Con reformas, PIB per cápita de Colombia subiría 1,6 puntos cada año: Ocde

Gracias a las ayudas públicas proporcionadas para proteger a los hogares más pobres, a las empresas y en general preservar los puestos de trabajo, la economía colombiana se ha recuperado de manera notable de la crisis del covid-19. Sin embargo, a largo plazo, tanto el crecimiento como la inclusión social se verán atrapados por las debilidades en las políticas estructurales que tiene el país y que impiden que más de la mitad de los colombianos con ingresos accedan a empleos formales.

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Esta es una de las conclusiones principales del ‘Estudio económico de Colombia’, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), organismo que espera que el PIB del país aumente un 5,5 por ciento este año y otro 3,1 por ciento en el 2023.

Con vistas al futuro, el organismo advierte una serie de riesgos puntuales en materia fiscal, laboral, pensional, de protección social, de gobernanza y de crecimiento sostenible, entre otros, y da una serie de recomendaciones para mejorar.

Estos son los principales hallazgos y recomendaciones que le hace la organización a Colombia:

El organismo advierte que los ingresos fiscales, que se sitúan tan solo en el 20 por ciento del PIB, no son suficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales y preservar la necesaria inversión pública en infraestructuras, educación y salud, por lo que dice que es necesaria una ambiciosa reforma fiscal.

“Si se adoptara un ambicioso paquete de medidas que mejorara la regulación y la competencia, redujera las barreras al comercio exterior, reformara los impuestos y reforzara las instituciones, en la línea de las políticas actuales de Chile, se conseguiría aumentar el PIB per cápita en un 24 por ciento adicional a lo largo de 15 años, lo que equivale a 1,6 puntos porcentuales de crecimiento adicional cada año”, se lee en el informe.

La Ocde reprocha que tan solo el 5 por ciento de los colombianos pague el impuesto a la renta de las personas, lo cual dice que constituye la principal explicación de la baja recaudación tributaria. Además, hace hincapié en que los elevados impuestos a las empresas reducen los incentivos a la inversión.

Ante ello, el organismo recomienda recaudar más ingresos procedentes del impuesto a la renta de las personas, eliminando las exenciones y reforzando la progresividad de las tasas impositivas. Propone reducir los beneficios tributarios en el IVA, compensando al mismo tiempo a los hogares con bajos ingresos mediante prestaciones sociales y, para mejorar la sostenibilidad de las finanzas, también sugiere seguir reduciendo la deuda pública.

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No obstante una buena respuesta a la crisis del covid-19, Colombia sigue teniendo uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados de América Latina.

La Ocde aconseja fomentar la formalización, por medio de reducciones en los costos no salariales. Igualmente habla de fusionar los distintos programas de transferencias monetarias existentes en uno único y mantener las ayudas excepcionales a los ingresos hasta que se recupere el mercado laboral, entre otros.

En materia pensional, el organismo alerta de que la mitad de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de mesada y que las prestaciones por pensiones contributivas son regresivas y existen distintos regímenes que proporcionan diferentes prestaciones para una misma trayectoria profesional y ofrecen coberturas especialmente bajas para las mujeres.

Ante ello, dice que Colombia debería crear una prestación universal y que se deben fusionar los distintos regímenes de pensiones contributivas en un único régimen obligatorio que complemente la pensión básica universal. Además, recalca que hay que eliminar los subsidios a las pensiones.

Respecto a la educación, el organismo propone ayudas específicas a los jóvenes no escolarizados y a los que corren el riesgo de quedarse atrás, mediante la escolarización en jornada completa y el a los comedores escolares, entre otras medidas.

Para el organismo, el crecimiento de la productividad de Colombia se sitúa por detrás del de sus homólogos regionales y la competencia es débil. El consejo es reducir las barreras regulatorias nacionales a la iniciativa empresarial y a la entrada en el mercado.

Además, también habla de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional, empezando por aquellos artículos en los que las barreras actuales son más altas.

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Frente a los problemas de gobernanza, el organismo recomienda continuar la lucha contra la corrupción por medio de una ley específica de protección de denunciantes, y dice que se deberían establecer límites más estrictos a las contribuciones privadas a las campañas electorales pues este escenario genera unos fuertes incentivos para que los candidatos prometan favores poselectorales y puede afectar la eficiencia del gasto. Igualmente habla de reforzar el sistema judicial.

“La corrupción reduce la eficiencia del gasto público, genera un terreno de juego desigual y potencia las desigualdades”, dice el informe.

En busca de una crecimiento más sostenible y más verde, el organismo le aconseja a Colombia aumentar los recursos dedicados a las actividades de aplicación normativa contra la deforestación y acelerar los avances en la ampliación del registro del suelo, sobre todo en zonas remotas.

También propone eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que representan el 0,4 por ciento del PIB.