Meta de recaudo de la reforma debe ser menor, dicen empresarios

En concordancia con el Gobierno y analistas, acerca de la necesidad del país de adelantar una reforma tributaria para recuperar las arcas públicas del impacto del mayor gasto y endeudamiento asumidos para enfrentar la pandemia de covid-19, mantener el grado de inversión y atender a la población más afectada, los empresarios del país consideran que hay que adelantar el trámite de la reforma tributaria.

Pero en lo que no coinciden con el Ejecutivo es en el monto del recaudo estimado, sobre el cual, a juicio del Consejo Gremial Nacional (CGN), la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y los pequeños empresarios, representados por Acopi, señalan que las condiciones actuales del país a nivel social y de la economía de los hogares permiten pensar en un rango entre 13 y 15 billones de pesos.

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Esta semana, el CGN proyectó que los recursos para superar la crisis deberían oscilar en un rango entre el 1 y el 1,5 por ciento del PIB, monto que según Fenalco debería complementarse con un ahorro de gastos de 1 por ciento del PIB, es decir, 10 billones de pesos.

Los gremios que hacen parte del CGN plantearon la necesidad de explorar fuentes alternativas de ingresos, complementadas con un plan para combatir la evasión y el contrabando, reducir el gasto público y desarrollar un plan de enajenación de activos no estratégicos, entre otras.

Dos de las propuestas que están sobre la mesa hace dos semanas, y a las cuales también se unió Fenalco, fueron planteadas por la Andi, y consisten en aplazar la reducción gradual del impuesto de renta de empresas, lo cual daría 6,2 billones de pesos, y suspender la medida de descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) del impuesto de renta, vía que daría 5,2 billones de pesos.

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Los gremios estiman, además, que el plan de venta de activos, incluyendo una parte adicional de Ecopetrol, ISA y otras empresas, podría aportar entre 6,5 y 15 billones de pesos.

Adicionalmente, Fenalco planteó esta semana dos iniciativas distintas. La primera es suspender la realización de dos de los tres días sin IVA que ya existen por ley, con lo cual el fisco tendría 1 billón de pesos al año; y la segunda es cerrar un boquete estableciendo aranceles y el IVA a las compras por plataformas extranjeras de comercio electrónico de productos de menos de 200 dólares y que no tienen gravámenes.

Para el impuesto al patrimonio, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, cree que desestimula la inversión y debería aplicarse solo a patrimonios ya consolidados superiores a 10.000 millones de pesos, con una tarifa del 2 por ciento y con carácter transitorio durante dos años, cambio que daría 0,8 billones de pesos.

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Y si bien la idea del Gobierno es subir del 10 al 15 por ciento la tarifa de dividendos para quienes reciban más de 29 millones de pesos al año por este concepto, Fenalco asegura que esto debería hacerse para las empresas grandes, con ingresos superiores a 65.000 millones de pesos anuales, recogiendo cada año unos 0,5 billones de pesos.

Por su parte, la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, propuso que una fuente alternativa de ingresos disponible es el dinero que hoy todos los empleadores vienen pagando a las cajas de compensación, y parte de estos aportes podría destinarse para financiar los programas sociales que el proyecto de ley busca ampliar.

Para María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), promover el archivo del proyecto es un mal cálculo político en el mediano y largo plazo, ya que un escenario de este tipo “amenaza la institucionalidad, la estabilidad macroeconómica y nuestro sentido de responsabilidad con las familias más vulnerables de nuestro país”.

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En una carta enviada a los ponentes del proyecto de ley en el Congreso, la directiva recalcó que la iniciativa se puede mejorar, ya que de no avanzar en esta reforma, se generaría un desfase considerable sobre las cuentas de la nación, profundizando el déficit fiscal y “exponiéndonos a una reducción de la calificación internacional de Colombia, a un grado especulativo, derivando en una pérdida de nuestro grado de inversión”.

“El texto requiere de una discusión amplia y profunda para avanzar en la consecución de un sistema tributario, progresivo, eficiente y equitativo”, aseguró María Claudia Lacouture.

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