‘No podemos ser la coalición de los pactos de silencio’: Juan Manuel Galán

Yo creo que los hackers más peligrosos son los compradores de votos en las elecciones. La forma descarada como los dineros del narcotráfico, de estructuras criminales y de la contratación estatal desviada están buscando falsear las elecciones debería ser la absoluta prioridad del Estado y de las autoridades. Personalmente, invito a los ciudadanos a denunciar si alguno del Nuevo Liberalismo está incurriendo en estos comportamientos. Yo mismo llevaré las denuncias ante la Fiscalía para que sea investigado. Esa debe ser la actitud de los partidos políticos.

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No es una pelea. Yo hice una invitación a aclarar unas denuncias que se han hecho. Esta coalición es una coalición de la transparencia, que debe dar la cara. No podemos ser una coalición de los pactos de silencio, como la de Equipo por Colombia, que ha hecho un pacto de silencio sobre la compra de votos en la costa Caribe, o la coalición de la izquierda, que ha hecho un pacto de silencio sobre los cuestionamientos a Piedad Córdoba. No lo debemos entender como una pelea, sino como una coalición que está revisándose permanentemente y que le da la cara a la ciudadanía. Yo le agradezco a Carlos Amaya por los cuestionamientos que me ha hecho, porque los voy a responder.

Nosotros llevamos 30 años trabajando para el Estado. Es diferente. Nosotros nunca hemos aprovechado posiciones privilegiadas para hacer negocios o enriquecernos. Hemos actuado con vocación de servicio y con criterios de dar la cara por nuestras actuaciones. Yo llevo 30 años de carrera política, gran parte de esta en el Senado de la República. Me he sometido al voto popular, la gente ha evaluado nuestro desempeño y si merecemos permanecer ahí.

Yo lo que creo es que nosotros tenemos que demostrar que la Coalición de la Esperanza es una propuesta política transformadora para Colombia, no solamente en el discurso, sino en el fondo, en las prácticas y en la manera de hacer la política. Cuando fundamos la coalición, le apostamos a una transformación de las costumbres políticas, y en eso tenemos que ser coherentes.

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Hemos previsto una serie de transformaciones profundas. En este ámbito haríamos una transformación tributaria y fiscal, primero revisando las finanzas del Estado a nivel nacional y a nivel territorial. Más del 90 por ciento de los municipios de Colombia son de sexta categoría y la mayoría de ellos no tiene la capacidad de generar unos ingresos mínimos. Además, hay que buscar la formalización de la economía porque la mitad de la población económicamente activa es informal. Finalmente, hay que nivelar la cancha, que está desnivelada porque hay unas exenciones tributarias, muchas de las cuales se han conquistado a punta de lobby parlamentario para proteger posiciones dominantes en la economía y evitar la libre competencia, y eso tiene un impacto en los consumidores.

Hay que atacar las fuentes de las rentas ilegales y criminales que alimentan esos grupos hoy en día: el narcotráfico. El país no puede seguir inmerso en la corrupción y en la violencia que nos trae el enfoque de política de drogas actual. Debe haber una nueva política de drogas en la que el énfasis en la salud pública sea muy fuerte. También hay que revisar la extradición, pues hoy es un atractivo para los narcotraficantes, no un disuasivo como en la época de los 80. Hoy los narcotraficantes se van a negociar con la DEA y hacen acuerdos en donde terminan siendo condenados a entre 2 y 5 años de cárcel después de entregar la plata del negocio. En Colombia no nos quedan los recursos para poder reparar el daño que el narcotráfico les hace a muchas poblaciones y territorios, deberíamos poder contar con esa plata y así poder invertir en desarrollo y en construcción de Estado social territorial.

Una de las cosas que hay que hacer es atacar el problema de los precursores químicos. Hoy en día, para producir cocaína se necesitan, por cada kilo, 75 galones de gasolina, cemento, ácido sulfúrico, acetona, y no hay realmente un control estricto por parte de las autoridades de toda la circulación de esos precursores químicos a través de la geografía nacional. Tampoco hay un control efectivo del lavado de activos, pero nos han dicho que el problema del narcotráfico en Colombia se reduce a las hectáreas de coca cultivadas, como si el problema se pudiera medir solamente en esos términos. Claro que eso es un problema, pero nadie habla de los precursores químicos ni del lavado de activos.

