‘Calculamos que el número de desempleados subiría a 5 millones’

El Congreso de la República tiene, desde el jueves de esta semana, la responsabilidad de sacar adelante la reforma laboral diseñada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y no serán pocas las presiones que tendrán los legisladores, sobre todo en medio de un ambiente electoral para elegir alcaldes y gobernadores.

Esa es una de las grandes preocupaciones de los empresarios, principalmente de los comerciantes, quienes temen que las bancadas del Congreso terminen definiendo una reforma más por intereses particulares que por aspectos económicos, técnicos y sociales.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a este y otros aspectos de la iniciativa, que de aprobarse tal y como está, podría generar un efecto contrario al objetivo que persigue de mejorar las condiciones laborales de millones de colombianos, según dijo.

Debo decir, primero, que los comerciantes participamos en unas mesas técnicas, pero no hubo una concertación real del proyecto y en ese sentido advertimos que esa iniciativa no va en el sentido de solucionar el problema de los más de 15,9 millones de desempleados e informales en Colombia. Está es direccionado a brindar mejores condiciones para esa minoría de colombianos que hoy gozan de estar dentro de la fuerza laboral del país y especialmente de aquellos que están sindicalizados, pero no resuelve los problemas estructurales del mercado laboral colombiano. Por el contrario, dificultará el de esta población al mercado formal laboral del país.

Porque el corazón del proyecto de reforma apunta a incrementar de manera sustancial los costos laborales y de manera particular para el comercio, que hoy por hoy es el mayor generador de empleo en el país, pues uno de cada cuatro colombianos (25,6 por ciento) trabaja en cualquiera de las actividades de este sector.

Con los ajustes de la jornada laboral, el incremento en la remuneración de los dominicales y festivos, entre otros, estamos hablando de unos extracostos de entre 14 y 20 por ciento adicional, según cálculos de Fedesarrollo, pero si a eso se le suma el 16 por ciento del incremento del salario mínimo este año, podríamos tener costos entre 30 y 35 por ciento. Ahora, nuestros cálculos apuntan que a mediano plazo, si la reforma se implementa como está el proyecto, podríamos pasar de 3,4 millones de desempleados a un nivel cercano a los 4,5 o 5 millones.

Es que no fue una reunión de concertación sino una reunión tripartita entre sindicatos, Gobierno y gremios que duró tres horas, en la que se analizó el articulado y nuestro papel fue más bien de sensibilizar al Gobierno y a las centrales obreras sobre las implicaciones de lo que podría haber salido mucho peor. Lo que hicimos fue tratar de atajar una serie de artículos que podrían tener grandes implicaciones. Por ejemplo, el que se refería al incremento obligatorio de IPC a todos los salarios sin importar su monto al comienzo de cada año. Logramos que eso se aplicara solo hasta dos salarios mínimo, porque muchas empresas no habrían podido absorber ese impacto en sus costos. También se logró frenar el artículo que habilitaba el derecho a huelga por motivos políticos, económicos, ambientales o solidarios.

El tema de la estabilidad laboral reforzada, en la medida que tiene una protección importante en los trabajadores, hay algunos artículos que no compartimos de ese capítulo donde se le daba, por ejemplo, posibilidades de que cualquier trabajador por motivos familiares pudiera estar amparado en esa estabilidad laboral, pero desde el punto laboral de las mujeres en embarazo, de la protección de trabajadores que se vayan a pensionar pronto nos parece que puede haber un avance importante.

En el enfoque integral. El régimen laboral y el Código Sustantivo del Trabajo son muy antiguos y rígidos y no dan cabida ni oportunidad, por ejemplo a las nuevas modalidades de negocios y a los emprendedores del país. Antes que buscar mayor rigideces en la contratación, lo que se debería plantear es una flexibilidad para contratar, por ejemplo, por horas con el reconocimiento de todas las prestaciones sociales de forma proporcional, pero ahora, por el contrario, en el capítulo de contratación de esta reforma se vuelve mucho más difícil hacer contratos a término definido y parcial, se vuelve mucho más difícil prescindir de empleados por justa causa porque se incrementan los costos.

Que haya una discusión objetiva y responsabilidad de los congresistas de escuchar a los gremios, la academia, los trabajadores y el país en general en audiencias públicas. Nos preocupa un poco que por motivos políticos las bancadas del Congreso terminen definiendo una reforma laboral mucho más por un interés particular, en un contexto electoral como el actual, que teniendo en cuenta los argumentos económicos, técnicos y sociales que hemos planteado.