de un acuerdo nacional, sobre el cual nosotros le planteamos en la reunión de Palacio la semana pasada que es necesario acordar un plan de reactivación, pero que contenga medidas concretas: una, dos, tres, cuatro… Pero, desafortunadamente, no quedó nada en concreto. La reactivación no depende solamente del esfuerzo que están haciendo los empresarios, sino también de políticas públicas que contribuyan a ello. Por ejemplo, la baja en las tasas de interés. Si bien es cierto que hay una preocupación del Presidente, del Gobierno, sobre que el Banco de la República las baje, no depende solamente de eso. También se requiere el esfuerzo del Gobierno. Por ejemplo, si la tasa de usura baja, cuyo cálculo es del resorte de la Superintendencia Financiera y del Ministerio de Hacienda, las tasas de interés de las tarjetas de crédito bajan y eso reactiva el consumo. Ese fue uno de los puntos que quisimos acordar y todavía no se ha podido. Hay otra serie de políticas públicas que se podrían implementar para reactivar la economía. Por ejemplo, en el comercio, en la industria, en el turismo, incentivos a la contratación de más gente, con algunos, digamos, descuentos tributarios. Pero ese tipo de acciones que el Gobierno podría liderar, en la reunión con el Presidente no se concretaron.
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Hablando de la posibilidad de que el Banco de la República acepte bajar los intereses, ¿ustedes se sienten tranquilos con la tesis de que la inflación en Colombia hoy está controlada?
No. Una cosa muy distinta es que la inflación inicie una tendencia decreciente y otra bien diferente es que esté controlada. Yo creo que ahí es donde no podemos caer en el error de creer que como empezó a bajar de una tasa del 13,25 por ciento que tuvimos a una del 12 por ciento, estamos derrotando la inflación. Faltan muchas más medidas para que eso se pueda dar; no solamente la baja de las tasas de interés del Banco, sino incentivar nuevamente el consumo, que está supremamente deteriorado.
¿Cuáles fueron las preocupaciones sobre la inseguridad en el país que el Consejo Gremial fue a plantear a Palacio?
La seguridad la hemos visto deteriorada primero en las ciudades: la inseguridad ciudadana y la inseguridad en el comercio, donde los niveles de extorsión se han incrementado notoriamente. Por ejemplo, el 68 por ciento de los empresarios del comercio en Colombia se sienten totalmente desamparados por la Fuerza Pública; están sufriendo robos, extorsiones y son obligados a cerrar los establecimientos antes de la hora normal. Otra cosa es la inseguridad en las carreteras, donde, en lo que va corrido del año, van más de 500 bloqueos; obviamente genera inseguridad que los transportadores estén sufriendo asaltos permanentes. Y otra cosa es la inseguridad que se está viviendo en los campos. Pero el Gobierno, muchas veces, saca cifras en el sentido de que hay una reducción de los índices de homicidio, pero ese no es el motivo principal ni más común que sufren ciudadanos y empresarios. Los del sector minero, los del sector agropecuario, los del sector de la construcción, los empresarios de la industria y del comercio estamos siendo víctimas de muchos episodios de inseguridad que muchas veces no se denuncian y que son parte del deterioro reinante. Al Presidente y al ministro de Defensa, que estuvo también en la reunión, se les planteó la necesidad de tener una Fuerza Pública mucho más visible, mucho más activa a lo largo y ancho del país, en las carreteras, en las ciudades y, obviamente, con muchas más estrategias para controlar el flagelo. Y en este momento, la verdad es que no sentimos que la inseguridad esté siendo controlada por el Estado o por el Gobierno.
¿Cómo recibió el término ‘mamola’ del presidente Petro lanzado contra quienes, sostiene él, se oponen a que en el país se puedan mejorar los salarios, aliviar la jornada laboral y retribuir mejor las horas extras?
Pues lo de 'mamola' es un término muy populista que acuñó el doctor Horacio Serpa hace muchos años. Es un refrito que vuelve a utilizar el Presidente para que surta algún efecto entre el público al que él se dirige. Pero, en el fondo, se está desconociendo que este proyecto de reforma laboral va a incrementar los costos entre un 25 y un 30 por ciento, a pesar de que en el primer proyecto se reducía la jornada laboral de las 9 a las 6 de la tarde y en el de ahora se estableció que la reducción sería de 9 a 7 de la noche. Igualmente pasa con los festivos y dominicales, y, obviamente, los sectores más perjudicados son los que trabajamos en horas nocturnas, dominicales y festivos, que somos un gran sector de la economía nacional. Todas esas actividades van a sufrir un impacto muy grande en los costos laborales y eso al final repercutirá en una destrucción de puestos de trabajo.
