Los artículos del Plan de Desarrollo que impactarían su bolsillo

Si tiene un predio, un crédito con el Icetex o un carro nuevo hay una serie de artículos en la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro que se discutirá en los próximos días en el Congreso que le pueden tocar su bolsillo.

Estos son algunos de los artículos que siguen contemplando la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo y que le tocarían en bolsillo:

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Si tiene un carro nuevo, le afectaría el Plan de Desarrollo. Esto porque en la ponencia para segundo debate se mantiene el artículo que cambia los tiempos de la primera revisión tecno-mecánica. Esta ya no se tendría que hacer a los 6 años, como lo establece la norma actual, sino a los 5.

En el caso de los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir 2 años contados a partir de su fecha de matrícula.

Mientras los autores del artículo, los representantes a la Cámara Jezmi Barraza y Álvaro Monedero, ambos del Partido Liberal, señalan que lo que se busca es salvar vidas, lo cierto es que también podría generar millonarias ganancias a los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA). Por ejemplo, el año pasado se vendieron en el país más de 262.000 carros nuevos, los cuales tendrían que hacer su revisión en el 2028.

Si tiene un predio y no ha sido actualizado hace más de 5 años, debe saber que en el Plan de Desarrollo hay un artículo que permite la actualización catastral masiva con el objetivo de mejorar la planificación del territorio, al tiempo que se corrigen las inequidades en la carga tributaria, pues las personas empezarían a pagar más en función de lo que declaren.

Esto porque hay muchos predios del país que están desactualizados y lejos de su valor comercial y el propósito de este gobierno es avanzar en el catastro multipropósito.

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“En las grandes ciudades hay mayores avances; sin embargo, vemos un atraso muy fuerte en el resto de lugares y siempre hemos creído que hay unas potencialidades de generación de recursos enormes ahí. Por ejemplo, conozco unas fincas en Mesa de Yeguas de 2.000 o 3.000 millones de pesos con unos avalúos ridículos y un predial que ni siquiera llega al 1 por 1.000. Los avalúos están muy por debajo de lo que pudiera ser el valor comercial”, le dijo a EL TIEMPO Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación.

A partir de la entrada en vigencia del PND, se crearía el programa de renta ciudadana, el cual ya está poniendo en marcha Prosperidad Social para aquellas personas más vulnerables. El monto de la transferencia dependerá de la conformación del hogar y la zona en la que habite, y tendrá en cuenta el ciclo de vida. El componente condicionado estará asociado a dimensiones de salud, educación y corresponsabilidades en ocupación y empleo.

A modo de transición, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, anunció que este próximo 29 de abril iniciará el primer pago. La idea es que este programa beneficie a unos 3,3 millones de hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a los que les llegará un ingreso de hasta 500.000 pesos mensuales, en función de sus condiciones.

De este modo, la entidad pasaría de destinar en transferencias monetarias condicionadas 1,9 billones de pesos a cerca de 7 billones de pesos, y de beneficiar 1,9 millones hogares a 3,3 millones. Además, se buscará privilegiar a madres cabeza de hogar con niños, niñas o adolescentes a su cargo.

La entidad está cruzando información sobre ingresos de los hogares con la que estos reportan en sus aportes parafiscales y su estado en la encuesta Sisbén, entre otras fuentes, para llegar realmente a los que más lo necesitan.

El Plan de Desarrollo también plantea un nuevo sistema de transferencias de recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, con enfoque de derechos, y con participación de las economías popular y comunitarias, y la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

A los pensionados en Colombia que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos, es decir, entre 2,3 y 3,4 millones de pesos en este 2023, se les reducirá el aporte a salud que deben hacer cada mes. Este bajaría del 12 por ciento actual a un 10 por ciento.

El Plan de Desarrollo establece que se reasignarán los subsidios de energía eléctrica para poder garantizar que el nivel de consumo indispensable de los s en condiciones socioeconómicas vulnerables de los estratos 1 y 2 pueda ser cubierto. A pesar de que llegaron proposiciones que pedían incluir al estrato 3, no se metió.

Además, el artículo dice que estará sujeto al uso de medidores inteligentes, en la medida en que se vaya implementando este esquema, y a la implementación de metodologías de focalización de subsidios que, mediante la mejora en los actuales errores de inclusión, permitan disponer de los recursos requeridos para cubrir el costo de esta medida.

En el artículo también se indica que el subsidio del estrato 3 se mantendría hasta el 30 de junio del 2027.

A través de un artículo nuevo que se incluyó para el debate en plenarias, el Plan de Desarrollo autoriza al Icetex para que realice una compensación parcial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que compone la tasa de interés en créditos educativos del Instituto.

Esta medida será para beneficiarios del Icetex de las líneas de crédito con tasa subsidiada y con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

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Además, se indica que corresponderá a la Junta Directiva del Icetex, en ejercicio de sus facultades, establecer los lineamientos para la compensación parcial del IPC que compone la tasa de interés en créditos educativos con tasa subsidiada, de acuerdo con estudios técnicos que se estructuren en la entidad.

Con el objetivo de dar continuidad a las medidas encaminadas a la promoción, generación y protección del empleo formal, en el Plan de Desarrollo se establece un incentivo a la generación de nuevo empleo, que se ampliará a los empleadores que vinculen a trabajadores con discapacidad y podrá extenderse hasta agosto de 2026.

El Gobierno nacional evaluará la pertinencia de su continuidad, de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos realizados por las entidades públicas sectoriales, y podrá rediseñar los requisitos de y permanencia, las poblaciones beneficiarias, los montos y mecanismos para otorgar el incentivo y los demás aspectos necesarios para su implementación.