Gobierno dice que en 10 meses terminará de cumplir con el programa de sustitución de cultivos ilícitos, tras 7 años de retrasos

Tras una reunión con varios Ministerios, con el comisionado de paz Otty Patiño y con Félix Antonio Muñoz Lascarro, quien fue conocido en las antiguas Farc como Pastor Alape, la directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) Gloria Miranda anunció la nueva ruta que seguirá este gobierno para terminar de cumplir el Pnis a las más de 99 mil familias que desde 2017 se vincularon al programa, erradicaron sus cultivos pero que, en buena parte, no han recibido del Estado los proyectos con los cuales remplazar su economía.

(Le puede interesar: Bonanza cocalera en Colombia: El impresionante impacto económico de los cultivos de coca en los territorios).

“El Gobierno, junto a los cuatro representantes de las ex-Farc concertaron una ruta que permitirá que permitirá que 82.242 familias cultivadoras y no cultivadoras cuenten con asistencia técnica y los insumos necesarios para el desarrollo de proyectos productivos, priorizando líneas agro-sostenibles cuenten con asistencia técnica y los insumos necesarios para el desarrollo de proyectos productivos, priorizando líneas agro-sostenibles”, dijo Miranda, añadiendo que la ruta procura la transformación estructural de los territorios afectados por la desigualdad y las violencias.

Además, se indicó que los 16.855 recolectores serán atendidos a través de ofertas laborales asociadas a la transformación.

Como parte de esta ruta se anunció una inversión de un billón de pesos que serán ejecutados en 14 departamentos, “poniendo fin al retraso de más de 7 años del Pnis”, sostuvo.

(Lea también: ‘La desaparición forzada es sumamente criminal, cada desaparición daña a muchas personas y daña a toda la sociedad’: nieto de Abuelas de Plaza de Mayo).

Según indicó, ese dinero se ejecutará en un plazo de 10 meses para al menos dejar listo el componente familiar individual del Pnis, y expuso que en todo caso la meta de este Gobierno es dejar cerrado por completo el Pnis.

De otra parte, se anunció que en funcionamiento anterior del programa se identificaron falencias con los intermediarios a través de los cuales se hacían llegar los beneficios del Pnis a las familias, por lo cual se tomó la decisión de que no haya más intermediarios.

“La implementación del Programa a manos de grandes operadores presentó irregularidades, tales como sobre costos en los activos productivos de los proyectos, entregas de insumos en mal estado, ganado enfermo, maquinaria inservible, sin garantía de cambio, sumado a que la asistencia técnica no fue integral. Por ello, se toma la decisión de eliminar intermediarios y hacer la entrega de los activos productivos a través de proveedores locales habilitados por el Banco de Proveedores de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso”, dijo Miranda.

Según la directora del Pnis, las familias beneficiarias podrán escoger su proveedor, fortaleciendo la economía popular, según los lineamientos del Gobierno Nacional.

(Lea también: 'Esto no es una expropiación exprés': Ministra de Justicia respondió a críticas sobre proyecto de ley de jurisdicción agraria).

La directora del Pnis añadió que revisaron los contratos firmados entre 2019 y 2022 para la ejecución del Pnis, que eran por más de 900 mil millones de pesos, y encontraron un avance de apenas el 10 por ciento, por lo cual se decidió liquidarlos, con lo cual ya se han logrado recuperar 271 mil millones.

Finalmente, este viernes se anunció que el Gobierno adelantará una revisión de las personas que fueron “excluidas injustamente” del programa, que de acuerdo con Miranda, ascienden a unos 15.000 casos.

Frente al anuncio de la nueva ruta del Pnis, Muñoz Lascarro, representante de los firmantes de paz destacó la importancia de recuperar el tiempo perdido de implementación, tanto en el gobierno anterior como en este, y de entender la dinámica y el enfoque del programa.

“Ya no podemos seguir hablando del mismo programa que construimos en 2016, después de 8 años todo ha cambiado”, dijo.

Agregó que desde la visión de los firmantes de paz, el billón de pesos anunciado “no es suficiente para resolver un fenómeno tan grave como el que tenemos, pero sí creemos que podemos aunar esfuerzos para mirar cómo ampliar, entendiendo los tiempos que dispone el Gobierno para implementar esto”, indicó.

También dijo que es necesario ponerle “más acelerador” en el tiempo a la ejecución de lo que se acuerda, y habló de la realidad de las dinámicas de violencia que hoy vive el país, “pero vamos a buscar las formas de poder implementar de manera efectiva el programa”, concluyó.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción justicia