‘Estamos preparados para cualquier hecho que altere el orden público’

No debería existir ningún temor para votar hoy y elegir al próximo presidente de la República. Pero la reñida competencia entre los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro ha motivado cierta inquietud por lo que podría ocurrir si los resultados electorales son sumamente estrechos. Por eso, el ministro de Defensa, Diego Molano, anuncia rigurosas medidas de seguridad para garantizar el orden público en todo el territorio ante eventuales manifestaciones.

El ministro Molano abre el diálogo con el autor de esta entrevista refiriéndose a la afirmación del director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, quien reveló en EL TIEMPO la existencia de un plan de grupos ilegales para alterar el orden público hoy domingo.

“Se han recibido denuncias –señala– que indican que disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’ pretenden hacer constreñimiento electoral en algunas zonas del país. Frente a esto se desplegaron 20.000 uniformados más. Serán 320.000 uniformados dedicados a evitar y mitigar ese tipo de acciones en contra de la ley”.

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240.000 protegen los 12.000 puestos de votación, y otros 80.000 protegen los puntos críticos y los sistemas de transporte, a las entradas y salidas de las ciudades y los puntos de conteo y escrutinio de la Registraduría.

Quienes sean encontrados en flagrancia por alguna actividad ilegal se capturan y se judicializan.

Tenemos información que nos muestra que hay unas convocatorias por algunos grupos de las denominadas ‘Líneas’ para que, si el resultado es contrario a lo que desean, cometerán actos contrarios a la ley. Pero estamos atentos y preparados para responder a cualquier hecho que altere el orden público.

Las capturas recientes de de la ‘primera línea’ corresponden a procesos judiciales que venían en curso avalados por un fiscal y un juez, por delitos que cometieron en contra de la Constitución y la ley.

De ninguna manera, aquí lo que se está haciendo es cumpliendo la ley y capturando a aquellos que son criminales o delincuentes.

El Plan Democracia estará en pleno funcionamiento antes, durante y después de las elecciones. Nuestros militares y policías están en toda la capacidad de generar la seguridad necesaria y garantizar el libre ejercicio del derecho al voto. Hay un monitoreo permanente y, ante cualquier caso, reaccionarán de forma inmediata.

Las manifestaciones públicas están avaladas por la Constitución y, desde que sean pacíficas, por supuesto, se respetan y se acompañan por Fuerza Pública. Lo que no se permite es la violencia, bloqueos ni actos contrarios a la ley.

Si hay actos violentos que afectan derechos, hay intervención de gestores de convivencia, fuerza disponible. Pero si hay que utilizar el Esmad, lo utilizaremos.

Realizamos un monitoreo permanente a todas las regiones del país y tenemos absoluta capacidad de reacción donde sea necesaria. Son 50 los municipios más críticos y allí se redoblaron los mecanismos de seguridad y los dispositivos de Ejército, de Policía, de Fuerza Aérea y de Armada Nacional. Así se hizo en las elecciones del Congreso, en la primera vuelta presidencial, y así se mantiene para la segunda vuelta. De hecho, debo decir que la primera vuelta presidencial se destacó por ser la jornada de elecciones más pacíficas en los últimos 20 años.

Hemos dado instrucciones precisas para que se establezcan todos los protocolos de seguridad en los municipios y regiones con alerta de riesgo electoral. Por ejemplo, en Norte de Santander por la situación en Catatumbo, como también en Cauca y Nariño; en estas se han desplegado 20.000 soldados adicionales y se han redoblado las medidas de protección y de monitoreo por parte de la Fuerza Pública.

En consejos de seguridad a través de denuncias ciudadanas se ha recogido información de que algunos grupos pretenden, dependiendo del resultado de las elecciones, desarrollar acciones violentas. Frente a eso se hace un mecanismo de monitoreo permanente y se reaccionará para proteger los derechos de todos.

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El narcotráfico es el peor enemigo de Colombia y es el que más amenazas genera en desplazamiento forzado, asesinatos, y sus recursos alimentan a los grupos armados organizados. Por eso, es tan importante la lucha contra el narcotráfico que implica mantener la erradicación voluntaria, la erradicación manual y, en este caso particular, la aspersión terrestre. Las aeronaves no tripuladas o drones, que están siendo probadas, hacen parte de esa última modalidad que se puede desarrollar con los permisos y las licencias que tiene la Policía Nacional.

Este nuevo mecanismo de aspersión de precisión terrestre cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, por la Corte Constitucional y está establecido entre las licencias que ya tiene la Policía Nacional para hacer la erradicación.

Los drones que se están probando complementarán el programa de erradicación terrestre que ya tenemos, y que se hace con bomba de espalda. Con la misma licencia se hará con este dron a una altura máxima de 1 metro. Es una aspersión terrestre de precisión.

La aspersión terrestre busca cumplir con los requisitos ambientales, en salud y, por supuesto, con las licencias para el desarrollo de este tipo de aspersión que hoy se realiza con los grupos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat) de la Policía. Y es un mecanismo que evita el riesgo que tienen soldados, policías y campesinos cuando realizan erradicación.

Es un instrumento y mecanismo que podría ser utilizado dentro del esquema de aspersión de precisión terrestre que ya a través de los Pecat desarrolla la Policía.

Colombia debe entender que el narcotráfico sigue siendo el mayor enemigo y la mayor amenaza, y que se deben hacer todos los esfuerzos posibles, en todas las modalidades, para erradicar los cultivos ilícitos y destruir laboratorios, hacer interdicción y generar desarrollo alternativo como lo viene haciendo el Gobierno.

En esta lucha contra el narcotráfico todos los esfuerzos son necesarios. La Dirección Antinarcóticos en colaboración con Estados Unidos está haciendo las valoraciones de esta aspersión terrestre de precisión, para que cumpla con todos los requisitos. No se puede rechazar ninguna posibilidad de utilizar los instrumentos que permitan combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Se están realizando las pruebas necesarias para determinar que sea viable su utilización.

La erradicación manual es el instrumento más importante. Ese ha sido un firme compromiso del Gobierno y así seguirá siendo hasta el último día, cuando vamos a cerrar con más de 400.000 hectáreas erradicadas. Eso evita que los grupos armados organizados tengan más recursos para comprar armas, generar destrucción y cometer actos terroristas.

Son las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’ quienes, a través de su accionar criminal y terrorista, asesinan líderes sociales.

La verdad es que, luego del acuerdo de La Habana, el presidente Duque no recibió un país en paz. Además, hemos sido siempre claros en que el gobierno del presidente Duque no negocia con criminales, sino que los combate.

Por el contrario, el presidente Duque implementó la Paz con Legalidad, que permite hoy tener 16 programas de desarrollo con enfoque territorial, Pdet, implementados, más de 4 billones de pesos en obras para la paz, más de 50.000 títulos de tierra entregados. Nuestra Fuerza Pública también ha contribuido con la protección de más de 13.000 hombres desmovilizados, ha apoyado la restitución de tierras, desminado más del 25 por ciento de los municipios afectados por la violencia.

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El legado que deja el presidente Duque es una Colombia con grandes resultados en legalidad, equidad y emprendimiento, y una Fuerza Pública fortalecida, siempre respetuosa de la Constitución y la ley, con importantes resultados en seguridad.

Muchas estructuras criminales se han burlado o se han querido burlar de Colombia bajo presupuestos que llaman políticos y usando la palabra paz, pero en la realidad solo atentan contra los colombianos.

Lo que puedo decir al respecto es que la Armada Nacional y toda nuestra Fuerza Pública está desplegada en todas las zonas del país, incluyendo el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para garantizar la soberanía, la seguridad, la tranquilidad y la convivencia.

YAMID AMAT

Para EL TIEMPO