El proyecto de presupuesto para el 2018 radicado por el Gobierno el viernes pasado, por $ 235,6 billones, evidencia la senda de austeridad en la que tendrá que seguir Colombia y motiva a
Fedesarrollo a reiterar que, para poder consolidar el ajuste fiscal que está haciendo el país, tras la crisis por el bajo precio del petróleo,
uno de los retos por asumir es el de un cambio integral en el sistema presupuestal.Según Leonardo Villar, director ejecutivo de ese centro de pensamiento económico, el esquema tradicional, de manejo anual del presupuesto, ha conducido a que la ejecución de los recursos se deje para el segundo semestre, periodo en el cual se gasta la plata pública de manera acelerada, solo para cumplir los tiempos y porcentajes, y no necesariamente para hacer un gasto eficiente.
Expresó que el cambio en el sistema presupuestal debe conducir a que se hagan presupuestos multianuales y por programas, de forma que esto facilite la gerencia pública y permita evaluar mejor los resultados por parte de las entidades de control fiscal, como la Contraloría.
Así mismo, indicó que los presupuestos deben ser integrales, pues “no se tiene en cuenta si la inversión que se hace desde el nivel central se complementa con la de regalías y las transferencias regionales”, lo que termina en ineficiencia en el gasto.
Villar destacó que el país debe encaminarse también al manejo de presupuestos que permitan “agregar los esfuerzos de diferentes niveles de Gobierno (nacional, departamental, territorial) sin perjuicio de la autonomía de cada uno de ellos”.
Menor recaudo
La modificación integral al sistema presupuestal es una tarea urgente, pues es clave para mejorar la calidad del gasto público, en un momento en que, según Fedesarrollo, el crecimiento en el ingreso tributario esperado por el Gobierno luego de la reforma tributaria, podría ser menos optimista de lo que se ha contemplado. Esto porque, el próximo año, grandes contribuyentes dejarán de pagar tributos eliminados, como el patrimonio, y se aplicará la reducción en el gravamen a la renta de empresas. Con menos plata y una ley (regla fiscal) que exige control del déficit (3,1 por ciento del PIB para 2018), la inversión pública sería la afectada. En 2019 llegaría a la mitad de lo que fue en el 2014, dijo Fedesarrollo.
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