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Bandas criminales, otro gran desafío para echar a andar la ‘paz total’ en el Caribe

Informe dice que grupos como las Agc y las Acsn tienen pocos incentivos para aceptar sometimiento.

Puesto de control en la Troncal del Caribe, en Marialabaja (Bolívar). Foto: Armada Nacional

PERIODISTA JUDICIAL11.02.2024 18:33 Actualizado: 12.02.2024 00:00

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La denominada ‘paz total’, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que tiene como fin llevar a buen término los procesos de negociación y sometimiento con grupos armados para alcanzar su desmovilización, ha modificado las dinámicas del conflicto en el país.

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En la actualidad existe una serie de puntos alcanzados, entre los que se destacan ceses del fuego simultáneos, con los que se busca ir abonando el terreno para la concreción de esta política.

Una reciente investigación impulsada por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, y que lleva por nombre ‘La paz total en el Caribe: gobernanzas armadas y politización acelerada del crimen organizado’, devela una serie de obstáculos, sobre todo en esa región del norte del país, que se presentan como desafíos para alcanzar el objetivo.

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El documento, elaborado por Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo Sarmiento, expertos en conflicto y líderes de la agenda de investigación UNCaribe de la Universidad del Norte, expone, por ejemplo, que los ceses del fuego “se centran en la violencia entre el Estado y los grupos armados”.

Pero más allá de los impactos de la política de paz, los investigadores ahondaron en los incentivos que la ‘paz total’ ha creado para los grupos armados y en sus respuestas en la región Caribe, donde “conviven expresiones de violencia”, llevadas a cabo por el Eln (en Bolívar y Cesar), el poderío que ejercen las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) o el ‘clan del Golfo’ en Córdoba y los Montes de María, y la hegemonía de las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’ (Acsn) en la Sierra de Santa Marta y la troncal del Caribe.

Los tres presuntos integrantes de 'los Pachencas' capturados. Foto:Cortesía

Para los investigadores, aunque la actual violencia en esas zonas del Caribe no es “producto directo de la ‘paz total’ ”, la estructura de esta política –consideran– “ha generado incentivos para que los grupos armados incrementen su violencia”, ya sea en un choque entre ellos o contra civiles.

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“El Eln y el Emc tienen ceses del fuego activos con el Estado colombiano, y las Acsn y las Agc han manifestado también su cese de operaciones contra la Fuerza Pública. Nuestro argumento es que, dado que el cese del fuego solo cobija la violencia vertical (Estado-grupos armados), en la práctica estos les permitieron a los grupos armados liberarse de un frente de confrontación bélica con la Fuerza Pública y poder concentrarse en enfrentar a sus competidores armados”, señalaron.

A modo de sugerencia, los expertos indican que, por ejemplo, las Agc, que están por fuera de la estrategia de paz, podrían mantener focos de violencia, aunque se logre un acuerdo con el Eln y el Emc, debido a su poder en esa zona del país. “Sin las Agc en la mesa, allí no habrá paz”, señalan.

Esta estructura genera temor en la Sierra Nevada. Foto:Los Pachencas

“Grupos armados como las Agc y las Acsn tienen muy pocos incentivos para aceptar un proceso de sometimiento en lugar de una negociación. Por lo tanto, la división arbitraria entre políticos y criminales debería ser reconsiderada y ajustada al conflicto armado existente hoy en Colombia, no al que hubo hace tres décadas. Es fundamental seguir insistiendo en la formulación de un marco normativo que respalde legalmente los escenarios de diálogo sociojurídico y que permita atraer y vincular formalmente a las Agc y a las Acsn a la política de paz del Gobierno”, dicen los investigadores.

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También consideran que la paz y la seguridad “deben entenderse como dos caras de una misma moneda”. “Hoy parece que se sacrifica la estrategia de seguridad en algunos territorios para que los grupos no se levanten de las mesas de negociación. Por lo tanto, el gobierno del presidente Petro debería establecer una ruta clara de comunicación y coordinación permanente entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa. La descoordinación puede ser utilizada por los grupos armados para expandirse y fortalecerse”, exponen.

Redacción Justicia

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