Tributaria busca sacar de la pobreza a 4,1 millones de personas

La crisis del covid-19 profundizó problemas estructurales de la economía colombiana como la pobreza, la desigualdad o el desempleo, al tiempo que amplió el hueco de las finanzas públicas hasta niveles históricos.

Este martes, y después de un intento fallido en abril que desencadenó una ola de protestas, el Gobierno radicará con mensaje de urgencia el denominado ‘Proyecto de inversión social', que buscará recaudar 15,2 billones de pesos para atender a los más vulnerables, reactivar la economía y lograr mayor inversión.

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Con esta reforma, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, tiene la meta de beneficiar a 11,6 millones de colombianos. Con esta sumada a las demás ayudas del Gobierno como Familias en Acción, Colombia Mayor o la devolución de IVA se cubriría a cerca de 25 millones de personas, es decir, a la mitad de la población.

“El corazón de esta iniciativa es lo social, atender a los más vulnerables como los jóvenes, los que se quedaron sin empleo o las mujeres. Vamos a hacer dos terceras partes del ajuste que necesita hoy el país. El adicional seguramente será responsabilidad del siguiente gobierno”, le dijo Restrepo a EL TIEMPO.

Con la ampliación del Ingreso Solidario, se beneficiará a un total de 3,3 millones de hogares, lo que equivale a 9,8 millones de personas. En concreto, en la reforma se establece que se dará 160.000 pesos a 200.000 familias más, con lo que se ayudará a más de 700.000 personas.

El impacto de esta iniciativa mitigará el golpe de la crisis en la pobreza. La meta es reducir la extrema hasta el nivel que había antes de la pandemia; es decir, pasar del actual 15,1 por ciento a 9,6 por ciento. Con ello, se espera que 2,7 millones de personas dejen de estar en esta condición.

También se busca bajar los niveles de pobreza monetaria de 42,5 a 34,2 por ciento, lo que derivaría en que 4,1 millones de personas tampoco estarían en esta condición.

En materia de empleo, el propósito del proyecto es recuperar cerca de 500.000 trabajos y llegar a niveles prepandemia. Para ello se contempla el subsidio del 25 por ciento de un salario mínimo para los jóvenes de entre 18 y 28 años y otro para el resto de la población, que equivale al 10 por ciento. Con el primero se beneficiarían cerca de 188.000 jóvenes, y con el segundo, 271.000 personas.

Además, con la ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), que estará concentrado en la micro y pequeña empresa, se espera beneficiar a 400.000 empleos y 55.000 empleadores. Y con los recursos para ofrecer matrícula cero a estudiantes universitarios en condiciones de vulnerabilidad económica, el programa se ampliará a 695.000 alumnos de pregrado.

En el proyecto también se incluyen varios instrumentos para reactivar la economía. Entre ellos está la propuesta de que cada año existan hasta 3 días sin IVA o que se establecerán beneficios para las entidades territoriales, como financiar hasta el 50 por ciento del déficit operacional derivado de la pandemia de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo. Adicional a ello, se plantea la extensión de algunas medidas como los créditos de tesorería y los cupos de endeudamiento.

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Para sacar adelante este nuevo proyecto, el Ministerio de Hacienda se concentró en buscar consensos entre los diferentes actores de la sociedad.

Inicialmente, se realizaron cuatro foros virtuales en las comisiones económicas conjuntas donde empresarios, jóvenes, líderes sindicales, representantes de la academia o partidos políticos fueron poniendo sobre la mesa propuestas para elaborar de una manera consensuada la iniciativa.

También se hizo una gira regional para socializar el proyecto en diferentes ciudades como Barranquilla, Medellín, Villavicencio, Ibagué y Cali, a fin de buscar consensos.

Al igual, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar en la construcción del nuevo articulado a través de las ideas que pudieron dejar mediante una página web habilitada para ello.

El grueso de la financiación de la reforma provendrá del sector privado. Los empresarios aportarán el 69 por ciento (10,6 billones de pesos) del recaudo mientras que el 31 por ciento (4,6 billones de pesos) vendrá de un nuevo apretón al gasto público y de una mayor lucha contra la evasión. Esto sin contar con las medidas temporales que son la sobretasa financiera y la normalización tributaria.

Fueron los empresarios mismos, liderados por la Andi, los que levantaron la mano desde antes de que se cayera el anterior proyecto para proponer una ‘contrarreforma’ en la que se quitaban algunos de los beneficios obtenidos en la Ley de Financiamiento de 2019. “El sector empresarial va a hacer un esfuerzo con un espíritu solidario. El diálogo tiene que prevalecer. Es importante que este proceso salga rápido, limpio y simple”, indicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Esta propuesta fue tenida en cuenta por el Gobierno a la hora de buscar consensos y finalmente se contempla que el descuento del ICA que en 2022 era del 100 por ciento ahora será del 50 por ciento y que se aumente la tarifa de renta de las empresas al 35 por ciento desde el actual 31 por ciento.

