El debate sobre la posibilidad de que algunos proyectos viales en Antioquia puedan ser terminados con recursos de privados, provenientes de una ‘vaca millonaria’, tal como lo planteó el expresidente Álvaro Uribe, volvió a calentarse, luego de que William Camargo, ministro de Transporte, indicara que el Gobierno no cederán los contratos que tienen para el desarrollo de las vías 4G en ese departamento.
El propio Presidente Gustavo Petro, criticó a través de su su cuenta de X (antes Twitter) la salida planteada por el exmandatario, frente a lo cual dijo que: “En vez que cada antioqueño ponga un millón de pesos, que significa que los pobres le pagarán a los ricos su valorización, ¿no es mejor que quienes sean pudientes y se hayan enriquecido más con la construcción de carreteras 4G paguen la valorizacion?”.
La propuesta del expresidente Uribe apunta a que un millón de antioqueños aporten de a millón de pesos, “unos más y otro menos, a título de donación o préstamo”, para lo cual invitó a Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, a que abanderaran la iniciativa.
Y mientras el gobernador Rendón dijo que esa podría ser la única salida para sacar adelante proyectos como el túnel del Toyo, que necesita recursos de la Nación, el Gobierno le salió al paso a esa idea con una carta que el ministro Camargo le envió funcionario, en la que negó la posibilidad de entregarle al departamento los contratos que tienen para el desarrollo de las vías 4G en esa región.
Argumentos del Gobierno
Pero la visión que tiene el Gobierno frente a ese tema es muy distinta y así se lo dejó saber el ministro Camargo al gobernador en su carta de cinco páginas, en la que le aclaró los avances de las obras y los recursos que se han destinado para esos proyectos, incluso los de la actual istración del Presidente Petro.
“El Invías reporta un avance físico del 79 por ciento de las obras del tramo 2 de las vías de al Túnel del Toyo, lo que demuestra que no es cierto que la ejecución de los aportes de la Nación sea de tan solo el 46 por ciento como lo afirma usted en la carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, precisó Camargo en su misiva.
Y agregó que en total para el proyecto se han invertido recursos del orden de los 1,1 billones de pesos, de los cuales en 2021 se aportaron 80.000 millones, un año después 190.000 millones, el año pasado otros 405.000 millones de pesos y para el 2024 se tienen destinados 340.000 millones y 329.000 millones para 2025.
En la misma carta el ministro dejó claro que también a la Gobernación de Antioquia se le autorizó, desde finales del 2022, tomar los recaudos de los futuros peajes de ese tramo, unos 355.000 millones de pesos, para financiar la terminación del tramo que ejecuta la Gobernación, recursos que se constituyen un aporte adicional del Gobierno Nacional.
La CCI no le ve sentido
“No haría sentido que algunos ciudadanos que no usan las infraestructuras, las financien. La bondad filosófica del peaje, es que lo paga, quien utiliza la obra”.
Para Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, “no haría sentido que algunos ciudadanos que no usan las infraestructuras, las financien. La bondad filosófica del peaje, es que justamente lo paga, quien utiliza la obra”.
El vocero gremial dice que prefiere la opción institucional, basada en el principio que consagran las 4G, que se inspiraron en las llamadas, en principio, ‘Autopistas de la Montaña’, lideradas por el Presidente Uribe.
Explica que "ese principio que se convirtió en referente para América Latina, no es otro que el de una especie de delegatura que el Estado pone en manos de privados, para que construyan, operen y mantengan las obras y las carreteras, y que para hacerlo se financien y remuneren con las tasas de los peajes”.
Lo anterior, aclara Caícedo, sin perjuicio de las responsabilidad que el Estado y la Nación también deben asumir en relación a obras que si bien están ubicadas al interior del departamento, son fundamentales para la conectividad nacional, y no exclusivamente al interior de Antioquia. Recordemos, incluso, el reclamo de líderes de Quibdó, tras la tragedia Quibdó-Medellín, centrado en la tesis de que tal insuceso se hubiera evitado, si esa vía hubiese tenido las características de una "4G".