EPS alertan sobre los riesgos que traería la reforma planteada al sector salud

El posible no pago de los ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes realizar para el año 2021 y la disminución de los recursos para el aseguramiento para el 2023, como lo planteó Carolina Corcho, ministra de Salud, prendió las alarmas en 11 empresas del régimen subsidiado, que cubren la salud de más de 20 millones de personas.

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“Estas dos decisiones del Ministerio de Salud, que fueron planteadas en la sesión del pasado 14 de septiembre en la comisión séptima constitucional del Congreso de la República, impactarían seriamente la garantía del derecho de la salud para los colombianos, especialmente para los más vulnerables, y expondrían a las EPS a un mayor riesgo desequilibrio financiero”, señaló Gestarsalud, gremio que representa a ese grupo de EPS.

Por un lado, está el no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en el 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Adres.

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Según la información que reposa en el Ministerio de Salud, en el 2020 se prestaron más de 2 millones de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC que ya fueron reconocidos con cargo a los presupuestos máximos de las entidades responsables del aseguramiento. En el 2021 se reconocieron con estos recursos cerca de 2 millones de servicios y en el primer semestre del 2022 fueron cerca de 700.000 servicios y tecnologías, lo que representaría una posible desatención de igual o mayor volumen de prescripciones para los s en lo que queda de esta vigencia.

Por otro lado, está el anuncio de la disminución de recursos para financiar la UPC en el 2023 en el Presupuesto General de la Nación, que pasaría de 14,1 por ciento, según lo estimado como necesario por el propio Ministerio de Salud, a 12 por ciento.

Es decir, una disminución de 2,1 puntos porcentuales. Esto en números absolutos significaría disminuir los valores del rubro de aseguramiento de 4 a 2,2 billones de pesos, sin tener en cuenta que para el año 2022 el incremento que se aplicó a la UPC fue del 5,6 por ciento y hoy la inflación alcanza más del 9 por ciento.

Vale recordar que la metodología para el cálculo del valor de la UPC se ha construido y mejorado a lo largo de 17 años y ha sido objeto de valoración, análisis y generación de evidencias por autoridades académicas, científicas, económicas y sociales nacionales e internacionales y es considerada un avance del país.

“No contar con los recursos de presupuestos máximos que superan los cálculos iniciales hechos para el año 2021 y que ya fueron debidamente prestados a los afiliados así como la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023 representa para las EPS un déficit en la disponibilidad de los dineros requeridos para continuar con la garantía de la prestación de servicios y la istración del riesgo en salud, pero también una afectación para las IPS y proveedores en el flujo de recursos en todo el territorio nacional”, agregó el gremio.

Según Gestarsalud, “no cabe duda de que los s del sistema de salud serán los directamente perjudicados, tanto en las zonas urbanas como rurales de Colombia”.

Finalmente el gremio manifestó que “por todas estas razones, solicitamos al Ministerio de Salud revisar las decisiones anunciadas en la presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2023 ante las Comisiones Constitucionales Séptimas del Congreso de la República. No contar con los recursos suficientes para la financiación y flujo de recursos para toda la cadena servicios pone en riesgo la garantía y el efectivo a los servicios e incrementa las desigualdades con su consecuente efecto negativo sobre la carga de la enfermedad y las condiciones de salud y vida de los colombianos”.

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