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Para poder adelantar una negociación o unos acuerdos con el Eln hay que buscar una voluntad real por parte de ellos. Que se dé un diálogo que desemboque en un proceso de negociación que a su vez termine en una desmovilización y entrega de las armas. Sin embargo, lo que están haciendo con sus acciones criminales, por ejemplo en Arauca, no demuestra voluntad de dialogar.

De nuevo, lo que necesitamos es una transformación de la justicia. Yo espero que el Congreso de la República acompañe junto con todos los actores involucrados –las altas cortes, la sociedad civil– esa transformación. Pero si no hay voluntad, habría que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con un mandato exclusivamente restringido a la transformación de la justicia y que no tenga ningún otro tema que abordar.

Uno de los puntos que debe tener es una profesionalización de la justicia, fortalecer la carrera judicial. Hay que tener operadores de justicia idóneos y profesionales. Hoy lo que más les duele a los ciudadanos, y con mucha razón, es la impunidad, sobre todo en los casos de corrupción. Yo propongo una Fiscalía General especializada en anticorrupción, con un fiscal que no tenga origen político y que sea independiente para que actúe con toda contundencia frente a la corrupción. También que tenga equipo de fiscales especializados anticorrupción y que investiguen a absolutamente todos los servidores públicos, incluido el Presidente.

Una reforma pensional es fundamental en nuestro país y el criterio es equidad. Hay que eliminar todos los subsidios de las pensiones altas que representan privilegios que son inaceptables en una sociedad en donde la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad. Cualquier reforma pensional debe pensar en las personas que están en la calle y en los adultos mayores que no tuvieron a una pensión. El Estado tiene que apoyarlos y acompañarlos, eliminando privilegios injustificados.

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Ahí también hay que hacer una transformación del sistema educativo colombiano, y debe empezar por darle financiación al Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuyo espíritu es darle pertinencia al contenido educativo. Sin embargo, como el PEI no tiene financiación en Colombia, su medida no se puede desarrollar, así que mi propuesta es trabajar en que la transferencia de los recursos para inversión en educación se haga directamente a las comunidades educativas, con el propósito fundamental de darle vida al Proyecto Educativo Institucional. Eso va a impactar positivamente la calidad, pero también la pertinencia y el compromiso de los padres de familia. Otra propuesta es la de estimular de manera muy contundente la educación técnica y tecnológica en un sistema dual, es decir, comprometiendo a la empresa privada para que se vincule, financiando programas de formación técnica y tecnológica, que impacten la pertinencia laboral de los contenidos.

Sí, reformaría el Icetex y lo orientaría a financiar estudiantes que quieran apostarle a la educación técnica y tecnológica, no solamente a carreras profesionales tradicionales. También es importante congelar los créditos hasta que el estudiante pueda estar económicamente activo y pueda reembolsar el préstamo otorgado.

Uno de los principales motivos por los que el costo de vida ha aumentado es el precio de los alimentos, que ha crecido alrededor del 15 por ciento debido al precio de los insumos para la producción, que también está disparado. Se debe estimular una industria nacional de producción de insumos para la producción de alimentos en el país. Y otro tema fundamental: ¿qué política desarrollar para el campo colombiano? Hay que estimular que los campesinos tengan cooperativas. La economía solidaria en el campesinado colombiano es una experiencia exitosa. Los campesinos agremiados en cooperativas pueden acceder más fácilmente a créditos y asistencia técnica, así como a una cadena de comercio justa.

Uno de los crímenes que mayor incidencia tiene es el robo de celulares. Tenemos una propuesta en relación a las compañías de telefonía móvil, que deben ampliar sus esfuerzos para el control, bloqueo y la recuperación de dispositivos celulares, con el fin de inhabilitarlos. Si no lo hacen, van a tener que reponer gratuitamente los aparatos a los s y tendrán que indemnizar a las víctimas, sobre todo de atracos violentos. Hay que trabajar también en dos frentes fundamentales, el primero: una transformación de la Policía Nacional, que debe enfocarse mucho más en la seguridad ciudadana y debe trabajar con mayores capacidades de inteligencia para infiltrar estructuras criminales que actúan en las ciudades. Y el segundo: hay que desarrollar una política en donde declaremos el problema de seguridad como un problema de salud pública.

Que la Policía empiece a hacer presencia territorial en las zonas periféricas de las grandes ciudades, donde están los jóvenes sin oportunidades, que son reclutados por esas estructuras criminales. Irán acompañados de trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, gestores en recreación y deporte, que intervendrán en las causas del problema.

LAURA CAMILA VARGAS

En Twitter: @LauraLacavap

REDACCIÓN POLÍTICA