Carrera contra reloj para hacer los últimos ajustes al plan tributario

La semana que viene será crucial en materia tributaria, no porque se vaya a votar la iniciativa que el Gobierno presentó el pasado 8 de agosto ante el Congreso de la República y con la que busca unos 25 billones de pesos adicionales en el 2023, sino porque la etapa de socialización del proyecto y la búsqueda de acuerdos en algunos puntos álgidos de este, como la mayor carga impositiva para las empresas, entra en su etapa final, previo al inicio de su discusión en el Legislativo.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no la tendrá fácil, más cuando la bancada del Centro Democrático ya le anticipó que no votará esa iniciativa por considerar que “no es ni social ni mucho menos equitativa”, como lo señaló esta semana David Luna, senador de Cambio Radical.

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No es la única queja que ha recibido el ministro por estos días frente a su plan tributario. Empresarios, gremios de la producción y algunos centros de pensamiento, entre otros actores del mercado, también han hecho sus propios reparos sobre los efectos y alcances que tendría el proyecto en cuestión si el Legislativo decide darle su bendición tal y como está planteado.

Quizás por eso el Gobierno ha insistido en que las puertas del diálogo están abiertas y que está dispuesto a discutir algunos puntos, siempre y cuando las propuestas que se hagan en el marco de esos acercamientos sean sensatas y serias. También ha sido claro, no obstante, en que existen unos inamovibles dentro del proyecto.

Tras su encuentro a puerta cerrada con los de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el miércoles de esta semana, Ocampo dijo que ya tenía definido el cronograma de audiencias públicas con distintos sectores para discutir, precisamente, esos puntos que más han generado polémica.

La primera de estas será con los gremios de la producción en Bogotá, habrá un segundo encuentro con representantes de las regiones en Barranquilla y una más en Cúcuta.

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También está prevista una reunión con los ponentes de la reforma tributaria esta misma semana “para analizar artículo por artículo y las múltiples propuestas que ya comenzaron a llegar”, señaló Ocampo, quien dijo que van como 40 proposiciones.

Aunque es difícil establecer la velocidad con que pueda avanzar la discusión del plan tributario del Gobierno en el Congreso, el funcionario guarda la esperanza de que el primer debate pueda terminar en septiembre, aunque el propósito inicial era terminar antes de la discusión del presupuesto, algo que luce difícil, según el jefe de las finanzas.

A escasos días de que se inicien las discusiones del proyecto tributario en el Congreso, el Gobierno decidió hacer los primeros ajustes, luego de escuchar algunas peticiones de las comunidades y algunos sectores económicos.

El primero es la eliminación del artículo con el que se buscaban gravar las exportaciones extraordinarias de oro con una tarifa de 10 por ciento, pues el Gobierno considera que es una tarea complicada debido a que “mucho del oro que exporta Colombia es contrabandeado”, al tiempo que muchas empresas grandes de oro trabajan con pequeños productores, un segmento que al Ejecutivo le interesa apoyar e impulsar.

El segundo ajuste tiene que ver con los subsidios a los precios de los combustibles en zonas de frontera, que en principio se eliminarían, pero que, según lo expresado por Ocampo al término del foro organizado por el centro de estudios económicos Anif el viernes, se mantendrán.

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Con las zonas francas también ha habido acercamientos y avances. La idea del Gobierno era imponerles unos requisitos de exportación a estas zonas, ya que el 85 por ciento de sus ventas van al mercado local, generando una competencia injusta con el empresario que está fuera de éstas y paga 35 por ciento de impuesto de renta.

El mensaje del Gobierno era que si no elevaban sus exportaciones tendrían que pagar el impuesto de renta normal.

Pero los empresarios de las zonas francas se comprometieron a eso durante las reuniones que sostuvieron con los ministros Ocampo, de Hacienda, y Germán Umaña, de Comercio Exterior, durante el Congreso de la Andi que se realizó en Cartagena a mediados de agosto.

Y si bien el Gobierno confía en que pueda seguir avanzando en la concertación de algunos temas con los empresarios y otros actores de la sociedad en las reuniones previstas para esta semana, hay temas sobre los que no habrá cambios, salvo que lleguen propuestas que permitan mejorar la meta de 25 billones de pesos de recaudo, cifra sobre la cual no hay discusión.

“Yo quiero es que me propongan aumentos (de recaudo), porque bajar los impuestos y decir qué sale (del proyecto) es muy fácil”, dice Ocampo.

Aun cuando todos los temas incluidos en el proyecto de reforma tributaria están abiertos a discusión, el Gobierno ha sido claro en que, a menos que haya propuestas que permitan mejorarlos sin afectar la esencia del proyecto y sus objetivos, no habrá cambios.

De esos inamovibles hace parte el monto del recaudo, sobre el que los empresarios han dicho que es muy elevado y golpearía muy fuerte al sector productor que tendría que poner hasta 17 billones de pesos, según cálculos preliminares de la Andi.

Bruce Mac Master, máximo vocero de los empresarios del país, ha sido reiterativo en ello y ha pedido al Gobierno que se reduzca esa meta.

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Ocampo dice que no, al tiempo que aclara que el impacto para el sector productivo será del orden de los 5 billones de pesos.

“El proyecto se construyó sobre los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, y tiene como doble propósito saldar parte de la deuda social histórica del Estado con la población colombiana y completar el ajuste fiscal”, viene recalcando el funcionario en cada conferencia a la que asiste por estos días.

El Gobierno pretende llevar el índice de pobreza (Gini) del 0,543 al 0,491, una reducción de 0,053, casi el doble de lo que se logra con el sistema tributario actual 0,029. Por eso, el tema del recaudo es uno de los inamovibles.

Y en ese propósito el impuesto de renta es clave: las personas de más altos ingresos tendrán que tributar más “es parte del efecto redistributivo de la riqueza que tiene esta reforma”, dice Ocampo.

Tampoco se irá el 4 × 1.000, quizás sufra algunos ajustes teniendo en cuenta algunas sugerencias de los banqueros que quieren que se elimine para el Régimen Simple de Tributación, como una forma de incentivar la formalización de miles de mipymes.

En cuanto a la propuesta de subir el impuesto a las ganancias ocasionales del 10 al 20 por ciento, la opción para moderar su impacto puede ser combatiendo más la evasión.

Según lo expuesto por el Gobierno, estos son los puntos claves de la reforma tributaria:

1. Reducción de beneficios tributarios que han beneficiado a las personas naturales de altos ingresos.

2. Limitar beneficios tributarios empresariales, priorizando estímulos focalizados a sectores estratégicos, según el plan del Gobierno.

3. Mejorar la contribución del sector de recursos naturales al financiamiento del sector público.

4. Mitigar externalidades ambientales y de salud.

5. Medidas para combatir la evasión y la elusión de impuestos.

6. El recaudo sería de$ 25 billones (1,72 % del PIB).

En el 2026 se generarán, de forma paulatina, ingresos por $ 50 billones, vía reducción de la evasión.

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