La primera medida generará 3,9 billones de pesos y la segunda, 6,7 billones de pesos, por lo que se podría decir que los empresarios aportarán un recaudo adicional por año de unos 10,6 billones de pesos.

El proyecto establece cambios temporales como una sobretasa de tres puntos porcentuales al sector financiero hasta 2025 que generaría un recaudo de 392.000 millones. Asobancaria aprobó la imposición de esta sobretasa en medio de esta coyuntura extraordinaria, aunque la catalogó como “antitécnica” debido a que desincentiva la inversión.

Adicional a ello, se haría una nueva normalización tributaria para regularizar los capitales que tienen los colombianos en el exterior. Se prevé que ello genere 300.00 millones de pesos en 2021 y 460.000 millones de pesos en 2022.

Por el lado del Gobierno, este se concentrará en un plan de austeridad del gasto público de 1,9 billones de pesos. Por ejemplo, se limitará el crecimiento de la burocracia, se restringirán los cambios en la planta de personal o se limitarán los gastos.

En total, se prevé llegar a un ahorro de 50 por ciento en viáticos, papelería, publicidad o vehículos en un periodo de 10 años. También se hará un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo. “Va a haber facultades para suprimir, escindir y fusionar entidades del Estado. También se hará un control a los contratos de prestación de servicios”, explico el ministro de Hacienda.

El Gobierno también tratará de hacer un esfuerzo en materia de fiscalización en alrededor de 2,7 billones de pesos anuales. Con el objetivo de luchar contra la evasión, se transformará la factura electrónica o la Dian sacará el RUT a los evasores que no cuenten con este registro. Adicional a ello, a través de la georreferenciación se podrá garantizar el valor total de la venta de los inmuebles.

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La propuesta del exministro Alberto Carrasquilla buscaba recaudar 23,4 billones de pesos, de los que 17 billones de pesos se lograrían a través de los impuestos a las personas naturales, 7,3 billones de pesos serían a través del IVA y 3,7 billones por los impuestos a las empresas.

En esta ocasión, el recaudo se baja hasta 15,2 billones de pesos y no se tendrá en cuenta ningún impuesto que toque a las personas. Por ejemplo, no se ampliará la categoría de bienes exentos de IVA, ni se pondrá de manera gradual el impuesto de renta a las personas naturales o pagarán más los pensionados.

En la pasada reforma se proponía un mecanismo de transición por tres años en el que en 2022 se pagaría impuesto de renta desde los 4,1 millones de pesos mensuales, en 2023 sería a partir de los 2,9 millones de pesos y en 2024 a partir de los 2,5 millones de pesos.

Adicional a ello, había otras propuestas para que aportaran más los que más tienen a través de un impuesto solidario a la riqueza por dos años, un aumento a la tarifa del impuesto a los dividendos de 10 a 15 por ciento y otro tributo temporal y solidario a los ingresos altos de 10 millones de pesos o más por mes.

Para Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, una de las diferencias es que la tributación no tiene ningún efecto en materia de distribución de ingreso y progresividad en los impuestos.

“La anterior era progresiva en dos sentidos: ponía a pagar más a las empresas con mayores utilidades y a las personas con mayores ingresos, incluyendo la clase alta, media alta y media. Todo eso se borró y solo le cobran impuestos a las empresas”, indicó.

En la parte de las personas jurídicas, en el anterior proyecto había una tarifa diferente para las pequeñas y medianas empresas. Además, también había una parte de impuestos verdes, como la creación del impuesto a los plásticos de un solo uso que ya no aparecen en esta.

Hace unas semanas, Fitch Ratings se sumó a la decisión de Standard & Poor’s y le rebajó la nota crediticia a Colombia de BBB- a BB+. Con ello, le quitaron el grado de inversión al país, y ya solo falta conocer cuál será la decisión de Moody’s.

Según Restrepo, este nuevo proyecto manda mensajes positivos a las calificadoras. El primero es que Colombia sigue firme en lograr la sostenibilidad fiscal.

Además de que esta iniciativa contempla un esfuerzo del Gobierno y que la mayoría de los ingresos son permanentes. También que la cifra de 15,2 billones de pesos es una de las más ambiciosas.

“Vamos a reducir gradual y progresivamente el déficit fiscal, generaremos superávit primario a 2024 y reduciremos la deuda pública hasta niveles del 60 por ciento”, sostuvo.

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REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS