Temores por los $ 24 billones que le llegarían a Colpensiones y no a las AFP

Voceros de los fondos privados (AFP), empresarios, analistas económicos, académicos y parlamentarios de distintos partidos políticos del país, pusieron de nuevo sobre la mesa las preocupaciones que tienen en torno al proyecto de reforma pensional, ya en poder del Congreso de la República, pero de manera particular, sobre el futuro que le espera al ahorro de los colombianos donde existen hoy serias dudas con la actual propuesta.

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El escenario no pudo ser otro distinto al XVI Congreso de Asofondos, en Cartagena, al que finalmente llegó el presidente Gustavo Petro, a pesar de los fuertes rumores que desde el jueves pasado circularon acerca de la no participación del mandatario en la clausura del encuentro.

Pero sería el propio Santiago Montenegro, máximo vocero y representante de los fondos privados de pensiones (AFP), el encargado de transmitirle al jefe de Estado esos temores que, a su vez, les generan grandes preocupaciones, porque están de por medio las pensiones de más de 18,7 millones de colombianos, la posibilidad de que parte de esos recursos contribuyan a impulsar el empleo, las empresas y el desarrollo económico colombiano, entre otros.

No es para menos. Si el proyecto presentado por el Gobierno recibe la bendición del Legislativo y se convierte en ley de la República, los aportes de más de 17 millones de afiliados que ganan hasta tres salarios mínimos mensuales irán obligatoriamente a Colpensiones, sin la opción de poder escoger una de las AFP.

Cálculos preliminares del centro de estudios Fedesarrollo y de Asofondos, indican que cada año Colpensiones recibiría entre 20,2 billones y 24 billones de pesos, respectivamente, si el proyecto de reforma pensional se aprueba tal como se presentó.

El temor de los fondos y otros actores del mercado no es solo por el destino que puedan tener esos recursos una vez lleguen a Colpensiones, es decir, qué parte de ese ahorro o su totalidad se convierta en gasto.

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También hay serias reservas sobre si dicha entidad tiene la capacidad técnica y istrativa para recibir y garantizar la seguridad de ese enorme flujo de recursos que le llegará cada mes y con los que se deberían pagar las pensiones futuras, eso sin contar que es dinero que dejará de llegar al mercado de capitales, a través del cual se financia el desarrollo de la infraestructura del país, a miles de empresas y se apoya el crecimiento del país en general

Quizás por ello, Diana Ojeda, procuradora delegada para la Seguridad Social, quien participó en el 'Luces y sombras del proyecto de reforma pensional' en el encuentro de Asofondos, advirtió por la ausencia de controles que se tendrían sobre esos millonarios recursos y frente a la misma capacidad técnica y istrativa de la entidad que los manejaría en adelante.

"Se requiere de mucha fortaleza institucional, con controles sobre las entidades que harán esos pagos, incluso de Colpensiones, cuando se comiencen a manejar, además, otros programas que están incluidos en la reforma", dijo la funcionaria, quien incluso dijo que no sería descabellado pensar en crear una Superintendencia de la Seguridad Social que vigile y controle.

Algo en lo que coincide Montenegro, quien le recordó al presidente Petro la mala experiencia de entidades públicas de otros países istrando ahorro de las pensiones y el desafortunado manejo de esos recursos hecho por el desaparecido Instituto de Seguros Sociales (ISS) .

"No es de grata memoria, pues las reservas que llegó a acumular (el ISS) se evaporaron a causa de una diversidad de inversiones forzosas en bonos e instrumentos en empresas estatales que jamás fueron pagados”, señaló el presidente de Asofondos, al insistir que "Colpensiones no tiene en este momento la capacidad de asumir estas responsabilidades, pues no cuenta ni con las tecnologías, ni con los sistemas de información, ni tampoco con el capital humano".

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Quizás por eso las voces de los expertos, de los propios fondos privados, de los académicos y centros de estudios como Anif y Fedesarrollo, se dejaron escuchar en una sola tonada para pedirle al Gobierno mayor claridad frente a cómo se manejarían esos recursos, evitando a toda costa que vayan a gasto corriente y más bien se ahorren, teniendo como única visión asegurar el pago futuro de las pensiones de millones de colombianos.

"Proponemos que la capitalización deba ser individual, no solo para que los trabajadores tengan la opción de elegir entre diferentes es, sino también como un mecanismo de fiscalización permanente al manejo de los recursos de los trabajadores", le insistió Montenegro al Presidente.

Por eso, un punto central en la discusión del proyecto de reforma que se avecina en el Congreso tiene que ver con el umbral de tres salarios mínimos que propuso el Gobierno, que de entrada le quitaría billones de pesos del ahorro que manejan hoy las AFP. Colpensiones recibirá los aportes de las personas que ganen hasta tres salarios mínimos y las AFP, las cotizaciones que excedan los 3 salarios mínimos.

"Ese será el tema más difícil en la discusión del proyecto", dice Mauricio Santa María, presidente de Anif, quien considera que ese nivel acaba con el régimen de ahorro individual.

"Nosotros proponemos que sea un salario, pero me gustaría que fuera menos, que cumpliría el objetivo de ponerle un tope bajo al subsidio y de volverlo menos costoso", agrega.

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No será una discusión fácil, sobre todo, porque hay quienes creen que el Gobierno se muestra cada vez más intransigente con las reformas. Sin embargo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, confía en que haya una apertura al diálogo frente a ese y otros temas claves de la pensional.

"Creo que el Gobierno va a estar abierto a esa discusión, entre otras razones por el impacto fiscal que tiene un umbral como el que plantea y las necesidades de ahorro que ratificamos en la conferencia, que con ese umbral es cercano a 1,5 por ciento del PIB, es una necesidad muy grande y difícil de cumplir por parte del Gobierno", explica.

Por eso Mejía cree necesario que se reduzca ese umbral de tres salarios para que esa presión se baje y se afecta menos el mercado de capitales, por eso la propuesta es que se reduzca a 1,5 salario mínimos.

"El ideal es que ese umbral sea cero", comentó, por su parte, Juan David Correa, presidente de la AFP Protección, quien considera que cualquier nivel que se fije tendrá efectos fiscales grandes a largo plazo, por lo que lo mejor sería un modelo basado solo en el ahorro.

Pero si se quisiera elegir alrededor de un umbral, agregó, "consideramos que no podría ser superior a un salario y esperamos que el Gobierno esté abierto a escuchar propuestas y razones de trabajar en ese tema".

No será un trabajo fácil, más con la posición del partido de gobierno, que insiste en que ese debe ser el tope y no hay razones para modificarlo.

Clara López Obregón, senadora por esa colectividad, dijo no estar de acuerdo en que se hagan ajustes en ese punto, como tampoco lo está el Gobierno. "Se trata de un tema social y de equidad profunda, no es un solo tema financiero para garantizarles a los fondos privados que sigan manejando el ahorro de los trabajadores del país".

Y agregó, además, que esto no será una negociación como si se estuviera comprando una casa. "Lo que se necesita es incluir a las personas que requieren un subsidio y esa necesidad es hasta tres salarios, si se baja a uno, se queda por fuera una clase media vulnerable que requiere de esa ayuda", puntualizó.

*EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciam66