La ANI enfrenta 19 demandas que tienen en juego más de $ 7 billones

Además de adjudicar grandes proyectos que aporten al desarrollo socioeconómico de las regiones, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) también debe lidiar con los pleitos legales que surgen a raíz de los múltiples problemas que enfrentan los inversionistas antes, durante y después de construir vías, aeropuertos y otras megaobras.

Actualmente, son 19 las demandas que enfrenta esta entidad por diferentes motivos y proyectos. Nueve comenzaron entre 2017 y 2022 y, de los diez restantes, cuatro iniciaron este año y seis están pendientes de ser itidas.

Los registros de la ANI indican que cerca del 90 por ciento de estos casos están relacionados con proyectos viales, solo una demanda es por un aeropuerto –el de Barranquilla– y otra más es por un puerto en Tumaco.

La más antigua es la de Yuma Concesionaria, que se itió en el 2017 por el proyecto Ruta del Sol 3. Son 465 kilómetros que recorren los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar y, al cierre de mayo, tenía un avance de obra del 55,7 por ciento.

La concesionaria pretende 1,5 billones de pesos por “el desequilibrio económico del contrato ante la ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles ajenas a Yuma como presencia de comunidades étnicas, falta de planeación de la ANI y mayores costos”.

Por Ruta del Sol 2, la ANI enfrenta otra demanda de la Concesionaria Ruta del Sol. Este contrato se terminó y liquidó por mutuo acuerdo en el 2017 luego de que saliera a la luz el escándalo de sobornos de Odebrecht. El concesionario está reclamando 2,28 billones de pesos y pide que se declare el incumplimiento de la ANI en dicho acuerdo.

Para terminar las obras de este proyecto, que conecta el centro con el norte del país, se dividió en dos troncales (Magdalena 1 y Magdalena 2) que fueron adjudicaciones en julio de 2022.

La ANI también está demandada por el sector uno de la Ruta del Sol, que estuvo a cargo del Consorcio Vial Helios. Sus pretensiones ascienden a 490.000 millones de pesos por, entre otros temas, el supuesto incumplimiento de la entidad en los pagos de diferentes valores por hitos en la obra.

Otro pleito que tiene de por medio una gran cantidad de dinero es el de la Perimetral del Oriente de Cundinamarca. Son 1,45 billones de pesos en juego porque, según la empresa, sobre la ANI recae la responsabilidad de que no se haya podido construir y operar el peaje de la unidad funcional tres tras la declaratoria del Ministerio de Ambiente como área de restauración y protección por “la existencia sorpresiva de 60 manantiales”.

Por temas de peajes la entidad enfrenta varias demandas adicionales, como la que involucra a la vía 4G Girardot–Ibagué–Cajamarca y que el Concesionario APP Gica llevaba en 51,98 de avance al 30 de junio.

Está pidiendo que se declare la terminación anticipada del contrato, entre otras razones, por la no instalación de la caseta de peaje ‘Cocora’, lo cual produjo una afectación en la estructura tarifaria del proyecto y, por consiguiente, una afectación al modelo financiero. Por las afectaciones causadas reclama 990.280 millones de pesos.

Otra es de Vías del Nus, itida en mayo de 2022, porque la ANI no le entregó el 2 de agosto de 2021 la estación de peaje Niquia, lo cual terminó afectando de manera negativa los ingresos del concesionario y lo que proyectó recaudar en el futuro para financiar la construcción y operación del proyecto. Este peaje fue destruido durante el paro nacional del 28 de abril de 2021 y nunca se volvió a reubicar.

La concesionaria de la Ruta del Cacao es la que más demandas tiene contra la ANI, son tres por la vía Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó. En una, que asciende a más de 20.300 millones de pesos, pide que se declare que la construcción del peaje Rancho Camacho no es su responsabilidad.

Adicionalmente solicita al tribunal que se declare que las circunstancias que han impedido culminar la construcción y entrada en operación de los peajes La Renta, La Paz y La Angula “son extraordinarias, anormales y no son imputables al concesionario”.

En un segundo pleito, por 66.800 millones de pesos, aspira a que se declare que las condiciones técnicas deficientes en las que se encuentran algunos sectores de esta vía son ajenas y no imputables a la concesionaria. Igualmente, pide que se declare que Ruta del Cacao tiene derecho a que le sean reconocidos por la Agencia los costos relacionados con las intervenciones diferentes a operación y mantenimiento.

Además, en medio de este pleito, requiere que se declare que el cambio de trazado en el diseño de la unidad funcional nueve es producto de hechos ajenos y no imputables a la concesionaria, por lo que tendría derecho a que la ANI le reconozca y pague el mayor costo que le representó el cambio de este trazado.

En la tercera demanda, que al igual que las anteriores se presentó este año, busca que se declare que la ANI no cumplió con el procedimiento indicado en el contrato para avisar sobre la ocurrencia de un “Evento Eximente de Responsabilidad” en la unidad funcional ocho.

A las anteriores se suma la de Ruta Caribe, pues alega múltiples incumplimientos de la ANI por, entre otros temas, las afectaciones causadas por la pandemia del covid-19, las tarifas especiales en las estaciones Pasacaballos y Sabanagrande y las alteraciones del orden público en el peaje de Turbaco. En este caso, las pretensiones del concesionario ascienden a más de 105.606 millones de pesos.

Coviandes también interpuso dos demandas contra la ANI. Con la primera la concesionaria busca que se declare la nulidad de la sanción interpuesta por los presuntos perjuicios generados por el colapso del viaducto Chirajara en enero de 2018 y, por lo tanto, se le restituyan los 33.359 millones de pesos, más intereses, que fueron cuantificados en su momento.

La otra demanda es más reciente –de febrero de este año– y más costosa. Están en juego más de 199.658 millones de pesos porque Coviandes reclama el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que tuvo que ejecutar por “desprendimientos y excavaciones adicionales inevitables, imprevistas e imprevisibles” que se presentaron en la construcción de varios túneles en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio y que desbordaron el riesgo constructivo asumido por el concesionario.

Las afectaciones que causó la pandemia del covid-19 también llevó a que el concesionario a cargo de la vía Santa Marta–Paraguachón demandara a la ANI, pues argumenta que debe pagarle por los ingresos que dejó de percibir por el menor tránsito de vehículos. Esto es adicional a los perjuicios que sufrió por la exención en el pago de peajes dispuesta por el Gobierno entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020. En esta demanda están en juego más de 69.900 millones de pesos.

Entre las demandas que aún están pendientes por itirse están la de la vía 4G Neiva–Espinal–Girardot y Puerto Hondo. La primera se presentó en marzo de este año, y la segunda, hace tan solo 25 días.

Además, aunque en mayo el tribunal de arbitramento falló a favor de la ANI en el litigio por el proyecto Mulaló-Loboguerrero, el concesionario Covimar presentó un recurso de anulación del fallo por lo que el caso sigue abierto. En este pleito hay de por medio más de 640.000 millones de pesos.

Por un recurso de anulación también podrían optar la ANI o el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC) luego de que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá emitiera un fallo por el pleito que inició en 2021 e involucra al aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz.

El tribunal recomendó que se liquide el contrato existente y no avaló la exigencia económica de más de 664.100 millones de pesos que hizo el GAC al considerar que, el impacto generado por el covid-19, no fue responsabilidad ni del Estado ni del concesionario.

LINA QUIROGA RUBIO

Economía y Negocios