Las alertas por el proyecto de la Regasificadora del Pacífico

La Contraloría General de la Nación lanzó la advertencia de que la entrada en operación de la Regasificadora del Pacífico, que se tiene prevista para 2024, tendría un impacto para los s pues las tarifas de gas podrían aumentar hasta 32 por ciento a partir de esa fecha.

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Para ello, el organismo de control hace referencia a la evaluación preliminar de la Upme, contenida en el “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028”, en la que se esboza un escenario de aumentos tarifarios debido a los posibles incrementos basados en los precios del gas importado.

Como ejemplo, se indica que para un residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos que hoy paga por esa cantidad 28.800 pesos, con la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta 38.000 pesos mensuales, a partir del 2024, es decir, un incremento del 32 por ciento en tres años.

“Esta es una situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible”, expresó la Contraloría a través de un comunicado.

Incluso, el presidente de Gas Canacol Energy, Jorge Linero, aseguró a EL Tiempo que este impacto podría ser mucho mayor dado que los cálculos de la Upme se basan en escenarios de gas natural licuado de entre 6,5 y 8 dólares por Mtbu cuando hoy en día se está transando en más de 13 dólares por Mbtu.

“Lo anterior es una muestra del gran error si se prioriza el gas natural importado con respecto al gas producido localmente, el cual se transa entre 4 y 5 dólares por Mtbu”, indicó Linero.

Hasta el momento, la empresa interesada en desarrollar este proyecto en Buenaventura es la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía de Bogotá. De ser elegida, esta se encargaría de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y servicios asociados de la infraestructura de importación de gas del Pacífico.

Se estima que la planta costará cerca de 400 millones de dólares, el gasoducto sumará otros 161 millones de dólares y la infraestructura de comprensión 150 millones de dólares. En total, el valor sería de unos 711 millones de dólares.

Naturgas afirmó que se debe priorizar la producción local de gas natural, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el país en costa afuera, yacimientos convencionales, y no convencionales y, por esa razón, esta nueva planta debe ser un proyecto exclusivamente de respaldo al sistema energético, cuya ubicación deberá depender de los estudios técnicos y de la eficiencia económica del proyecto.

“Le hemos planteado al Gobierno Nacional que, antes de adjudicar la nueva planta de regasificación, se determine la demanda a beneficiar y se encuentren eficiencias económicas que protejan a los s, al sector y le den competitividad al gas natural. Hemos insistido también en la necesidad de reconocer la participación del sector térmico del interior del país en el proyecto, ya que este tendría un uso esperado del 66 por ciento de la capacidad”, afirma Andrés Sarmiento Grisales, presidente encargado de Naturgas.

El problema, según el contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Orlando Velandia Sepúlveda, es que a un mes de asignarse la construcción de la planta todavía no está claro el marco regulatorio establecido. “Los supuestos del Gobierno sobre los cuales se sustenta la construcción fueron evaluados en un estudio que terminó en septiembre de 2019. En este, se advertía un crecimiento económico y un fenómeno climático que no se dieron”, expresó.

De acuerdo con el senador José David Name esta advertencia preventiva respalda lo que han venido diciendo desde hace tiempo acerca de esta obra que "carece de sustento técnico" y que beneficiaría "a unos cuantos particulares" sacrificando la ya lesionada economía de las familias colombianas. 

A parte de las alertas tarifarias, la Contraloría también advirtió que el proyecto puede llegar a tener una infraestructura improductiva en el caso de no presentarse un déficit de gas en 2024.

Y es que la razón principal del Gobierno para llevar a cabo este proyecto es precisamente la de garantizar el suministro de gas. De acuerdo con el estudio de la Upme, existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia 2024. Este sería el más drástico de los últimos 20 años. Por ello, dado el alto consumo de gas que se proyecta, se haría necesaria la operación de la planta.

“En el estudio se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir, hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta”, expresó el órgano de control.

Ante ello, la Contraloría advirtió que si el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y se tiene un tiempo de construcción de 58 meses, la planta se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit.

“Si la planta la necesitamos para atender un desabastecimiento de gas en enero de 2024, no entraría un proyecto que tardaría 5 años”, expresó el contralor delegado.

Por su parte, el presidente de Gas Canacol Energy manifestó que la planta va a ser una “infraestructura inútil, innecesaria y muy costosa” como bien lo afirma la Contraloría al contrastar unas reservas para 9 años, las cuales además tienen un historial de nuevas incorporaciones, con un supuesto déficit en menos de dos años y medio según afirma la Upme.

En este aspecto, el senador Name indicó que esta sí sería una infraestructura improductiva, debido a que ya se cuenta con una Regasificadora en Cartagena "que poco ha servido y ahora quieren construir una nueva que ni siquiera se sabe si se va a utilizar".

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Adicional a ello, la Contraloría identificó riesgos de connotación económica, de licenciamiento ambiental, de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, efectos sobre la política de transición energética y de la incertidumbre regulatoria:

Para la Contraloría implica un riesgo de connotación económica tomar como base y sustento para el desarrollo del proyecto el déficit de gas de producción nacional a comienzos del 2024, producto de plantear un crítico fenómeno climático seco.

A la Contraloría también le preocupa el eventual efecto adverso que pueden generar en la política de transición energética los potenciales incrementos en la tarifa para el sector industrial, pues podría ser un incentivo para retornar al consumo de combustibles más baratos, pero al mismo tiempo más contaminantes.

Ello produciría un desbalance en la relación costo-beneficio en dicho aspecto.

Igualmente, indica que las dos resoluciones que sustentan regulatoriamente el proyecto están hoy siendo modificadas en pleno proceso de adjudicación del mismo, lo que implica un gran riesgo jurídico y técnico para el sector y el país.

Estas son la Resolución Creg 107 de 2017, por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, y la resolución Creg 152 de 2017, mediante la cual se establecen reglas complementarias para el desarrollo de la infraestructura de importación de gas del Pacífico.

El organismo de control también indicó que no se advierte a la fecha que el Gobierno, a través de la Upme o del Ministerio de Minas y Energía, haya evaluado con la autoridad ambiental los requerimientos que conlleva el licenciamiento para cada uno de los componentes de la infraestructura, en particular para la construcción del gasoducto.

La Contraloría recordó que la Dirección General Marítima (Dimar) ha manifestado reiteradamente su “concepto no favorable” sobre la implementación del proyecto en el Puerto de Buenaventura debido a la interferencia que posiblemente acarreará en el tráfico marítimo al interior de la bahía y en el resto de las instalaciones portuarias.

Además, indicó que la entidad ha solicitado a la Upme la reconsideración del área de construcción de cualquiera de los dos proyectos que implique la planta de regasificación.

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REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS