¿Cómo evitar las amenazas a la vida de los líderes?

Desde un departamento donde 20 líderes sociales han sido amenazados desde el 2016 hasta agosto de este año, Arauca, la Comisión de la Verdad planteó este jueves algunas preguntas sobre este flagelo:

¿Por qué los siguen matando? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo impactan estos asesinatos en el oriente del país? ¿Qué hacer desde la sociedad civil para que no se repitan estos hechos?

El diálogo comenzó con las causas, y el primero en tomar la palabra, en nombre de la institucionalidad, fue el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado. Aseguró que “un Estado que no resuelve sus conflictos” termina validando el discurso de la guerra. Además, señaló como una causa particular de su departamento la “asimetría” entre el peso del petróleo y el trabajo del campo.

Por su parte, el Defensor Regional del Pueblo, sacerdote Deisson Mariño, señaló que desde entidad se lanzan alertas tempranas, pero que las autoridades no responden a estas. “Habíamos advertido, pero lamentablemente no se tomaron las medidas”, dijo, sobre los siete líderes que han sido asesinados este año en Arauca.

Edgar Fandiño, Procurador del departamento de Arauca, agregó que hay cuatro causas: el centralismo que los ha dejado restringido al lugar de “los otros”, la falta de justicia cuando se tiene un tribunal de tres magistrados, la falta de oportunidades de empleo y la falta de tolerancia arraigada en los territorios.

Del diálogo para la no repetición también participó Nelson Quintero, excombatiente de las Farc y líder del proceso de reincorporación en el ETCR de Filipinas, en Arauquita, donde cerca del 90 % de los antiguos de la guerrilla continúan su regreso a la vida civil. Quintero aprovechó el espacio para decir que están “comprometidos con cumplir” con el acuerdo de paz. También llamó a reducir la estigmatización y aseguró que ellos no son el brazo político de quienes se han rearmado.

Otra voz de las autoridades fue la del coronel Darío Enrique López, comandante de la Policía de Arauca, para quien las economías ilegales y su poder de corrupción, tanto en las instituciones como en las comunidades, es una causa adicional del asesinato de líderes. Aseguró que quienes se oponen a estas economías son las personas que terminan asesinadas.

Desde el movimiento social, Aidee Castillo, de la instancia de seguimiento al enfoque de género en el acuerdo, consideró que no se trata solo de las economías ilegales, sino también del Estado. Sobre todo, dijo que lo que esperan no es protección, sino prevención. Para ella, la violencia contra los líderes se reduciría con una “implementación integral” del acuerdo, a lo que Carlos Caycedo, consejero adjunto para la estabilización, del Gobierno Nacional, dijo que que el Gobierno está comprometido con la integralidad del acuerdo y no solo con la reincorporación.

Caycedo señaló, además, la centralidad de las rentas ilegales y los esquemas de control social como amenazas a la vida de los líderes.

Para Juan Carlos Quintero, líder social del Catatumbo, las causas de la violencia contra los líderes comienzan por el enfrentamiento entre modelos económicos y modelos alternativos, sigue por las denuncias frente a las violaciones de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pasan por las rentas ilícitas de las que se benefician todos los actores armados, y llegan hasta la violencia política que se vive en el contexto actual de elecciones.

El periodista Hassan Nassar, invitado al diálogo, dijo que resolver la violencia contra los líderes nos compete a todos los ciudadanos. “No estamos haciendo los cambios estructurales”, dijo, y subrayó que la polarización y la estigmatización tienen un efecto negativo en la seguridad de los líderes.

El diálogo, moderado por Martha Martínez y los comisionados Patricia Tobón y Saúl Franco, se preguntó también por los responsables y los beneficiados de que se atente contra la vida de los líderes. Sobre los responsables, salieron a colación los nombres de todos los grupos armados, tanto legales como ilegales.

Sobre estos últimos, se señalaron también diversos actores. Sin embargo, al consultar a los cerca de 130 testigos, en una forma de participación digital, más del 60 % consideró que los beneficiados de los asesinatos eran los poderes económicos.

Ante la pregunta de qué se puede hacer, surgieron respuestas desde respeto de acuerdos alcanzados entre las instituciones y las comunidades, hasta el cambio de mentalidad, pasando por mejorar las estrategias de protección a líderes y lideresas.

Cuando se asesina un líder se afecta la democracia, dijo la comisionada Patricia Tobón, quien llamó la atención sobre las cifras de homicidios en Norte de Santander y Arauca, donde no solo coinciden estos hechos de violencia, sino también los riesgos para los migrantes venezolanos que entran al país por esos pasos fronterizos.

El comisionado Saúl Franco, encargado de la región nororiental en la Comisión de la Verdad, agregó que estos son departamentos ricos en recursos humanos. Resaltó las dificultades de derechos humanos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde cerca de 150 líderes han sido asesinados, según el testimonio de un líder presentado al auditorio.

"Colombia no puede seguir sometida al grado de victimización en que estamos", dijo el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, al presentar el evento este miércoles. Por su parte, el comisionado Franco aseguró que "un sólo líder asesinado es una enorme pérdida para la sociedad" y agregó que el país se está "desangrando de liderazgos". Aseguró que 136 líderes han sido asesinados en Arauca desde 1982.

Después del diálogo abierto, en la tarde del jueves los invitados y testigos pasaron a jornadas de profundización de las reflexiones hechas en la mañana.

Este diálogo fue realizado por la Comisión de la Verdad en el marco de su línea de no repetición, en la cual se pregunta por cómo evitar que la guerra se repita cuando en zonas como Arauca y Norte de Santander no ha terminado.

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