A estas alturas de esta entrevista, con los elementos analizados, ¿cree que hay realmente posibilidad de una reconciliación nacional?
Pues yo creo que una reconciliación, entendida como que todos nos cogemos de la mano, no va a ocurrir. Lo que queda por hacer es ceder, desde el punto de vista del Gobierno, con sus reformas, porque, por ejemplo, le hago un énfasis: el proyecto de reforma laboral no solo preocupa por el aumento de los costos, sino porque vulnera totalmente los derechos laborales colectivos en el país.
Póngame ejemplos de esa afirmación…
Por ejemplo, el proyecto incluye el derecho a la huelga hasta en las empresas prestadoras de servicios públicos. Esa era una discusión superada desde el siglo pasado en todos los países. No es posible que los ciudadanos no puedan tener garantizado que un día de estos no paren las empresas que prestan servicios públicos de energía, de agua, de gas, de transporte, de salud, porque las ampara una ley de huelga. Eso, en Colombia, se está resucitando…
¿Y en cuanto a las convenciones colectivas?
Esta reforma también acaba con el derecho a las convenciones colectivas, que era algo en lo que el país había avanzado, muy importante. Y ahora lo que pretende es crear los sindicatos de sector o de rama, donde lo que se acuerde, digamos, entre las grandes empresas y los sindicatos, tiene que ser acogido por las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea que esto, prácticamente, acaba con las posibilidades de manejar los costos laborales de una manera ortodoxa.
Otro motivo de preocupación son los costos de un despido…
Que tendrían unos incrementos alarmantes. Si un trabajador, por ejemplo, tiene más de 10 años de servicio, hay que pagarle 35 días adicionales por el primer año y 60 días por cada año trabajado. Esto es un estímulo negativo y perverso para mantener la estabilidad y proteger el talento de muchos colombianos que pueden trabajar por más de 10 años en una empresa, porque, prácticamente, si superan los 10 años, pues es imposible pagar los costos de su despido, lo cual se puede convertir en una barrera. El otro tema es el derecho a la huelga parcial, donde si un segmento de una empresa quiere parar, toda la empresa está obligada a parar actividades. Esto es nocivo para la productividad, para la competitividad de las empresas. O sea que una conciliación, para responder su pregunta, no será posible de alcanzar si está sesgada por un marco ideológico, como es el espíritu de esta reforma, impulsada por los dirigentes del Ministerio del Trabajo, en cabeza de la ministra y el viceministro, quienes son de estirpe sindical. Podríamos llegar a algún tipo de concertación, pero de conciliación, no, imposible.
De todas maneras me da como la impresión de que ustedes llegaron muy blanditos a esa reunión…
A pesar de no estar de acuerdo con la forma de actuar del Gobierno por muchas circunstancias, siempre la obligación del empresariado es tender la mano, como motor de la economía, generador de empleo, de progreso, y como el que paga los impuestos para que haya políticas públicas, que es importante en el marco de la responsabilidad social. Conservamos intacto el espíritu de querer enderezar el rumbo del Gobierno. Lamentablemente, las circunstancias no se han dado, pero eso no quiere decir que llegamos blanditos. A este gobierno le quedan tres años y lo que más quisiéramos es enderezar el rumbo de la reforma laboral, el de la pensional, el de la salud y el de muchas políticas públicas que consideramos que no van por buen camino.
Ustedes querían transmitirle al Presidente que no son enemigos del Gobierno. Pero ¿eso quedó claro después de ‘la última Coca-cola del desierto’? ¿Y luego de que les respondieron 'mamola'?
A pesar de las diferencias y de las discrepancias que pueda haber, nuestra obligación es tender puentes, así no comulguemos con todas las ideas del Gobierno. Pero en ese espacio como el que tuvimos con el Presidente durante tres horas, repito, la ministra del Trabajo borró con el codo lo que habíamos construido con la mano tendida, porque esa frase volvió a generar una lejanía entre el Gobierno y el empresariado del país. Y, al final, no quedó una metodología o un mañana de cómo vamos a trabajar, no quedó un interlocutor. Es decir, el balón quedó en manos del Gobierno, pero sentimos que no se recogió la posta de nuestra mano tendida.
Y, a propósito, ¿desde entonces se ha vuelto a tomar una Coca-cola?
No, y además creo que la frase de la ministra fue discriminatoria con otras marcas de gaseosas que hay en Colombia y fue una mala seña para el país… En el argot popular, eso fue publicidad.
¿Política pagada?
Publicidad indebida
O sea, ¿usted habría preferido que le hubieran dicho que
se creía la última Colombiana del desierto, la última Manzana Postobón del desierto, la última Bretaña del desierto, o qué?
O el ultimo café colombiano del desierto… (risas).
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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